Se requiere una nueva reforma, que promueva la participación social, consideran

Inconstitucionales, cambios a la Ley de Aguas Nacionales, afirman académicos y campesinos

BERTHA TERESA RAMIREZ

Académicos y representantes campesinos que participan en el seminario internacional El agua, Ƒbien privado o bien común?, organizado por la Universidad de la Ciudad de México (UCM), coincidieron en señalar que las reformas introducidas el año pasado a la Ley de Aguas Nacionales son inconstitucionales y resultan perjudiciales tanto para la producción agrícola, tanto ejidal o comunal como privada.

Eduardo Viesca de la Garza, profesor de la Universidad Iberoamericana, y Jaime Castillo, de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), plantearon que las modificaciones traerán afectaciones graves a los usuarios, pues redujeron el plazo máximo de otorgamiento de las concesiones para la operación de agua de 50 a 30 años, lo cual provoca inseguridad jurídica.

Señalaron que la ley que regía desde 1992 establecía como multa mínima 50 días de salario mínimo correspondiente al lugar donde se cometía una falla en el manejo de las concesiones de agua, lo cual significaba unos 2 mil 250 pesos; sin embargo, con las modificaciones vigentes, a partir de este año la multa será de mil días de salario mínimo, aproximadamente 45 mil pesos. Viesca de la Garza precisó que esta situación es muy grave, si se considera que la capacidad económica de la mayor parte de los usuarios es baja.

Nuestros campesinos usan aproximadamente 79.8 por ciento de las aguas nacionales disponibles para uso agrícola, para ello esta multa mínima es excesiva, añadió.

De acuerdo con la ley reformada, al no contar con medidor, el usuario se hace acreedor a una multa mínima de aproximadamente 225 mil pesos; "habrá que preguntarle a nuestros campesinos y sus organizaciones qué opinan, al igual que a los usuarios".

Tras señalar que la iniciativa fue promovida por el Senado, cuando tendría que haberse originado en la Cámara de Diputados, señaló que las reformas a la Ley de Aguas Nacionales no benefician ni a los municipios ni a los estados ni a la Federación ni, mucho menos, a los usuarios. En principio fueron vetadas por el presidente Fox; sin embargo, tras unos pequeños ajustes el Congreso de la Unión las volvió a enviar al Ejecutivo federal y el Presidente ya no pudo vetar estas modificaciones, pues la Constitución sólo le otorga una oportunidad.

El también ex director jurídico de la Comisión Nacional del Agua y promotor de la Ley de Aguas Nacionales aprobada en 1992 dijo que se hace necesario elaborar una nueva norma con una visión de Estado, a fin de que ésta realmente propicie la descentralización, la participación efectiva de los usuarios en la gestión del agua, la conservación vital del mismo en cantidad y calidad.

Por su parte, Jaime Castillo agregó que las reformas han tenido un efecto en términos productivos, pues están provocando la reducción en la superficie del sistema de riego que venían utilizando los agricultores, quienes hasta antes de las reformas ya rebasaban la dotación de agua que se les otorgaba, pues les resultaba insuficiente para mantener sus cultivos.

Señaló que si las sociedades en el campo se tienen que adecuar a los volúmenes otorgados va a haber una reducción drástica en la superficie de siembra, y evidentemente eso va a repercutir en los costos de los productos agrícolas, que se van a elevar.