México y Japón firmaron un tratado comercial negociado durante dos años, que incluye la liberalización de productos agrícolas e industriales. Hace un lustro, un acuerdo de este tipo con la segunda economía del mundo habría despertado entusiasmo. Los límites exhibidos por el modelo derivado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte han causado que este nuevo pacto sea visto más como muestra de la incierta política económica exterior del gobierno que como medida real para diversificar las relaciones económicas.

Carlos Uscanga

La firma del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) por el presidente Vicente Fox y el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, abre otro capítulo en los nexos bilaterales. Las expectativas de aumentar los flujos comerciales y financieros es algo en que ambos gobiernos han insistido como resultado más importante, aunado al fortalecimiento de los lazos de cooperación económica y técnica. Sin embargo, ese optimismo contrasta con expresiones menos entusiastas en la opinión pública nacional y de sectores empresariales mexicanos.

Un lustro atrás el anuncio del establecimiento de un AAE con Japón habría sido considerado un éxito del gobierno mexicano para el impulso de la diversificación de sus relaciones económicas y la apertura de nichos de mercados en el Pacífico asiático. Ahora es considerado un resultado más de la aún incierta política económica exterior del gobierno actual.

Diversos factores han contribuido a lo anterior. En primer lugar, a 10 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) todavía se debate la valoración sobre la naturaleza y la intensidad de sus efectos en la economía. El desencanto y la crítica han persistido ante las promesas incumplidas de que ese mecanismo sería solución a los problemas nacionales. Por el contrario, se han agudizado las tensiones políticas y sociales.

En segundo lugar, tanto los empresarios como los funcionarios públicos reconocen que sólo ha habido un aprovechamiento parcial de la extensa red de acuerdos de libre comercio negociados con 42 países. En tercer lugar, parece escasa la identificación y mucho el escepticismo acerca de las posibilidades de establecer con Japón y el Pacífico asiático en general, una agenda de negocios viable, conforme a las capacidades y los márgenes de operación de las empresas mexicanas.

En Japón, el escenario no es muy diferente; la estrategia para impulsar acuerdos comerciales bilaterales de nueva generación no es discusión prioritaria. Pero sí para el gobierno y los hombres de negocios. Se calculaba que las empresas niponas tenían que erogar 400 mil millones de yenes al año por ser un país no signatario de un tratado de libre comercio con México.

El gobierno de Koizumi enfrentaba también límites en su capacidad de lograr consensos internos ante la resistencia de grupos políticos afines al sector agrícola y con gran influencia en el Parlamento. Los márgenes de negociación eran estrechos y los desacuerdos entre las entidades responsables de la burocracia japonesa parecieron agudizarse cada vez más.

Para Japón, era de suma importancia emprender una negociación de un AAE que incluyera de manera más específica disposiciones políticamente aceptables en el área de liberalización del sector agrícola, pues en el firmado con Singapur estuvieron virtualmente excluidos. Su estrategia era utilizarlo como marco referencial para acuerdos con futuros socios comerciales. México fue el candidato ideal por dos razones: por su importancia en el marco de las estrategias de inversión de las corporaciones japonesas que se han hecho más intensas con el TLCAN, y porque las exportaciones mexicanas cubrían un porcentaje muy limitado de productos agrícolas políticamente sensibles para Japón.

En 2001 se iniciaron los trabajos del grupo de estudio para el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales entre México y Japón. Este grupo presentó un reporte final que recomendó el inicio de las negociaciones formales anunciadas en el marco de la reunión de APEC en 2002 en Los Cabos. Así, las exportaciones agrícolas mexicanas ascendieron a casi 53 mil millones de yenes, de los cuales unos 25 mil millones correspondieron a ventas de carne de puerco, representando un poco más de 6 por ciento de participación en el mercado nipón.

La urgencia era para Japón, pues deseaba profundizar su renovada estrategia de política comercial consistente en firmar acuerdos comerciales con países como Corea del Sur. México empleó en Tokio la vieja táctica de "ver y esperar", muy conocida por Japón, buscando capitalizar mayores porcentajes de acceso de mercado para los productos mexicanos y reiteradamente amenazó con su retiro de la mesa de negociaciones cuando la contraparte no ofrecía concesiones sustanciales.

Tras 16 meses de difíciles negociaciones, ambos gobiernos anunciaron su conclusión el pasado marzo y seis meses después se logró la firma del AAE, que espera la ratificación por las respectivas legislaturas para su entrada en vigor.

México ha anunciado un incremento anual de 10.6 por ciento de las exportaciones, en especial las agrícolas y los alimentos, con una capacidad de creación de empleos, directos e indirectos, de 80 mil plazas anuales. Se prevé el aumento de la inversión extranjera directa japonesa en 12.7 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Al mismo tiempo, se han enfatizado los beneficios para los consumidores mexicanos que podrán obtener a un costo menor, productos de alto valor agregado exportados por Japón.

El AAE define las formas de desgravación arancelaria de manera gradual, pero se identifican sectores donde los plazos serán inmediatos. De igual forma, se precisan cuotas de acceso al mercado agrícola japonés con beneficios a las exportaciones de cárnicos y cítricos, en particular el jugo de naranja.

Es un hecho que el AAE ofrece de manera integral un marco de mayor certidumbre en los nexos económicos e identificará oportunidades para los negocios. No obstante, debe insistirse en que sus efectos serán observados a mediano y largo plazos, si los agentes económicos visualizan como opción real el acceso al mercado japonés.

Empero, el creciente escepticismo sobre los beneficios de un AAE ha estado presente en diversos medios. Sectores empresariales insisten en su rango limitado y en la poca accesibilidad del mercado japonés ante el mantenimiento de un conjunto de barreras no arancelerias y técnicas. Otros señalan la mermada capacidad de respuesta de la industria exportadora mexicana como resultado de los límites de la política comercial e industrial.

Pese a esas expresiones, es necesario reconocer que México buscó mantener contacto cercano con grupos empresariales durante la negociación del AAE. El cabildeo y las consultas fueron usados para apuntalar la posición mexicana y aumentar los rangos de la oferta negociadora de Japón, en ocasiones rompiendo el protocolo y sorprendiendo a la contraparte nipona.

El resultado está listo. Sólo resta que los sectores involucrados asuman sus responsabilidades y actúen de manera conjunta, para que ese AAE no pase a integrarse en el inventario de productos subutilizados de la política económica exterior de México §

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