Documenta la CNDH los abusos; ya existe una recomendación para todas las entidades y la SEP

Reiterada exclusión en escuelas de menores contagiados con VIH

Gran cantidad de segregaciones cometidas por centros educativos públicos y privados no se denuncian ante las autoridades, para evitar mayor discriminación de los estudiantes y sus familias

VICTOR BALLINAS

La discriminación de niños y adolescentes contagiados con VIH-sida en las escuelas públicas y privadas del país es más frecuente de lo que se imagina, asegura la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y subraya que cuando en esos centros educativos se tiene conocimiento de algún caso entre los alumnos, "los maestros o directivos expulsan a los menores o les niegan la inscripción", lo que representa una grave violación a los derechos básicos de los estudiantes, pues se les niega el acceso a la igualdad, la educación, la salud, la legalidad, y, en general, a recibir un trato digno.

Un ejemplo de esa realidad común en los planteles escolares públicos y privados del país lo constituye el caso de Alejandra, quien habita en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas, y fue expulsada de la primaria a la que asistía cuando tenía siete años, al difundirse entre los maestros que "estaba infectada con VIH-sida".

Alejandra, indefensa a su edad y ajena al mal que padece, no entiende por qué la corrieron de la escuela. El maestro llamó a su abuelita, mujer de más de 70 años, y le dijo que la niña no podría ir más al centro educativo: "No sabíamos que tenía sida, por eso la aceptamos, pero con los certificados médicos que corroboran su enfermedad no la queremos en la institución, para evitar el contagio de los otros niños".

La abuelita de Alejandra, de escasos recursos, vende elotes, tamales y pozol para mantenerse y sacar adelante a dos de sus nietas, incluida Alejandra. La madre de la niña falleció hace tiempo y las menores pasaron al cuidado de su abuelita.

Alejandra, al saber que ya no podría ir a clases, suplicaba: "¡Abuelita, yo quiero ir a la escuela!, ¿por qué no me quieren enseñar, abuelita? ¡Abuelita, me porto bien!"

El llanto de la niña y su deseo de ir a la escuela "me preocuparon y, angustiada, me sentí impotente, no sabía qué hacer, qué decirle, porque mi niña no sabe que tiene sida. No sabía cómo explicarle por qué no la querían en la escuela. Qué le decía yo. Qué hacía. No sabía", relata.

La abuela, desesperada, buscó apoyo en una organización no gubernamental, Salud Integral para la Mujer (Sipam), para que la ayudara a que su nieta pudiera estudiar. "No podía verla llorar, me suplicaba que la dejara ir a la escuela y no sabía a quién recurrir".

Alejandra, al paso de los días, insistía a su abuelita: "Me voy a portar bien para que me quieran en la escuela. Yo quiero ir a la escuela. Quiero saber leer y escribir. Yo quiero ir a la escuela".

Con apoyo del Sipam, y luego de tres años, la niña, que ahora tiene 10, regresó a la escuela, pero no fue aceptada en la misma institución de la que fue expulsada. Ahí "insisten en que la menor no puede tomar clases", pese a que hay una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que solicita la inscripción.

Debido al esfuerzo de Sipam y otras organizaciones de la sociedad civil que han denunciado el caso, se logró que Alejandra fuera admitida en otra escuela. No obstante, la menor ha sentido el rechazo, el estigma, pero pese a esas adversidades insiste: "quiero estudiar".

En todo este proceso, la abuela no ha revelado a Alejandra la verdad. "No sé que decirle y lo único que se me ocurrió fue explicarle que no la recibían en la escuela porque se enfermaba continuamente y porque tenía que hacer constantes viajes para ser atendida."

Una vez que la niña fue admitida en otra escuela, en la que también sufrió rechazo, se agravó su estado de salud. Fue necesario atenderla y ella ha insistido en ir a la escuela aunque esté enferma. "Parece intuir que si se queda en casa por su enfermedad ya no regresará a la escuela", por eso insiste en que se le mande a estudiar.

Este caso fue uno de los cuatro que se presentaron a la CNDH como queja y con la exigencia de las organizaciones civiles de que ese organismo emitiera una recomendación general a los gobiernos estatales, del Distrito Federal y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que no ocurrieran más casos como el de Alejandra.

El 8 de septiembre pasado la CNDH emitió la recomendación general número ocho y en esta ocasión La Jornada detalla pormenores de la investigación y algunos de los casos que la produjeron.

A partir de esos cuatro casos, el de Alejandra, en Ocozocoautla, Chiapas; Jazmín, en Acapulco, Guerrero; Adriana en el Distrito Federal, y el de otra menor -de la que se desconoce su nombre-, en Querétaro, la CNDH abrió su indagatoria.

