Los vencimientos del rescate bancario para 2006 podrían llegar a 100 mil millones de pesos

Dio el Congreso primer paso para rechazar deuda ilegal: Del Villar

Legítimo, convenio de Hacienda con bancos para que asuman parte del costo del salvamento: IPAB

Retrasar la operación puede ser contraproducente, advierte representante de Standard and Poor's

ROBERTO GONZALEZ AMADOR Y GEORGINA SALDIERNA

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) defendió ayer la legitimidad del acuerdo firmado en julio con cuatro bancos para asumir parte de la deuda del rescate bancario, cuyas bases legales fueron cuestionadas el jueves anterior por la oposición en la Cámara de Diputados.

Hace dos días todos los partidos representados en esa cámara, con excepción de Acción Nacional y el Verde Ecologista, desconocieron la legalidad de un convenio firmado el 15 de julio por la Secretaría de Hacienda y el IPAB con Banamex, BBVA Bancomer, HSBC y Banorte, por medio del cual se intercambiaron pagarés avalados por el extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), cuya legitimidad es cuestionada, por títulos a cargo del IPAB.

Esta operación involucró el intercambio de títulos emitidos por el Fobaproa, durante el rescate bancario emprendido a partir de la crisis de 1995, al amparo del llamado Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC).

El valor actualizado de esas notas era de 223 mil millones de pesos. Según el gobierno, se logró reducir su monto y el IPAB asumió, al hacer el intercambio, deuda por 107 mil millones de pesos.

Pero el tema, considerado "una discusión superada" tanto por los bancos involucrados como por el gobierno del presidente Vicente Fox, abrió el jueves en la Cámara de Diputados un nuevo debate que puede modificar el tratamiento dado hasta ahora a la deuda asumida por la administración federal a partir de 1995, cuyo monto actualizado supera un billón de pesos.

El llamado PCCC fue sólo uno de los programas del gobierno de Ernesto Zedillo para rescatar a los banqueros.

"Se les ha olvidado la Constitución", opinó este viernes el ex procurador y especialista en temas constitucionales Samuel I. Del Villar, quien aseguró que el gobierno actual y los banqueros buscan pasar por encima del Congreso al pretender que se asuma como deuda pública unas obligaciones contratadas sin el aval del Poder Legislativo.

"La decisión de la Cámara de Diputados (del jueves pasado) es el primer paso para desconocer una deuda que fue contratada al margen de los preceptos constitucionales para subsidiar transacciones corruptas de una clase bancaria no profesional y efímera", declaró a La Jornada el ex procurador general de Justicia del Distrito Federal e investigador de El Colegio de México.

Mientras, Ursula Wilhem, responsable de monitorear el sistema financiero mexicano para la firma de calificación de valores Standard and Poor's, alertó: "Retrasar la operación firmada entre el IPAB y los cuatro bancos puede ser contraproducente". En lugar de los 6 mil millones de pesos cuya asignación detuvieron los diputados, para el siguiente año se tendrían que liquidar vencimientos por más de 100 mil millones de pesos. "Los diputados tienen que ofrecer un plan B, si pretenden que se retrase el fin de la operación", consideró.

Descartan problemas financieros

Diputados del PRI, PRD, PT y Convergencia carecen de atribuciones para desconocer el canje de pagarés del programa de Capitalización y Compra de Cartera por bonos del IPAB, aseguró ayer el senador panista Héctor Larios.

Al destacar que la ley del instituto prevé el cambio de los pagarés, consideró que tal decisión sólo evidencia el desconocimiento que tienen de la legislación.

No obstante, descartó que las decisiones de la oposición puedan generar una crisis financiera en el país, aunque insistió en que la economía nacional no se puede estar manejando "de manera caprichosa".

A su vez, el coordinador de los senadores perredistas, Jesús Ortega, coincidió con el panista en que el acuerdo de los diputados no generará ninguna catástrofe financiera. Para el legislador del sol azteca, lo que se está haciendo en San Lázaro es tomar medidas para sanear el asunto del Fobaproa y que no "tengamos que estar pagando por una deuda que no debemos".

Por último, el senador priísta Humberto Roque Villanueva también descartó problemas financieros por el acuerdo de la oposición, aunque dijo que los diputados tendrán que llegar a un arreglo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.