Dudas de que ocurra el juicio político contra magistrados del tribunal superior yucateco

El caso Medina-Abraham desató crisis política y confrontación de poderes

Cervera Pacheco entregó la procuraduría a los acusadores; "lo tenían agarrado de los güevos"
Alguna vez dijo: "por el bien del estado Armando debe estar en la cárcel", según el detenido

EDUARDO R. HUCHIM /VII

Merida, Yucatan, septiembre de 2004. Las elecciones de 2001 cambian en Yucatán la correlación de fuerzas. Llega al poder Patricio Patrón Laviada, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), que derrotó al Partido Revolucionario Institucional, de Víctor Cervera Pacheco.

Los electores yucatecos no dan a nadie la mayoría en el Congreso: 12 diputados panistas, 12 priístas y uno perredista, que se convierte en el fiel de la balanza. Para entonces Armando Medina Millet ya había sido condenado a 20 años de prisión, tras de que el Tribunal Superior de Justicia redujo la pena de 22 años y medio impuesta originalmente por la juez Leticia Cobá Magaña.

Con el cambio de gobernador cambia también el procurador. Asume el puesto Miguel Angel Díaz Herrera, quien al enterarse directamente de las irregularidades cometidas durante la investigación y el proceso del caso Medina-Abraham emprende una serie de acciones que no tienen éxito porque no hallan eco en el Poder Judicial yucateco.

Quienes creen en la versión de homicidio consideran que tales acciones de la nueva procuraduría fueron ilegales. El diario Por esto!, por ejemplo, escribió el 10 de febrero de 2002:

"Es público y notorio que dentro de las instalaciones del edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado y las del Ministerio Público se han realizado varios interrogatorios fuera del marco legal... Estos interrogatorios están fuera de la ley porque Armando Medina Millet ya fue juzgado y sentenciado por dos instancias: el juzgado cuarto de defensa social y el Tribunal Superior de Justicia."

La publicación recordó que el ahora gobernador Patrón Laviada, desde antes de que fuera candidato, visitó a Medina Millet en el reclusorio y le prometió "todo su apoyo y toda su ayuda", y ahora, "faltando a sus promesas dichas el día de su toma de posesión, de que sería respetuoso de los otros poderes, de la ley y del derecho, ha instruido al procurador para que brinde todas las facilidades al defensor de Medina Millet y se lleven a cabo estos interrogatorios ilegales".

Lo que vino después fue un enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial de Yucatán, a raíz de una declaración atribuida al gobernador Patrón Laviada y formulada durante un mitin del PAN, el 14 de septiembre de 2002, de que el Poder Judicial de Yucatán "es una vergüenza". Hay versiones de que quien hizo esta caracterización fue el líder panista estatal y no el gobernador, pero éste nunca lo aclaró.

Tres días después, el 17 de septiembre, reaccionando ante esa descalificación, el pleno del Tribunal Superior de Justicia, presidido por Angel Prieto Méndez, pide formalmente al gobernador una explicación. El 20 de septiembre el Ejecutivo responde que esa expresión se debió -explica el magistrado- a que el tribunal no removió a la juez Leticia Cobá Magaña de su puesto, a pesar de las muchas irregularidades en que incurrió durante el juicio de Armando Medina Millet.

Al rechazo a estas irregularidades se ha sumado la dirigencia local del Partido de la Revolución Democrática. El 4 de marzo de 1999, por ejemplo, un grupo de dirigentes locales del PRD, encabezados por su presidente Eduardo Sobrino Sierra, visitó a Medina Millet en el reclusorio meridano, "para contribuir a resarcir la confianza en la impartición de justicia en Yucatán y exigir que se ponga fin a la sistemática violación a las leyes en el caso Medina-Abraham".

Apoyo del Senado

Entrevistado en Mérida, Angel Prieto Méndez explica que ante la respuesta del gobernador el tribunal pudo acudir a la Suprema Corte de Justicia, para lo cual disponía de 30 días. No lo hicieron entonces los magistrados, debido a que por esos días azotó a Yucatán el huracán Isidore y consideraron inadecuado hacerlo cuando la entidad atravesaba por una situación de emergencia derivada del ciclón.

