Francisco López Bárcenas

El despojo estatal

Todavía el gobierno federal no acierta a definir una política eficaz para solucionar los conflictos agrarios que conforme el tiempo pasa van apareciendo por todo el país, producto de las equivocadas políticas implementadas por muchos años, y ya aparecen otros. En los últimos meses las comunidades indígenas afectadas en años pasados por la construcción de obra pública han comenzado a protestar porque el despojo que sufrieron de su patrimonio, para construir obras que debieron beneficiar al país, no les ha sido resarcido conforme a derecho corresponde. En este rubro sobresale la ocupación de tierras indígenas para la construcción de presas, para lo cual, en la mayoría de los casos, los propietarios fueron desplazados con la promesa de tierras y servicios que nunca llegaron.

Existen muchos ejemplos de estas injusticias. Ahí están los desplazados por la construcción de las presas Cerro de Oro y Miguel Alemán, en el estado de Oaxaca, afectados durante los años 70, que todavía andan exigiendo que les den cuenta de las indemnizaciones por la expropiación, los proyectos de desarrollo y servicios prometidos. O, más recientemente, los mayos de Sinaloa afectados por la construcción de la presa Luis Donaldo Colosio, que igual siguen sin que les paguen las indemnizaciones que les corresponden. Entre uno y otro caso podemos encontrar decenas -como las mazahuas dispuestas a defender sus derechos por cualquier medio- de casos en los que se despojó a los pueblos indígenas de sus tierras, muchas veces sin siquiera cubrir los requisitos exigidos por la ley agraria, pero en la mayoría sin respetar la relación espiritual que dichas comunidades guardaban con la tierra afectada.

Lo más lamentable es que esa política continúa y se acentúa con el autodenominado gobierno del cambio. El caso más conocido es el de construcción de la presa La Parota, en el estado de Guerrero, para la generación de energía eléctrica.

Pero existen otros no tan visibles, como el de los ejidatarios de Zapotlán de Juárez y Villa de Tezontepec, en el valle de Tizayuca, Hidalgo, donde se pretende construir el aeropuerto que no se construyó en San Salvador Atenco por la protesta de sus habitantes. En el primer caso los indígenas que saldrían afectados han comenzado a movilizarse con la intención de evitar el despojo, pero en el segundo, donde la propaganda oficial informa que cuentan ya con la confirmación de diversas empresas de que participarán en el proyecto, la división que los funcionarios han inducido entre los propietarios de las tierras afectables ha logrado frutos.

El asunto es grave por partida doble. En primer lugar porque de acuerdo con el derecho nacional cualquier afectación que el estado haga de los derechos ciudadanos debe ser compensado mediante una indemnización. Pero tratándose de derechos de los pueblos indígenas, la legislación internacional, que también forma parte de nuestro orden jurídico por disposición de la Constitución federal, cualquier afectación de sus derechos debe ser consultado previamente con ellos y tratándose de derechos territoriales, en primer lugar no deberían ser desplazados, pero si no fuera posible evitarlo se les debe compensar con tierras de igual calidad y cantidad a la afectada, conservando el derecho a regresar si la causa del desplazamiento desaparece.

Algunas personas afirman que el anterior alegato no tiene ningún sentido en un país donde las leyes no se respetan, pero no comparto esa opinión. Una cosa es que los gobernantes desprecien la ley porque así les conviene para impulsar los proyectos económicos que les impone el gran capital- al servicio del cual se encuentran-; y otra muy diferente que los afectados renuncien a usar la ley como una herramienta más en defensa de sus derechos.

Por otro lado, el gobierno debería entender que los pueblos y las comunidades no están contra el desarrollo del país, sino contra un modelo que se les impone y les despoja no nada más de sus propiedades, sino también de su futuro. Por eso ya no están dispuestos a aceptar pasivamente seguir cargando sobre su espalda este peso. Y si no se corrige a tiempo este despojo, junto con él se estará atizando un fuego que puede incendiar el campo.