Sentir en el quinto Encuentro de tribunales superiores y procuradurías de justicia

Reforma penal daña finanzas de estados

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

De aprobarse la iniciativa de reformas al sistema de justicia penal propuesta por el presidente Vicente Fox, los estados tendrán consecuencias económicas, además de que no existen estudios completos del impacto que tendrá para las procuradurías y los tribunales superiores de justicia, coincidieron en señalar los asistentes al quinto Encuentro nacional de tribunales superiores y procuradurías generales de justicia, realizado en la ciudad de Puebla.

La iniciativa presidencial, agregaron, se envió en un contexto en el cual las instituciones encargadas de procurar justicia están "desconectadas, sin equipo adecuado y sin información veraz"; es más, existen tribunales superiores de justicia, como el de Tlaxcala, que ni siquiera cuentan con recursos para implantar los juicios orales.

En el acuerdo firmado por los procuradores e impartidores de justicia, cuya copia posee La Jornada, se alude incluso al fracaso del establecimiento de la normatividad que regula los servicios civiles de carrera en estas instituciones, pues no existe en 25 estados, cuatro tienen legislación, y la aplican, y tres no.

De acuerdo con la minuta signada, el procurador de Sinaloa, Oscar Fidel González Mendívil, señaló que de aprobarse la propuesta del presidente Fox, "los estados tendrán consecuencias económicas que recaerán en rubros como los de personal, edificios y equipos, entre otros, por lo que propuso establecer esquemas paralelos que permitan apoyar a las entidades federativas en el orden económico".

Por el contrario, el titular de la Procuraduría General de la República, Rafael Macedo de la Concha, aseguró que "los recursos de las instituciones no se verán afectados, ya que se realizó un estudio que mostró que los costos para las instituciones de justicia serán menores, y que los mayores costos corresponden a capacitación y profesionalización del personal".

Sin embargo, Verónica Alma Yolanda Camarillo López, magistrada y presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, "destacó que dicha entidad no cuenta con recursos para implantar los juicios orales, ya que no ha recibido presupuesto".

En ese contexto, el presidente del Tribunal de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco, propuso que "se analicen los costos y financiamiento de la aplicación de la reforma, conjuntamente con los procuradores".

Sobre la aplicación de la informática en la procuración de justicia, Raúl Vargas Pérez, subprocurador de Aguascalientes, señaló que está justificado el uso de tecnología, pero señaló que no es factible atacar a la delincuencia organizada "con procuradurías desconectadas, sin equipo adecuado y sin información veraz y oportuna, haciendo uso de archiveros metálicos y en papel carcomido por el tiempo y sin comunicación en línea".

Respecto del servicio civil de carrera, Antonio W. Martínez, procurador de Baja California, informó que en 25 estados no hay avances en la materia, y de los siete que tienen legislación, en tres no se aplica.