Lo que sí hicieron los magistrados, invocando la fracción sexta del artículo 76 constitucional, fue solicitar al Senado de la República que interviniera contra lo que consideraron una intromisión del Ejecutivo yucateco en el Poder Judicial.

-Nunca se había usado ese artículo en la forma en que lo hicimos -comenta el magistrado Prieto Méndez.

En estas circunstancias, el Congreso del estado pide al tribunal un informe sobre su conflicto con el Ejecutivo, lo cual propicia que los magistrados amplíen su queja en el Senado, para incluir al Congreso estatal. También interponen, ahora sí, una controversia constitucional ante la Suprema Corte.

El Senado interviene en favor del tribunal, tanto ante el gobernador como ante los diputados. A uno y otros los "conmina a que en lo sucesivo se conduzcan con respeto y ánimo de colaboración con el Poder Judicial de dicho estado" y en particular que los diputados "se abstengan de formular requerimientos que no se encuentren expresamente establecidos en la Constitución y en la legislación estatal".

Crisis en el Congreso

Meses después, el Congreso estatal -divididos los diputados panistas entre seguidores de la entonces alcaldesa meridana, Ana Rosa Payán Cervera, y partidarios del gobernador Patrón Laviada- vive su propia crisis. En agosto de 2003, la 56 Legislatura entra en parálisis debido a que no tenía quórum para sesionar.

De 12 que eran los diputados panistas, se reducen a 11 cuando Beatriz Zavala Peniche pide licencia para asumir una curul en la Cámara de Diputados federal. Aun así, el Congreso estatal podía sesionar aunque los 10 priístas -dos de los priístas originales se habían declarado independientes- no lo quisieran, porque se contaba para ello con los dos independientes, pero la crisis se produce cuando el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Ricardo Gutiérrez López -quien tenía enfrentamientos con el gobernador Patrón Laviada y con otros legisladores- renuncia inopinadamente.

En el origen de esta crisis se ubica el caso Medina-Abraham, ya que la renuncia de Gutiérrez López se produce porque no podía impedir que, con motivo de la presentación de un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, el diputado independiente Manuel Avila Noh pronunciara en la tribuna legislativa un discurso en defensa de Medina Millet y en contra de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, con lo cual no estaban de acuerdo los diputados no panistas. Finalmente es nombrado nuevo coordinador panista el diputado Fernando Castellanos Pacheco.

Demanda de juicio político

En este contexto, en septiembre de 2003, Armando Medina Millet -por conducto de su madre, Sara Millet Cámara- y sus abogados defensores, Rubén Bolio Pastrana y Marco Antonio Cerón, promueven un juicio político contra cinco de los seis integrantes del mencionado tribunal, cuyo presidente tiene voto de calidad en caso de empate.

La solicitud de juicio político, basada en las irregularidades ocurridas durante el proceso penal de Medina Millet, excluye al magistrado Jorge Luis Rodríguez Losa -quien votó contra la resolución condenatoria de Medina Millet- e incluye a los magistrados Angel Prieto Méndez, Ligia Cortés Ortega, Mygdalia Rodríguez Arcobedo, Ricardo Avila Heredia y Mercedes Pérez Fernández.

El juicio político es dejado de lado durante varios meses, pero se reactiva en febrero de 2004, junto con otros 16 casos contra diversos funcionarios estatales, como el procurador, el gobernador, la alcaldesa de Mérida y otro contra el propio tribunal.

Fernando Castellanos Pacheco, ex diputado local y ex coordinador del grupo parlamentario panista, afirma en una entrevista que entre marzo y abril de 2004 la Comisión Permanente de Legislación, Gobernación, Puntos Constitucionales y Electorales, integrada por dos priístas, dos panistas y un perredista, acuerda desechar todos los juicios políticos, incluido el del caso Medina-Abraham, pero el acuerdo no es firmado, como táctica para que no sea llevado al pleno, ya que aquí el dictamen sería rechazado.

