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México D.F. Viernes 8 de octubre de 2004

Gritos, empellones e insultos personales, la tónica en el recinto de Donceles

Se enfrentan legisladores perredistas contra priístas y panistas en la ALDF

Marchan 12 delegados del frente de resistencia contra las modificaciones al artículo 122

JOSEFINA QUINTERO, ANGEL BOLAÑOS Y RAUL LLANOS

mitin_delegados_11En la Asamblea Legislativa los ánimos se caldearon luego de que los diputados del PRD se confrontaron con sus homólogos de PRI, PAN y PVEM por la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados.

La chispa que detonó la disputa fue un "comunicado" que presentó la fracción del PRI en tribuna, pero que fue leído por la panista Mónica Serrano, quien le puso tal énfasis que provocó que la vocera perredista, Alejandra Barrales, cuestionara ese hecho. Los panistas empezaron a abuchearla y el coordinador albiazul, José Espina, gritó: "Manden al negro a la tribuna", lo que hizo que el coordinador perredista, Carlos Reyes Gámiz, lo increpara de inmediato.

Frente a frente, Reyes Gámiz le apuntaba con el dedo índice y le exigía que no se metiera con cuestiones personales, ya que consideraba que estaba aludiendo a la personalidad de su compañero de fracción, José Jiménez.

En cuestión de segundos surgieron los gritos y empujones a grado tal que el perredista tuvo que ser calmado por Alfredo Hernández Raigosa y Alejandra Barrales, poco faltó para que agrediera al panista, quien seguía burlándose de los diputados que irrumpieron en la Cámara de Diputados.

En medio del desorden, Gerardo Villanueva, del PRD, levantó una cartulina donde estaba la foto del entonces diputado federal Vicente Fox encima de una curul y con sendas papeletas electorales en las orejas, en aquella sesión de la Cámara de Diputados de 1988, cuando criticó el triunfo de Carlos Salinas.

"Ahí está su líder moral, ahora qué autoridad tienen para estar criticando", espetaba a los panistas. El sainete duró 45 minutos y debieron intervenir integrantes de uno y otro bandos para calmar los ánimos.

En tanto, el frente de resistencia contra la reforma constitucional, integrado por 12 de los 16 jefes delegacionales, marchó a San Lázaro para exigir a los legisladores del PRI y PAN desistan de la intención de quitarle recursos al Distrito Federal porque con ello se "castiga a los habitantes de la ciudad, se ahonda en el divisionismo, las fracturas y se promueve la desestabilización social".

Mientras, en el gobierno capitalino el tema marcó la inauguración de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc-5, donde la consejera Jurídica Estela Ríos, el procurador Bernardo Bátiz y el jefe de la policía, Marcerlo Ebrard, censuraron en sus discursos la iniciativa y advirtieron que se trata de un ataque en contra de Andrés Manuel López Obrador y su proyecto alternativo de gobierno, que ha demostrado que "se puede hacer mucho más con menos".

Los 12 jefes delegacionales, con apoyo de unas mil 500 personas de diversas organizaciones, recorrieron la avenida Congreso de la Unión para llegar a la entrada principal de la Cámara de Diputados, donde Ruth Zavaleta, titular de la Venustiano Carranza, leyó un documento que entregaron al Legislativo.

En el escrito denunciaron que la reforma tiene como propósito atacar a los habitantes de la ciudad y frenar el proceso democrático, afectando con el recorte financiero los programas sociales que han significado elevar la calidad de vida de la población; golpear políticamente al gobierno de la ciudad y deslindar a las autoridades federales de su obligación de apoyar la educación pública.

Armando Quintero, de Iztacalco, señaló que habrá reuniones entre los jefes delegacionales para defender a la ciudad, "se creará una resistencia pacífica, pero sumamente enérgica porque no han querido oír ni ver, es el salinismo metido en el PRI". Adelantó que hoy se entregará una carta al presidente Vicente Fox y el domingo harán volanteo en diferentes puntos de la ciudad.

En tanto, Bátiz Vázquez, al inaugurar la Coordinación Territorial Cuauhtémoc-5 refirió que el edificio, que tiene oficinas del Ministerio Público, juzgados cívicos y la policía, costó 4 millones 605 mil pesos y muestra la decisión de administrar bien los pocos recursos con que se cuenta. "Quizá por eso estén tratando de recortar recursos al gobierno de la ciudad, porque ven que con poco se hace mucho; si se realiza ese recorte, va a parecer una acción encaminada a frenar, a impedir que esta ciudad pueda contar con lo que requiere", apuntó.

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