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México D.F. Viernes 24 de septiembre de 2004

No ejerce facultades para hacer valer recomendaciones

Deficiencias en la actuación de la CNDH, según estudio

ANGELES CRUZ MARTINEZ

Falta de conocimiento sobre los hechos que constituyen violación a los derechos humanos y los instrumentos internacionales en la materia, así como inconsistencias entre los hallazgos de las investigaciones y el contenido de las recomendaciones son algunas de las deficiencias encontradas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en el trabajo de los últimos cinco años de la Comi- sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El análisis destaca que la CNDH no ejerce todas las facultades y atribuciones legales disponibles para obligar a los funcionarios a aceptar y acatar sus recomendaciones; entre otras, la CMDPDH recordó que el ombudsman tiene el reconocimiento constitucional de su autonomía de gestión y presupuestaria.

Durante este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dispone de un presupuesto de 629.1 millones de pesos, con lo que es uno de los sistemas públicos de derechos humanos con mayores recursos económicos del mundo. Ese monto es 10 veces superior al asignado por la Organización de Estados Americanos para los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuyo presupuesto asciende en 2004 a 43 millones de pesos, o el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dispone, en el mismo periodo, de 17 millones de pesos, aproximadamente.

Con motivo del proceso de elección del nuevo titular de la CNDH, la CMDPDH presentó ayer los resultados de la investigación realizada sobre el ejercicio de las facultades del ombudsman en el periodo de 1999 a 2004, de la que se desprende, por ejemplo, que en varias quejas en las que los visitadores acreditaron plenamente el delito de tortura, su investigación y sanción no fue incluida entre las recomendaciones dirigidas a las autoridades respectivas.

Para la CMDPDH, ante el proceso de transición que vive el país resulta una necesidad creciente que la CNDH sea fortalecida como promotora y protectora de los derechos humanos; sin embargo, su posicionamiento ante la ciudadanía y las autoridades "no está del todo consolidado". Superar esta situación implica que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejerza plenamente sus facultades y realice análisis críticos de su gestión en aras de una mejora permanente de su funcionamiento. La participación y escrutinio de la sociedad civil resulta de fundamental importancia, advierte el diagnóstico.

En conferencia de prensa, Miguel Pulido, responsable del análisis de las recomendaciones de la CNDH, explicó que existe discrecionalidad por parte del funcionario calificador en la valoración de los hechos violatorios de los derechos humanos, lo que puede llevar a una incorrecta integración del expediente y a que se tenga una percepción errónea sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Respecto del uso y aplicación de los instrumentos internacionales, el estudio señala que existe una "práctica deficiente" en este rubro. Su uso limitado y poco claro conlleva el riesgo de que un órgano de vigilancia no tenga los elementos de legitimidad para opinar sobre la actuación y el apego a derecho de las autoridades.

Fijar indemnizaciones para víctimas

Otro aspecto detectado por la CMDPDH tiene que ver con que algunas de las recomendaciones del organismo no contienen el señalamiento a la autoridad para que determine el pago de la indemnización correspondiente. Esta ausencia crea confusión sobre si la CNDH considera o no los alcances y efectos disuasivos de las reparaciones y cómo es que determina que un quejoso puede ejercer este derecho o con qué fundamento se decide que una autoridad está obligada o no a cumplir.

Finalmente, la CMDPDH resalta que en la CNDH no existe un mecanismo confiable de seguimiento de las recomendaciones, y por lo tanto, del pago del daño infringido a las víctimas de violación de derechos humanos.

Ayer, nuevamente la CMDPDH junto con la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) exigieron al Senado que el proceso de elección del titular de la CNDH sea abierto e incluya la participación de la sociedad civil, y sobre todo, que en su deliberación incorpore un análisis de la gestión de la CNDH hasta el momento.

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