Finalmente el pleno atrae el asunto y resuelve incoar el juicio político contra los cinco magistrados y desechar los otros 16 casos. De inmediato los magistrados afectados promueven una controversia constitucional a causa de ese acuerdo legislativo.

En un primer momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso que, aunque podía continuar el juicio político, no debía resolver antes de que lo hiciera la Corte, por la obvia razón de que, si el Congreso resolvía, entonces se estaría ante hechos consumados y la controversia se quedaría sin materia. Hace unos días, como informó La Jornada, la Corte desechó la controversia constitucional por considerar que los magistrados demandantes carecen de "legitimación activa".

Las razones de los diputados

Las principales razones que los diputados tomaron en cuenta para incoar el juicio político son las siguientes:

1) Se comprobó plenamente la violación de las garantías individuales de Armando Medina Millet por la juez Coba Magaña, al negarse "de manera infundada y arbitraria" a que el Ministerio Público -que la acusó de rebeldía- realizara diligencias de verificación de la prueba de Walker modificada, efectuada el 15 de noviembre de 1995 por el doctor Héctor Aurelio Canales Magallanes, con lo cual obstaculizó la procuración de justicia.

2) Al declarar improcedente la queja de Medina Millet contra el acuerdo recaído a la petición del Ministerio Público, los magistrados demandados incurrieron en el mismo comportamiento ilegal de la juez y cometieron un ataque a la administración de la justicia.

3) El magistrado Ricardo de Jesús Avila Heredia debió excusarse de intervenir en la resolución colegiada que rechazó la queja de Medina Millet, en virtud de ser integrante de la sociedad civil Silveira Cuevas Consultoría Jurídica, de la que también forman parte los abogados Luis Silveira Cuevas y Edwin Andrade Espadas, apoderados de Asís Abraham Dáguer.

4) Los promoventes denunciaron ineficiencia de la magistrada Ligia Cortés Ortega, ya que los supuestos razonamientos argumentados por ella son meras transcripciones y copias de los planteamientos de la juez. Además, imputaron a la magistrada favorecer la contratación de Roger Augusto Cortés Burgos, sobrino suyo, como actuario de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia.

Exceso de los diputados: Prieto

-Los diputados se extralimitaron en sus atribuciones -opina el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Prieto Méndez-, el pleno del Congreso no tiene facultades para atraer ese asunto. Este exceso -añade- se originó en los intereses políticos que rodearon a la legislatura anterior y en la falta de estudio y asesoría de los legisladores.

Prieto Méndez afirma también que la ley señala en qué casos puede proceder el juicio político y expresamente indica como requisito la existencia de una violación sistemática a la Constitución y a las leyes.

En julio de 2004 se renovó el Congreso de Yucatán y, entonces sí, el electorado yucateco dio la mayoría legislativa absoluta al PAN, con 13 de los 25 diputados, en tanto el PRI obtuvo 10 y el PRD dos. No obstante, la nueva legislatura no ha nombrado a la comisión instructora, ni se ha cerrado el periodo de pruebas y alegatos.

Como parte del juicio político, se ordenó a la Contaduría Mayor de Hacienda que practicara una auditoría al llamado Fondo Auxiliar del Poder Judicial, administrado por el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, fondo que se constituye fundamentalmente con la venta de copias certificadas y con el dinero de las fianzas depositadas en efectivo. Al margen del juicio político los entonces diputados Castellanos Pacheco, Miguel Pat Xulub y Alberto del Río presentaron un punto de acuerdo para que se auditara el mismo fondo en los periodos anteriores al actual, cuando el tribunal fue presidido por la magistrada Mygdalia Rodríguez Arcobedo.

El tribunal -sostiene Castellanos Pacheco- no está autorizado para cobrar las copias que expide ni a quedarse con el dinero de las fianzas, además de que por estos conceptos expide recibos que no tienen requisitos fiscales.

¿De nuevo a la congeladora?

En Mérida no se tiene seguridad de que se materialice el juicio político, porque el periodo de dos de los cuatro magistrados -Angel Prieto Méndez y Ricardo Avila Heredia- concluirá en marzo de 2005, en tanto los otros cuatro son vitalicios.

