México D.F. Domingo 3 de octubre de 2004
Díaz Ordaz y él contaron con el
apoyo estadunidense, confirman documentos
El velo sobre el 2 de octubre allanó a Echeverría
la ruta a Los Pinos
BLANCHE PETRICH /II
Gustavo Díaz Ordaz murió en 1979, a los
68 años, sin que la justicia lo llamara a responder por la matanza
de estudiantes en Tlatelolco. Toda la clase política y la prensa
de la época -con escasas excepciones- contribuyeron a ocultar información,
desviar toda pretensión de esclarecer los hechos y distorsionar
la realidad. Además el régimen implantó la impunidad
mediante la represión sostenida que marcó los sexenios posteriores:
arrestos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, amenazas...
Para asegurar el silencio, el presidente y su sucesor
ya asignado, Luis Echeverría, contaron con un poderoso aliado: Estados
Unidos. Curiosamente todas las agencias gubernamentales que Washington
desplegó en la ciudad de México para reportar sobre la crisis
(CIA, Departamento de Inteligencia Militar, FBI, Oficina de Inteligencia
e Investigaciones del Departamento de Estado) desde 1968 se plegaron en
sus despachos posteriores al 2 de octubre a la versión oficial de
la masacre, señalando a los estudiantes como los provocadores de
la balacera.
A
pesar de que en sus despachos se citan "fuentes confiables" e "informantes
entrenados" en la Plaza de las Tres Culturas ese 2 de octubre, ninguno
de los documentos desclasificados de los Archivos de Seguridad Nacional
de Estados Unidos incluye esas versiones. El apoyo de las oficinas de seguridad
al gobierno mexicano fue unánime.
El ocultamiento de la verdad fue, a la larga, un importante
capital político para Echeverría, quien no sólo gobernó
los seis años siguientes sin ser señalado como responsable
de la matanza de Tlatelolco y las que le siguieron, sino que transcurrieron
23 años más, desde 1976, cuando dejó la Presidencia,
hasta que finalmente una demanda penal por la masacre llegó a un
Ministerio Público.
Hoy Echeverría tiene 82 años. Fue denunciado
por el Comité 68 ante la Procuraduría General de la República
en 1998. El Ministerio Público resolvió su prescripción.
Ante un amparo de los denunciantes, la Suprema Corte ordenó investigar.
En 2002 el caso pasó a la Fiscalía Especial para Movimientos
Sociales y Políticos del Pasado, que en julio de este año
lo consignó ante un juez. Aun así, hasta esta fecha, Echeverría
elude la acción de la justicia.
Matanza y sucesión presidencial
El ocultamiento de la verdad en los días posteriores
al 2 de octubre sirvió, sobre todo, para eliminar de la carrera
por la sucesión presidencial de 1970 a los rivales de Echeverría.
"Antes de Tlatelolco, Díaz Ordaz tenía tres
cartas para la sucesión: Alfonso Corona del Rosal (entonces regente
de la ciudad), Emilio Martínez Manautou (secretario de la Presidencia)
y Echeverría. Después de la masacre sólo quedaba este
último", afirma en entrevista la investigadora de El Colegio de
México Soledad Loaeza, colaboradora de La Jornada y autora
de un libro en preparación sobre el sexenio 1964-1970. "Aunque su
secretario de Gobernación no le resolvió la crisis, sino
que la agravó, se había generado en México una situación
tan crispada que el presidente pensó que era indispensable la continuidad
de una política de control".
Loaeza pone énfasis en la atmósfera "opresiva,
de tensión extrema" que dominó al país tras el 2 de
octubre. En ese contexto, Díaz Ordaz "ponderó la experiencia
y el temple de Echeverría. Lo vio como el único garante de
la estabilidad. Le faltó visión de futuro. Porque lo que
vino después fue peor".
Textos clave, todavía bajo llave
Para la investigadora Kate Doyle, colaboradora del semanario
Proceso
y directora del proyecto México del Archivo de Seguridad Nacional
de Estados Unidos, resulta "impactante" conocer el operativo de
encubrimiento que se disparó tan pronto se dispersó el humo
de la balacera. "En las horas y días posteriores al derramamiento
de sangre -escribe Doyle en su trabajo La masacre de Tlatelolco-
las agencias que operaban en México aceptaron la línea dictada
por el gobierno en el sentido de que estudiantes ubicados como francotiradores
provocaron la matanza".