Los resultados de la misma fueron reveladores de la situación: "la CNDH constató la existencia de un número importante de reportes en toda la República, en los que las autoridades educativas han discriminado y estigmatizado a menores y adolescentes contagiados con el VIH-sida".

La CNDH -como resultado de su investigación- "tuvo conocimiento de que las autoridades educativas han realizado acciones violatorias de los derechos humanos de los menores, al expulsarlos de los planteles escolares por su condición de salud o negarles el servicio educativo por la misma razón. Incluso han dado a conocer entre la comunidad escolar el estado de salud de los estudiantes contagiados, lo cual ha generado que éstos y sus padres sean discriminados y estigmatizados en el ámbito escolar y por la sociedad".

La investigación de la CNDH va más allá de este diagnóstico, pues afirma que las autoridades educativas también han violentado, por omisión, los derechos humanos de los menores que padecen VIH-sida, al permitir y tolerar la discriminación, la estigmatización y los prejuicios en el ambiente escolar, tanto en instituciones públicas como privadas, por parte de alumnos y padres de familia.

"Esto impacta a los menores en la manera en que se perciben a sí mismos y provoca en algunos casos depresión, falta de autoestima y desesperación. Esta omisión de las autoridades permite que se arraiguen en la sociedad mitos en torno a la enfermedad y a las personas que la padecen", señala la recomendación general número 8 enviada por la CNDH a los 31 gobernadores, al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al secretario de Educación Pública.

En la recomendación general número 8 se sostiene que "se han presentado pocas quejas de discriminación a menores en las escuelas por padecer VIH-sida; sin embargo, la investigación revela que la denuncia de esta grave violación a los derechos de los menores se ve obstaculizada por el miedo a la estigmatización y discriminación que sufren las víctimas".

La CNDH asegura que la actitud de las autoridades atenta contra un importante conjunto de derechos fundamentales de los niños y adolescentes, protegidos por el sistema jurídico nacional y los tratados internacionales que México ha signado: "El derecho a la igualdad, a la educación, a la legalidad, al trato digno, a la protección que la condición de menor requiere, el derecho a la confidencialidad y a la privacidad".

Ricardo Hernández Forcada, director del Programa VIH-sida de la CNDH, dice a La Jornada: "la expulsión de niños y adolescentes de escuelas públicas y privadas es una práctica reiterada, y no aislada, en todo el país. Logramos documentar varias decenas de casos, pero esto no quiere decir que fueron todos los que han ocurrido: existe una cifra negra, porque los padres muchas veces no denuncian las violaciones a los derechos humanos por miedo a la discriminación que se hará de ellos y su familia".

Se han documentado casos en el Distrito Federal, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, estado de México, Michoacán, Yucatán, Veracruz, Chihuahua, Guerrero y Querétaro, fundamentalmente. Este es un problema que se da en casi todas las entidades, asevera Hernández Forcada, funcionario de la CNDH encargado de la investigación de expulsiones de menores o adolescentes de sus escuelas por ser portadores de sida.

Hernández Forcada sostiene que lo importante de que la CNDH haya emitido una recomendación general-que fue solicitada por organizaciones civiles ante los casos que ocurren en las escuelas- es que se debe convertir en un motor para generar medidas preventivas y que la situación no se repita, porque "es una práctica intolerable, y es doblemente grave en el caso de los menores portadores de VIH-sida, porque no saben cómo defenderse. La situación de los niños no debe ser de privilegio, sino de atención a su condición, eso es lo que demandamos".

No existe ninguna justificación para estas expulsiones y tratos discriminatorios. "Es escandalosa la cantidad de situaciones distintas que se presentan de discriminación en menores contagiados con VIH-sida. Hay una población estimada en el país de entre 5 mil y 6 mil menores con ese padecimiento, y hay que prevenir para que no se registre ni una expulsión más por este motivo".

Cuestionado sobre la carencia de cifras concretas sobre la cantidad de menores expulsados de sus colegios por padecer sida, Hernández Forcada dijo que "hay una cifra negra que debe ser muy alta, pero los padres tienen miedo a presentar queja o denuncia porque hay una actitud generalizada de rechazo a enfermos de sida, y lo que los padres tratan de hacer al no presentar queja es proteger a sus hijos. A cualquiera le duele que sus hijos sean discriminados, y este rechazo injustificado hace mayor ese dolor".

Para su investigación la CNDH solicitó a todas las comisiones estatales de derechos humanos que le remitieran las quejas que tuvieran o los expedientes abiertos sobre casos en concreto, y "la verdad se recibió mucha información de organizaciones civiles, de médicos y de maestros sobre estos casos. Esto no sólo es indignante, sino intolerable", concluyó.