Los afectados, de Hidalgo; pagaron por un trabajo en EU

Analiza la PGJDF competencia para investigar fraude contra campesinos

SUSANA GONZALEZ G.

A pesar de las denuncias presentadas en esta capital contra la Fundación Médica Universal, la cual mediante "enganchadores" reclutaba campesinos de varios estados para supuestos empleos en Estados Unidos, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) deberá determinar si tiene competencia en la investigación del probable delito de fraude.

El fiscal para delitos financieros, Juan Carlos Chávez, informó que hasta el momento se han levantado cuatro averiguaciones previas, interpuestas por 13 campesinos originarios de Apan, Hidalgo, quienes acusaron a la fundación de ofrecerles empleo en tiendas de autoservicio de Estados Unidos, a cambio de que dieran 5 mil 500 pesos cada uno para los trámites migratorios y transportación.

Sin embargo, explicó que hasta el momento ninguna persona radicada en la capital ha presentado denuncia y la "cuestión de competencia se radica en el lugar donde se consuma el delito. Un claro ejemplo es el fraude cometido por Publi XIII: aunque las oficinas generales de esta empresa estuvieran aquí en el DF, hay afectados en otros estados y no todos los procesos se llevaron en la PGJDF".

No obstante, ya se cuenta con el retrato hablado de una mujer, llamada Connie Avila, quien era el contacto de los trabajadores de la fundación, pero se desconoce cuántos responsables más pudieran estar implicados toda vez que se trata de un sistema piramidal y tampoco se sabe cuántos campesinos más pudieron resultar afectados o cuál es el monto del dinero defraudado.

Chávez mencionó que con excepción de uno de los trabajadores de la fundación, quien también presentó una queja porque no se le pagó una comisión de 250 pesos por cada persona que reclutó, ninguno de los campesinos ha declarado en la PGJDF y sólo se cuenta con la denuncia por escrito que hicieron el mes pasado, con el llamado formato único de la dependencia.

La fiscalía investiga la existencia legal de la fundación mediante el Registro Público de la Propiedad y de la delegación Benito Juárez, donde supuestamente tenía su sede; también "por la Secretaría de Hacienda solicitamos informes, pero regularmente no nos lo proporcionan porque no está obligada con las autoridades ministeriales locales", dijo Chávez.