Familiares, amigos y compañeros irrumpen en el Congreso

Piden liberar a tres policías en Jalisco

JOSE DIAZ BETANCOURT CORRESPONSAL

Guadalajara, Jal., 21 de septiembre. Familiares, amigos y compañeros de trabajo de tres policías municipales de Guadalajara irrumpieron hoy en el Congreso local en busca de solicitar apoyo a los diputados para la liberación de los agentes, detenidos la semana pasada acusados de asesinar a un joven que aparentemente efectuaba disparos al aire cerca de la sede de la corporación.

Los manifestantes llegaron a la oficina del panista Felipe Reyes Rivas, presidente de la Comisión de Justicia legislativa, con quien intercambiaron opiniones en torno de los hechos y le reclamaron haber hecho declaraciones contra los oficiales consignados.

Luego de discutir un buen rato, el legislador se comprometió a estudiar el caso y analizar su posible mediación. Con la misma demanda, los manifestantes realizaron un plantón frente al edificio de la policía tapatía y el Supremo Tribunal de Justicia del estado.

El secretario de Seguridad Pública de Guadalajara, Luis Carlos Nájera, había justificado la muerte de Luis Enrique Arredondo Martínez, de 19 años, ocurrida la madrugada del miércoles pasado en el fraccionamiento residencial La Barranca, ubicado a un costado del cuartel general de la corporación.

Según el reporte policial, los agentes escucharon detonaciones y se trasladaron al lugar de donde provenían. Allí detuvieron al velador Juan Arredondo Mendoza y a su hijo Ricardo, menor de edad. En tanto, Luis Enrique, otro hijo del vigilante, se enfrentó a los agentes armado con dos revólveres.

Felipe de Jesús Gallo, director operativo de la policía de Guadalajara, dijo que los agentes repelieron la agresión del joven, quien resultó muerto. El Servicio Médico Forense indicó que su cuerpo presentaba nueve impactos de bala de distintos calibres, algunos por la espalda y a corta distancia.

Los tres policías (Fidel Azuara Melo, Fernando García Alvarez y Ricardo Aguilar Avila) fueron consignados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por los cargos de homicidio por exceso en la legítima defensa.