Hay actores políticos que piensan que, si el juicio político procediera, se pondría en riesgo la estabilidad del estado y se pagaría un costo político demasiado alto. En cambio, si se esperan unos meses, en marzo los diputados del partido dominante, el PAN, lograrían colocar a dos magistrados propuestos por el gobernador y así se lograría una renovación relativamente tranquila del tribunal y se comenzaría a deshacer la estructura judicial heredada del cerverismo que dominó durante décadas la política yucateca y conservó notable influencia en el PRI peninsular aun después de que el recientemente fallecido Víctor Cervera Pacheco dejara el poder.

Hay también quienes ven en la conclusión del periodo de dos magistrados una oportunidad para renovar todo el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, mediante las reformas legislativas necesarias, si bien esto podría equipararse con los conflictos que produciría el juicio político a cinco magistrados. Por lo pronto, el Tribunal Superior de Justicia ha enviado al Congreso estatal una iniciativa para que la designación de los nuevos magistrados se haga a propuesta del propio órgano judicial, lo cual, obviamente, es difícil que prospere.

(El Tribunal también propone en su iniciativa la creación del consejo de la judicatura del estado, órgano administrativo cuyo funcionamiento ha originado cuestionamientos tanto en las entidades donde existe como en el ámbito federal, donde hay juristas y legisladores que no lo ven con buenos ojos.)

Como quiera, el enfrentamiento entre poderes, el juicio político y las controversias constitucionales acreditan que el caso Medina-Abraham saltó hace años de la nota roja al conflicto sociopolítico.

Visiones sobre Cervera Pacheco

En julio de este año, aproximadamente un mes antes de la muerte de Cervera Pacheco, pregunté a Armando Medina Millet cuál había sido, en su opinión, la intervención del entonces gobernador en su caso.

-Pienso que Cervera Pacheco se lavó las manos (como Pilatos) -respondió el recluso-, prácticamente les entregó a los Abraham la procuraduría y permitió que hicieran y deshicieran a la medida de su gusto, como declararon posteriormente, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunos de los peritos de la procuraduría de ese entonces.

Medina Millet va más allá:

-Me da la impresión de que a Cervera lo tenían agarrado de los güevos. Porque de otra manera no hay explicación lógica del porqué les permitió hacer todo lo que quisieran aun cuando fuera notoriamente ilegal y burda la fabricación del expediente para cambiar todo lo que demostraba el suicidio y fabricar un supuesto homicidio. Tiene que haber una razón poderosa para que Cervera haya sucumbido a los caprichos de los Abraham, a pesar de todos los riesgos a ser descubiertos, tal como después sucedió.

-¿Habló usted alguna vez con él?

-Yo nunca he tenido contacto con Cervera, pero sí lo tuvieron mis papás. Lo fueron a ver a palacio cuando ya me habían detenido, a preguntarle qué estaba pasando, y su respuesta fue que él no tenía nada que ver, que era cuestión de la procuraduría y de la juez. Obviamente esto es absurdo, es más que sabido que en Yucatán no se movía una sola hoja sin su consentimiento y la procuraduría estaba bajo sus órdenes. Por ahí escuchamos un comentario que él hizo, de que "por el bien de Yucatán Armando tiene que estar en la cárcel". En ese entonces no comprendimos esto, pero hoy podemos imaginarnos que se refería a lo que le está pasando a Patricio Patrón, a quien atacan constantemente y tratan de desestabilizar políticamente al gobierno porque el gobernador no se ha prestado a las presiones y los intereses corruptos de los Abraham.

El abogado defensor de Medina Millet, Rubén Bolio Pastrana, comparte la visión de su defendido. Con ayuda de una prótesis para hablar (fue operado de la laringe a causa de un cáncer) expresa:

-La intervención del gobernador Cervera Pacheco muestra una abierta parcialidad en favor de la familia Abraham. El ha dicho que no daba órdenes a la procuraduría ni a nadie, pero suponiendo sin conceder que así hubiera sido, por lo menos encubrió a los funcionarios de la procuraduría y no atendió la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es claro que le resulta responsabilidad. Sin embargo, no hubo denuncia en su contra presentada por nosotros.