José Blanco

Chivo

En este espacio he mantenido una posición crítica frente a la gestión pública y el actuar político de Andrés Manuel López Obrador. Aunque por supuesto no es atributo exclusivo del tabasqueño, su poco aprecio por los procedimientos legales -y no me estoy refiriendo en particular al asunto de El Encino- ha sido señalado y comentado por no pocos observadores de la vida política nacional.

He criticado también lo que López Obrador entiende por administración pública, desde que anunció su programa de gobierno. Anunció que no habría dinero para conservar distintos rubros del capital social instalado en la ciudad y en el gobierno capitalino mismo, porque los recursos serían destinados a rubros de gasto "social". Cumplida parcialmente, se trata de una pésima decisión en materia de administración pública, porque a mediano y largo plazos el costo de la administración se eleva necesariamente, en perjuicio del gasto social de generaciones venideras. El equilibrio en estas decisiones siempre es un dilema difícil de resolver, pero López Obrador ni siquiera se lo planteó. Las decisiones estuvieron siempre presididas por un enfoque de eficacia política de imagen, o de clientelismo: una gestión pública con la mira puesta en 2006.

Haciendo a un lado los procedimientos reglamentarios hizo acopio de recursos de cualquier área del propio gobierno capitalino para destinarlos a las "becas" de sus próximos votantes. Entre hacer "justicia social a los humildes" o respetar los procedimientos legales, no tuvo dudas: la brutal injusticia social de este país como coartada para imponer su ética social particular como imperativo categórico y combatirla con paliativos improductivos por encima de los procedimientos legales. La precaria cultura de la legalidad de la sociedad mexicana -que han probado múltiples encuestas- ha estado, de otra parte, en sintonía con el actuar de "la ley soy yo" del jefe de Gobierno.

En el desencuentro actual sobre los recursos para la educación básica en el Distrito Federal, López Obrador lleva, al final, la razón. La bancada panista ha puesto sobre la mesa un argumento de realidad. Si se obtiene el promedio nacional de las participaciones relativas del gasto federal y el estatal, dicen los panistas, encontraremos que el primero concurre con 77 por ciento y el segundo con 23. Si se le entregan al Gobierno del Distrito Federal alrededor de 18/21 mil millones (se han mencionado ambas cifras) que cuesta la educación básica en esta entidad, continuaremos con la injusticia ancestral, según la cual la capital del país se lleva la parte del león. Hay muchos estados de la República en situación incomparablemente peor que la de la capital, en esta materia. El gobierno defeño debe cooperar con 4/5 mil millones del costo educativo, para quedar en la media. Es apenas una medida de justicia elemental.

Por su parte, el gobierno de López Obrador habla de un recorte superior a los 9 mil millones de pesos cercenados a los recursos que los diputados debieran entregarle, por lo que, para sostener el actual estado de cosas en la educación básica del Distrito Federal, sería menester quitar esos recursos a otros programas del presupuesto defeño.

Es un hecho, sin embargo, que mientras no apareció en el escenario el tema de la entrega de la educación básica al gobierno capitalino, la injusticia implícita en el mayor gasto relativo a la educación básica de la capital en relación con muchos estados se cometió sin más. La justicia apareció cuando ha de entregarse la educación a López Obrador.

Es también un hecho que la estructura del "austero" gasto del gobierno del tabasqueño es un barco que malnavega en dirección equivocada. Pero enderezar el barco y ponerlo en dirección de administración pública urbana racional no se logrará horadando este maltrecho buque mediante un proyectil dirigido a la frágil quilla que lo mantiene a flote.

No puede hacerse justicia social instantánea, entregando el recurso recortado a López Obrador a otras entidades que ciertamente lo requieren, sin provocar algún tipo de colapso en la capital. Equilibrar el gasto entre las entidades federativas no consiste en entregar un promedio igual para todos. Los más necesitados requieren más, pero también su capacidad de absorber productivamente mayores ingresos es menor a corto plazo. Cada decisión exige poner sobre la mesa los pasos y los plazos para hacer las cosas de manera distinta a lo que podemos esperar de un chivo en una cristalería.

De otra parte, también es un hecho que la población escolar de la educación básica del Distrito Federal está encogiéndose paulatinamente debido a la fuerte baja en la tasa de nacimientos, y debido a la corriente migratoria hacia fuera de la capital. En muchas escuelas de esta ciudad, turnos completos -sobre todo vespertinos- han sido cerrados por falta de alumnos. Es preciso poner en perspectiva esta tendencia y formular las decisiones correctas, incluida la de los dineros.