Negligencia cómplice de Profepa, Pemex y el gobierno de Oaxaca
Un derrame de gasolina
arruina a los pescadores de Juchitán
Medio año después del desastre los pescadores
siguen el ejemplo de los peces: abandonar el lugar.
El 3 y 4 de septiembre, dos autobuses
salieron hacia el norte. "No nos queda otra que emigrar,
perdimos nuestro trabajo", comenta Tomás Ruiz Martínez,
representante de una de las cooperativas.
Emanuel Gómez, Juchitán, Oaxaca.
En la colonia Álvaro Obregón y en Playa Vicente, Juchitán,
pasó inadvertida la vela de los López, una de las
fiestas más populares de esta ciudad del Istmo de Tehuantepec por
el derroche que hacen los organizadores. En esta ocasión, no hubo
pescado para los asistentes, a menos que lo hayan llevado de otro lugar,
pues la Laguna Superior, donde todavía a principios de año
se podía pescar, ya no produce más que dolor. Sucede que
el 12 de febrero del 2004, por un accidente en la carretera panamericana,
se volcó un tractocamión con dos tanques, propiedad de la
empresa Servicio Público Especializado Huerta, SA de CV, por lo
que se derramaron 68 mil litros de gasolina magna sin en el dren
que desemboca en el estero Igú.
La gente se acercó al percibir un fuerte olor a gasolina y, al percatarse de que salían peces muertos, inútilmente trató de contener el desastre. El derrame tenía más de 24 horas de haberse iniciado, afectando flora, fauna y microorganismos del lugar, refugio de especies con alto valor comercial como sierras, lisas, bagres y roncadores, pez endémico que emigró a la costa de Chiapas.
Así lo denunciaron el 16 de febrero las cooperativas Atarrayeros de la Laguna Santa Cruz, Rey de las Olas, Pescadores del Milenio y Che Cata, ante la panista María de los Ángeles Abad Santibáñez, entonces titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuyo "desempeño ecológico" es nulo, y que llegó al puesto como premio de consolación por haber perdido las elecciones en el 2003. A los pocos días se presentó personal de Profepa y de Ecología 2000, empresa subcontratada por Huerta para hacer estudios de suelo y agua y evaluar el grado de contaminación del lugar, y cuyos resultados nunca se han publicado.
La empresa Huerta no reconoce los daños y argumenta que si la Laguna Superior está contaminada se debe a las fugas de tuberías de Petróleos Mexicanos (Pemex) en años anteriores. A su vez, la paraestatal se exculpa porque en el 2002 indemnizó a los pescadores con la ridícula cantidad de $5 mil pesos, por lo que se niega a pagar por el desastre de este año. Pese a que Huerta y asociados no reconocen su culpa, en mayo de este año gastaron $2 millones de pesos en una indemnización que le tocó a un grupo de personas que no pertenece a las cooperativas, es decir, que nunca interpuso demanda. Manuel López Villalobos y Manuel Vázquez Nicolás, conocidos integrantes de la Coalición Obrera, Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), se beneficiaron directamente de la indemnización.
El gobierno de José Murat, a través de Joaquín Rodríguez Palacios, subsecretario de desarrollo municipal, llamó a los representantes de las cooperativas y a un grupo de "pescadores libres", es decir, sin afiliación ni permiso para pescar, con la promesa de indemnizarlos. Una vez en Oaxaca, se enteraron de que la entrega del recurso sería en la Casa de Cultura de Juchitán, así que se regresaron al Istmo, tan sólo para enterarse de que la empresa ya había pagado al grupo dirigido por "los manueles", pese a que no son pescadores. En la casa de Vázquez Nicolás repartieron los recursos sin criterio alguno como sucedió en el barrio Xadani, donde incluso anunciaban por el perifoneo que se anotaran en una lista los que quisieran recibir dinero. Obra maestra de la corrupción, ni René Bejarano pudo hacerlo mejor. Para colmo, López Villalobos se está postulando como precandidato por la cocei-prd, o lo que queda del partido juchiteco, a la presidencia municipal.
Desesperados, el 17 de agosto los pescadores bloquearon las oficinas de Profepa en el Istmo y en Oaxaca, y de inmediato se abrieron negociaciones que culminaron en más engaños. El gobierno federal, a través de la Profepa, reconoció que sí hubo contaminación, les pidió 15 días para entregar su dictamen pero a la fecha no hay nada. Incluso cambiaron de titular.
Aburridos de los políticos de Murat, del pan y de la cocei, los pescadores ya reiniciaron actividades en la Laguna Inferior, pero "apenas sale para los gastos de la lancha, no hay mucho pescado pues está a una hora y media de la costa, en la colindancia con el Golfo de Tehuantepec; de hecho es más peligroso pues es mar vivo".
Mientras tanto, en Salina Cruz el 4 de agosto se conmemoraron 25 años de funciones de la refinería Antonio Dovalí Jaime que por sí sola procesa 340 mil barriles diarios de crudo, lo que representa el 26 por ciento del consumo nacional de gasolina, con capacidad de surtir por mar a Guerrero, Michoacán, Colima, Sinaloa, Sonora, Baja California y el Lejano Oriente. Para celebrar, la empresa Huerta, concesionaria favorita de esta refinería, puso en operación 22 autotanques como el que se volteó en la Laguna Superior, a un costo de un millón de pesos por tractocamión y 800 mil pesos por tanque. Ni qué hablar de un cambio en la política de la empresa a raíz del desastre social y ecológico que está provocando el derrame de petróleo no sólo en la Laguna Superior sino en toda la costa, como fue denunciado por otro grupo de pescadores de Salina Cruz que también se movilizó exigiendo indemnización. El 5 de septiembre este plantón de pescadores en el acceso a la refinería Antonio Dovalí Jaime, fue desalojado violentamente por policías federales. Se encuentran presos en el reclusorio de Tehuantepec los señores Noé Castellanos y Jorge Muñoz Lucero. A partir del día 8, Wilfredo Soriano y Armida Muñoz Lucero, familiares de los detenidos, iniciaron una huelga de hambre a las afueras del palacio municipal de esa ciudad petrolera, para exigir la libertad inmediata de los detenidos y cumplimiento de sus demandas.
El revuelo ocasionado por las cooperativas pesqueras ha llegado a oídos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y del presidente Fox, pero al no tener respuesta pronto, y con apoyo del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, acudieron a la Comisión para la Cooperación Ambiental, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), instancia que tampoco ha emitido un dictamen al respecto. Medio año después del desastre los pescadores siguen el ejemplo de los peces: abandonar el lugar.
El 3 y 4 de septiembre, un día antes de la vela
de los López, dos autobuses salieron hacia el norte. "No nos queda
otra que emigrar, perdimos nuestro trabajo", comenta Tomás Ruiz
Martínez, representante de una de las cooperativas, quien confiesa
que estos meses se endeudó por más de 50 mil pesos. En situación
similar están 452 pescadores organizados, sostén económico
de 2 mil personas, entre mujeres, jóvenes y niños, por lo
que no dudan en despedirse de Juchitán.
Foto: posiblemente de Dorothea Lange. Colección fsa/owi, Biblioteca del Congreso, EU