Plantean que se ponga fin al subejercicio de fondos y a políticas asistencialistas

Campesinos demandan aumento de $17 mil millones al presupuesto rural

MATILDE PEREZ U.

Las ocho organizaciones del movimiento El campo no aguanta más pidieron a la Cámara de Diputados que el presupuesto destinado al sector en 2005 se incremente en 17 mil millones de pesos y se efectúen "cambios reales en las políticas públicas para el campo, con el propósito de fortalecer la producción de los pequeños y medios agricultores, sus ingresos y condiciones de vida".

En la propuesta que ayer no pudieron entregar a los integrantes de las comisiones de Agricultura y Presupuesto de la Cámara de Diputados, ya que éstos no se presentaron a la reunión previamente concertada, los representantes de cada una de las organizaciones de dicho movimiento exigieron que el gobierno termine con el subejercicio del presupuesto y la ineficiencia, descoordinación y enfoque asistencialista. "Creemos que este es un buen momento para construir una nueva relación entre el Estado y la sociedad rural basada en la soberanía alimentaria y en el reconocimiento de la multifuncionalidad de la agricultura", declararon las organizaciones.

Las comisiones de campesinos, procedentes de 20 estados, aguardaron durante cinco horas a los diputados en el deportivo Venustiano Carranza -colindante con el Palacio Legislativo-, quienes por vía telefónica se disculparon por no asistir a la reunión debido a la discusión de la reforma al artículo 122 constitucional.

Solicitan reunión en San Lázaro

Las organizaciones del movimiento El campo no aguanta más decidieron entregar su propuesta mañana y solicitar nuevamente una reunión con las comisiones unidas, para insistir en que soliciten al gobierno federal que cumpla con las reformas comprometidas en el Acuerdo Nacional para el Campo. Agregaron que del total del presupuesto para este año sólo se ha ejercido 20 por ciento, y además casi 70 por ciento del mismo se canaliza a programas de asistencia a la población rural y no al impulso de actividades productivas.

Refrendaron su propuesta de incorporar un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de 2005 para obligar al cobro de aranceles a las importaciones de maíz blanco, maíz amarillo y leche en polvo que rebasen los cupos de importación establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que en la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable se establezca un secretariado técnico permanente.

Durante la espera, los campesinos acordaron solicitar que el precio "de piso" para el maíz sea de mil 850 pesos la tonelada, es decir, 250 pesos adicionales al que está vigente, y que se atienda la infraestructura de almacenamiento. Insistieron en que se destinen 300 millones de pesos al fomento y consolidación de las organizaciones, ya que las estructuras gerenciales y técnicas de los grupos económicos de los productores contribuyen a la regulación del mercado regional y contribuyen a mejorar los precios de las cosechas.

Propusieron que en 2005 se mantengan los recursos para apoyar la agricultura por contrato, junto con la cobertura de precios para lograr "amarrar" compromisos entre industriales y productores, privilegiando el abasto nacional sobre el de importación; sugirieron que disminuya el presupuesto para los programas de reconversión productiva y los rastros tipo inspección federal.

Por su parte, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos exigió la cancelación del Plan Puebla-Panamá y que el presupuesto destinado a éste se destine a proyectos sociales y productivos de desarrollo regional para las poblaciones del sureste del país. Demandaron, asimismo, que se detengan los trabajos del Procede en Santa María Chimalapa, Oaxaca, y en la región de Uxpanapa, Veracruz, así como el proyecto hidroeléctrico La Parota.