Le imputa el Ministerio Público Federal responsabilidad en lavado de recursos

Solicita Ponce un amparo contra orden de la PGR

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La defensa del ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez -prófugo de la justicia-, interpuso una demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión que enfrenta por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero que le imputa el Ministerio Público Federal (MPF), revelaron fuentes judiciales y ministeriales.

La Procuraduría General de la República (PGR) busca -mediante herramientas jurídicas y encuentros persuasivos con autoridades judiciales- que sea un juzgado federal con sede en el penal de Puente Grande, Jalisco, y no uno del Distrito Federal ubicado en el Reclusorio Sur, el que determine si el ex funcionario capitalino es culpable o inocente del acto ilícito mencionado.

De acuerdo con las versiones de las fuentes consultadas, el 31 de agosto pasado, cuando la Procuraduría General de la República consignó la averiguación previa SIEDO/UEIOFM/014/2004 -relacionada con la acusación contra Ponce-, lo hizo ante un órgano jurisdiccional de Guadalajara, con el argumento de que se trata de un presunto delincuente "con gran alcance económico y capacidad para corromper cualquier autoridad penitenciaria o judicial", por lo que requiere de una cárcel de máxima seguridad que garantice su "pleno control".

Al día siguiente, el juzgado quinto de distrito con sede en esa ciudad, emitió la orden de aprehensión contra el ex funcionario -acusado de haber realizado más de 30 trasferencias bancarias a Estados Unidos hasta por 150 millones de pesos, entre abril de 2000 y diciembre de 2003, con dinero de procedencia ilícita- pero de inmediato se declaró incompetente para estudiar el fondo del asunto, tras considerar improcedentes los argumentos del MPF, por lo que turnó el caso al Distrito Federal.

La oficialía de partes común lo radicó en el juzgado 15 de distrito del Reclusorio Sur, cuyo titular es el juez Ranulfo Castillo Mendoza, quien enumeró el expediente bajo la causa penal 94/2004.

No obstante, una fuente ministerial aseguró a este diario que para la PGR es prioritario evitar que Ponce quede a disposición de un centro carcelario dirigido por autoridades del Distrito Federal.

Aunque el informante no precisó el motivo por el cual la dependencia que encabeza Rafael Macedo de la Concha quiere evitar que Ponce quede bajo resguardo de las autoridades capitalinas, es conocido públicamente el enfrentamiento entre autoridades federales y de la capital, sobre todo a raíz de la difusión de los videoescándalos de corrupción entre perredistas y el empresario Carlos Ahumada, así como por el intento del MPF de desaforar al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, por presuntamente haber violado una suspensión de amparo.

En tanto, fuentes judiciales cercanas al caso revelaron que un "alto funcionario de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada" -aunque no proporcionaron el nombre descartaron que haya sido José Luis Santiago Vasconcelos, titular del área- acudió en días pasados a entrevistarse con el juez Castillo para expresarle la inquietud de la PGR en el sentido de que Ponce debe ser internado en un penal federal, porque se trata de un "importante delincuente de cuello blanco" de la talla de los empresarios Carlos Ahumada y Carlos Cabal Peniche.

Incluso, agregaron los informantes, la PGR interpuso un "incidente de incompetencia" -que está por resolver el juez Castillo- con la finalidad de que sea el juzgado quinto de distrito de Guadalajara el que se quede con la causa penal relacionada con el caso Ponce.

Respecto del amparo "de fondo" que solicitó el ex secretario de Finanzas -el delito de lavado de dinero es grave y sin derecho a libertad bajo fianza-, el juicio quedó radicado en el juzgado tercero de distrito A de amparo en materia penal, y el juez Ricardo Guzmán Wolffer determinará en su momento si la orden de aprehensión contra Ponce está bien motivada y apegada a derecho.