No fue sino hasta el 18 de octubre cuando un agregado
militar de la embajada describe: "Hubo desorganización considerable
entre los militares presentes (...) y se abrió fuego de manera indiscriminada
contra los edificios de departamentos (que rodeaban la plaza). Los soldados
dispararon salvajemente en lugar de intentar ubicar con exactitud el origen
del fuego de los francotiradores". Este es uno de los pocos resquicios
que contradijeron en esos momentos la versión oficial en un cúmulo
de 89 telegramas y cables secretos que fluyeron de distintas fuentes a
Washington.
Doyle insiste desde octubre del año pasado en que,
a pesar de que se ha logrado la desclasificación de docenas de documentos
sobre la masacre de los archivos secretos de la CIA, el Departamento de
Estado, el Pentágono, la FBI y la Casa Blanca, quedan reportes clave
que todavía son inaccesibles para la opinión pública.
Enumera materiales que considera de vital importancia:
* Un documento de la Casa Blanca fechado el 4 de octubre
que contiene un análisis basado en información confidencial
de inteligencia.
* Un reporte también del 4 de octubre de la FBI
que es citado por el Departamento de Estado y en el cual funcionarios de
la primera atribuyen el estallido de la balacera a una confusión
entre militares y agentes de seguridad.
* Ningún documento del agregado legal de la embajada,
que fungió como representante de la FBI en México, ha sido
desclasificado hasta ahora.
* El 1º de noviembre el director de la Oficina de
Asuntos Mexicanos del Departamento de Estado, Maxwell Chaplin, escribió
una carta al consejero de la embajada, Henry Dearborn, en la cual le expresa
"el intenso interés de la comunidad de inteligencia" en Washington
por conocer un documento de la CIA que también sigue clasificado
como ultrasecreto. Se trata de un memorándum de contenido "pesimista
y controversial" sobre las implicaciones de los desórdenes estudiantiles
en la estabilidad mexicana.
* Un informe especial secreto de la CIA, con fecha 17
de enero de 1969, que contiene pasajes sobre los hechos de Tlatelolco y
los desafíos del sistema de partido único de México.
La mayor parte del documento fue censurada antes de la desclasificación.
El grueso del documento sigue bajo secreto.
* Ninguno de los documentos hasta ahora conocidos contiene
de manera detallada los reportes de los agentes estadunidenses sobre los
francotiradores que dispararon desde los edificios de Tlatelolco sobre
los manifestantes. En particular deben existir informes y análisis
de la agregaduría militar estadunidense sobre el tema. No se conocen.
Espías confusos
Además de sumarse a la conspiración del
silencio, los agentes estadunidenses incurrieron en sus versiones sobre
la crisis del 68 en contradicciones flagrantes. Unos, como la CIA, reportan
escenarios alarmistas sobre el riesgo comunista. Otros, como los de la
embajada, intentan calmar los ánimos y resultan criticados por sus
jefes. Con todo, la lectura de estos expedientes ofrece una visión
única sobre la forma en que los estadunidenses de la época
percibían a los mexicanos.
En la víspera del 2 de octubre, la CIA adelanta
que "cualquier cosa puede suceder" antes de la inauguración de los
Juegos Olímpicos y que una ruptura del curso normal de los eventos
debe ser atribuida a "radicales y extremistas". Al día siguiente,
al informar sobre los sucesos de Tlatelolco, repite literalmente la versión
oficial de que la balacera se desencadenó como respuesta a una "provocación
premeditada de los estudiantes".
Copiosos reportes de la CIA aún tienen grandes
pasajes censurados, pero en ellos, a diferencia de los informes de la embajada,
se pone en duda la capacidad de control del gobierno mexicano. En alguno
llaman "inepto" a Díaz Ordaz.
La Agencia de Inteligencia Militar, curiosamente, toma
distancia de la versión del régimen. "Lo que sucedió
quizá nunca lo sepamos", dice en su reporte del 18 de octubre.
El Departamento de Estado expresa que los sucesos representan
"un duro golpe a Díaz Ordaz y su gobierno, tanto por el uso excesivo
de fuerza como porque subraya el fracaso del gobierno mexicano de eliminar
la violencia", según señala Corey Oliver, subsecretario de
Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado. "Sin embargo consideramos
que es importante evitar demostrar falta de confianza en la capacidad del
gobierno mexicano de manejar la situación."
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