Podrían participar en la calificación de la elección presidencial de 2006

Proponen dar mayor autonomía a las salas regionales del Tribunal Electoral

Se busca evitar la "contaminación" de la elección de los nuevos magistrados: fuentes

JESUS ARANDA

La próxima elección de 13 nuevos magistrados electorales por parte del Senado de la República avivó la discusión en el interior de la judicatura federal sobre la necesidad de que las cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se conviertan en órganos de primera instancia de revisión constitucional en la calificación de las elecciones federales de 2006.

Asimismo, para evitar que el nombramiento de los futuros integrantes de la sala superior se "contamine" -los actuales magistrados dejarán su cargo una vez que califiquen la próxima elección presidencial- como ocurrió con la designación de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), existe la propuesta de que los juzgadores sean electos por el Senado de la República en forma escalonada, como sucede con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que no sean removidos los siete magistrados al mismo tiempo, después de estar 10 años en el cargo.

Fuentes judiciales consultadas sobre el tema comentaron que el Poder Legislativo debe aprovechar la transparencia lograda en el proceso de selección de los nuevos magistrados electorales -que llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una primera etapa para designar 13 ternas de las cuales los senadores escogerán a los magistrados-, para conceder mayores atribuciones a las salas regionales.

Es decir, que las salas ubicadas en el Distrito Federal, Toluca, Xalapa, Guadalajara y Monterrey conozcan también en primera instancia los juicios de revisión constitucional de los comicios a diputados federales, senadores y presidente de la República.

Esto permitiría aprovechar de una mejor manera la infraestructura profesional y material de las salas regionales y, al mismo tiempo, disminuir la carga de trabajo de la sala superior, particularmente en un año electoral como 2006 que se espera sumamente complicado. La sala superior se dedicaría a revisar los asuntos "realmente importantes", comentaron los informantes.

Respecto de la designación de los integrantes de la sala superior, se dijo que debe tomarse en cuenta la experiencia de lo que ha pasado en la SCJN, en donde el escalonamiento de los nombramientos ha permitido mantener la cohesión y fortaleza que demanda un órgano colegiado de este tipo.

En cambio, la designación de los actuales consejeros del Instituto Federal Electoral fue seriamente cuestionada por diferentes actores políticos y sociales; incluso, la Corte conoció de un recurso interpuesto por el PRD con el que se buscaba dar marcha atrás en los nombramientos, situación que impactó negativamente en la credibilidad del instituto.

Los siete magistrados electorales de la sala superior terminan su ciclo de 10 años en octubre de 2006, y su renovación total, después de unos comicios que se prevén complicados, será sumamente difícil, explicaron los informantes.

Por otra parte, se espera que con la llegada a la presidencia del TEPJF del magistrado Eloy Fuentes Cerda se dé marcha atrás al acuerdo de la Comisión de Administración del tribunal que acordó en su momento reducir los salarios de los magistrados de las salas regionales en "tiempo de receso" cuando no hay elecciones federales, pese a que existe una disposición expresa de la Suprema Corte en contra de tal determinación.

El ex consejero de la judicatura federal (dejó su cargo en noviembre de 2003) y actual candidato a magistrado electoral, Manuel Barquín Alvarez, impulsó un acuerdo que redujo sustancialmente -casi 50 por ciento- el salario de los magistrados regionales en los años no electorales.

El acuerdo de la Comisión de Administración del TEPJF fue aprobado pese a que existen dos tesis de la primera sala de la Corte que datan de junio de 2001 y que establecen:

"Los artículo 57, último párrafo de la Constitución y 256 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Baja California que permiten la disminución de la remuneración de los magistrados del Tribunal Electoral durante los años no electorales, violan el artículo cinco de la Constitución de la República".

En otra tesis, la Corte estableció que los citados preceptos violan la independencia judicial prevista por la Carta Magna.