Camacho señala riesgo de que caiga la inversión pública

Sauri y García Ramírez, por una descentralización gradual

KARINA AVILES

Los priístas Dulce María Sauri Riancho y Sergio García Ramírez reconocieron que si bien es necesario incorporar al Distrito Federal a un régimen nacional de federalismo educativo, este proceso debe hacerse de manera gradual, para evitar un "quebranto grave" de las finanzas del gobierno capitalino.

En ese sentido, el diputado perredista Manuel Camacho Solís advirtió que de aprobarse tal como están las reformas al arículo 122 constitucional sería un "mazazo" contra los habitantes de la ciudad, porque se pararía la inversión pública y los servicios de agua, recolección de basura, y los niveles de seguridad "se van a caer".

Advirtió que este conflicto "es una especie de prueba preparatoria" de lo que podría ocurrir con el desafuero" del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Pero advirtió: "que nadie cante victoria. Estas son batallas, escaramuzas que están mostrando que son muy costosas e inconvenientes para el país".

Entrevistados en el contexto del seminario A 180 años de la Constitución de 1824, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Camacho insistió en que la transferencia de los servicios educativos debe hacerse mediante una "reforma gradual", convenida y sin comprar "una caja negra" en la que existe un "enorme número de plazas" no ocupadas por los maestros y, por tanto, los capitalinos no tienen por qué pagarlas.

El legislador enfatizó que no es posible trasladar a "más de 100 mil maestros" a una nueva administración, sin saber siquiera cuántas plazas hay: "es como pasar mil trabajadores de un día a otro a una empresa sin saber qué van a hacer, cómo y cuánto cuestan, pero tú pagas la factura y ni siquiera te vas a enterar de lo que hacen".

En referencia a las movilizaciones en contra de esta iniciativa, dijo que quien esté en contra de las manifestaciones es "un autoritario". Resaltó la necesidad de hacer compatibles la democracia y la legalidad. Consideró que estas expresiones son resultado de la carencia de diálogo nacional y de que existe una decisión de excluir a una fuerza política.

Por su parte, la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, insistió en un nuevo federalismo en el cual "todas" las entidades tengan posibilidad de desarrollarse, por lo que consideró que "no se trata de quitarle al Distrito Federal", sino de fortalecer a todos los estados.

Aclaró que todas las entidades aportan, pero lo que está en cuestionamiento es la fórmula de distribución, la cual es desigual. Con ese esquema, la entidad que más recibe es el estado de México, seguido del Distrito Federal, Veracruz, Jalisco y Nuevo León, puntualizó.

La senadora Sauri Riancho propuso que las modificaciones se apliquen con gradualidad, para que en unos cinco años el Distrito Federal pueda llegar a 20 por ciento de la aportación -como es el promedio nacional, pues la Federación aporta "81 por ciento" y los estados "19 por ciento"- en 2010. "Pero no coincido con el criterio de que este año el Distrito Federal llegue a 18.2 por ciento, porque lo que es un acto de justicia se transformaría en una injusticia para los capitalinos".

Por su parte, Sergio García Ramírez señaló que la aplicación de esta reforma constitucional debe supeditarse "a un programa que permita que esto se pueda realizar sin quebranto grave de las finanzas del Distrito Federal", pero aclaró que considera necesario incorporar a la ciudad de México a un régimen nacional de federalismo educativo.