Creada en 1960 para proveer de vivienda digna a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a sus familiares, la legendaria Unidad Independencia es una verdadera ciudad dentro del Distrito Federal. Con tres barrios, 150 mil metros cuadrados de áreas verdes, 15 mil de andadores, plazas y canteros, 17 mil de vialidades, 20 mil metros lineales de tubería de agua potable, 22 mil de drenaje y riego, 60 mil árboles, más de 650 luminarias, 2 235 viviendas, un teatro, un cine, un deportivo, una plaza cívica, una clínica, un centro de convenciones, un núcleo de talleres artesanales, tres escuelas primarias y una guardería, este enclave se ubica en un enorme terreno aledaño a lo que hoy es el periférico sur, entre las avenidas San Bernabé y San Jerónimo, en la delegación Magdalena Contreras.

Desde 1982, cuando el imss le vendió su vivienda a los antiguos arrendatarios y convirtió lo que era una obra social del gobierno revolucionario en un enorme condominio, un fideicomiso comenzó a administrar la Unidad. Después de 19 años y como parte del desmantelamiento general del imss, en diciembre de 2001 el Fideimss emprendió la retirada de su papel administrativo y dejó la Unidad en un grave estado de indefensión jurídica. Con esto, la Unidad no se torna de facto ni en estricto sentido parte pública de la delegación Magdalena Contreras, pero tampoco el imss hizo una entrega plena de diversas áreas que por decreto presidencial pertenecen al condominio y que este instituto aún mantiene bajo su control.

Así, sus más de 2 mil familias se vieron en la necesidad de organizarse en una Asamblea de Condóminos que en los hechos comenzó un verdadero proyecto autogestionario para velar por el bienestar de una población de la cual el 25 por ciento es mayor de sesenta años, y donde el 60 por ciento de los dueños pertenece también a la tercera edad. Esta Asamblea, que nombró un Consejo de Vigilancia y un administrador, comenzó a asumir por sí misma la gestión de servicios, seguridad y mantenimiento, de acuerdo a los reglamentos establecidos por la Ley en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.

El Seguro Social fue doloso en este abandono, porque por un lado se quedó con el teatro, la plaza cívica, el edificio administrativo y el área del "ex zoológico" que operaba en otras épocas, y pretende entregarlos a la federación como si fueran bienes nacionales cuando son de los condóminos, y por otro lado entregó a un grupo de vecinos más de 7 mil metros cuadrados de estacionamientos que los posicionó para conformar un verdadero grupo caciquil que comenzó a amedrentar a la Asamblea legítima de los condóminos y a sus representantes con el fin expreso de apoderarse de la administración general de la Unidad.

En dos años, ese grupo comenzó a socavar las actividades de la Asamblea legítima, y ha establecido un verdadero clima de terror para miles de vecinos que, siendo ancianos, no son muy propensos a defenderse de ataques violentos y buscan en cambio la tranquilidad de sus últimos años de vida. El grupo porril diseñó entonces la estrategia de conformarse como asociación civil, se autonombró administración, espuria a todas luces, y comenzó a amedrentar a todos los vecinos e incluso a varios funcionarios. En un verdadero acto terrorista, por ejemplo, destruyó a hachazos más de 25 automóviles de personas que no aceptaron usar "sus" estacionamientos. Diversas autoridades legalmente elegidas por la Asamblea han recibido intimidación y amenazas de muerte. Existen diversas denuncias de lesiones y violencia, como ocurrió el 10 de agosto pasado por la noche, cuando fue agredido el ex presidente del Consejo de Vigilancia, Alfonso Arroyo Esquivel, uno de los líderes más visibles de la legítima Asamblea de Condóminos.

La Asamblea lucha por un proceso autogestionario de la gente común, muchos de ellos jubilados, que no responden a intereses de partido alguno ni a las consignas de organizaciones sociales o barriales que suelen montarse en esos movimientos trastocando su impulso. Su interés central es democratizar las decisiones que definan el futuro, la sobrevivencia y viabilidad de la Unidad buscando dignificar la vida de todos los habitantes en paz y colaboración. Como tal, la Asamblea exige al imss que termine de entregar las instalaciones a sus verdaderos dueños (incluido el teatro, la plaza cívica y el edificio administrativo) y que pague sus cuotas por las enormes construcciones dentro del condominio que sí son suyas (la clínica, el centro de convenciones, el cine y la guardería, por ejemplo). Exige a la Procuraduría Social del Distrito Federal que ayude con programas y recursos la enorme sangría que significa dar mantenimiento a esa "ciudad" y que reconozca y se comprometa plenamente con la Asamblea. A la Procuraduría de Justicia le exige garantías de largo plazo para que la gente pueda vivir en paz y seguridad. A la delegación, que formalice convenios de apoyo al condominio y sus legítimos representantes, por ser de interés social.

No la tienen fácil. Las dependencias del gobierno de la ciudad no se deciden plenamente a asumir las tareas que podrían aligerar la carga de trabajo y los recursos necesarios en este futuro incierto.

La Procuraduría Social, si bien otorgó algunos apoyos, no ha asumido una clara postura frente a la Asamblea legal y legítima que impida el crecimiento del grupo que infunde el terror en ese espacio, y el IMSS, alegando cargas y carencia de recursos (se rumora que muchos se fueron en la corrupción en varios niveles de operación de la institución), no parece siquiera responder al llamado de los vecinos, sobre todo ahora que su preocupación está en frenar, diluir o aplastar las protestas de grandes sectores sindicales.

En cambio, el grupo caciquil pretende hacerse dueño de un coto desde donde brincar a posiciones y espacios de poder dentro de la delegación Magdalena Contreras, convertir la unidad en un semillero de votos y correas de transmisión priísta, establecer mediante el miedo y la zozobra el control férreo en un espacio delimitado que les permitiría cobrar ilegales cuotas a los desprevenidos mediante una administración al margen de la ley, y acaparar terreno y propiedades dentro de la Unidad pues además del estacionamiento y los terrenos y edificios que el imss no ha entregado, se irían sobre las casas y departamentos de los ancianos y personas solas para despojarlos mediante engaños y argucias legales.

Por desgracia, la indefensión de la Asamblea se agrava porque la ley de condóminos le da mucho poder sobre su patrimonio pero no le otorga mecanismos de defensa contra gente que puede desarticular los esfuerzos de dicha asamblea, al ser un asunto "interno" que lo pone todo en el ámbito del derecho civil, a diferencia de una asamblea ejidal o comunal en donde las regulaciones agrarias permiten que una asamblea frene a los comuneros o ejidatarios que actúan según sus propios intereses. Es indispensable entonces que todas las instancias de gobierno reconozcan el carácter político del conflicto y el actuar delictivo de un grupo violento que quiere apoderarse de la vida y el espacio de la gente de la Unidad Independencia, y que actuén ya.