Miguel Concha

Déficit y asechanzas de la democracia

El pasado jueves concluyó el Seminario Internacional sobre Democracia, Política y Estado, organizado por el gobierno y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su finalidad académica fue la de analizar y ampliar la discusión en cuanto al Informe sobre la democracia en América Latina, publicado por el PNUD en abril de este año (http://democracia.undp/ Default.Asp).

Más allá de su inevitable generalidad y de sus evidentes lagunas, como es el caso del reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indios en el Estado nacional, el informe tiene la virtud de replantear e impulsar el debate acerca de algunas de las causas que amenazan la gobernabilidad: el fracaso del Consenso de Washington para generar desarrollo, la pérdida de soberanía del Estado, su incapacidad para asegurar el bienestar social, su divorcio creciente de la sociedad civil, el crecimiento astronómico de la pobreza y la crisis de representatividad de los partidos políticos y de los gobiernos. Todo lo cual pone en riesgo la estabilidad de los regímenes democráticos, hasta tal punto que hoy en día una proporción sustancial de latinoamericanos valora el desarrollo económico por encima de la democracia, y estaría dispuesta a dejarla de lado, en caso de que un gobierno no democrático estuviera en posibilidad de solucionar sus problemas económicos.

Alarmados por tal contradicción, algunos de los anteriores promotores de las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial también están de vuelta. En efecto, el informe demuestra que las reformas estructurales asociadas con el Consenso de Washington no han desatado el crecimiento económico que atienda las demandas de la población, como ingenuamente se creyó hace 30 años, y que hoy en día más de 43.9 por ciento de la población latinoamericana viva en la pobreza, y más de 19.4 por ciento en la miseria.

El informe, que fue elaborado también con la participación de 32 presidentes o ex presidentes, señala con toda claridad la pérdida de libertad de los gobiernos frente a los organismos internacionales, y durante el seminario se denunció a los "nuevos policías que controlan la globalización desde Wall Street, creyentes de la nueva religión, que es la revisión y calificación por sus agencias del riesgo-país para las inversiones".

"Hemos perdido capacidad de decisión nacional -expresó un presidente durante la elaboración del informe-, puesto que los organismos internacionales establecen condicionalidades que atentan contra el propio crecimiento y... en fin, contra la democracia". Y durante el seminario se afirmó que "se vale la economía de mercado, pero no la sociedad de mercado, y menos, la política de mercado".

El informe denuncia igualmente a los poderes fácticos que internamente obstaculizan el ejercicio democrático del poder, y entre ellos a las fuerzas armadas, la clase empresarial y los medios masivos de comunicación. Y menciona distintos mecanismos por medio de los cuales los empresarios condicionan al gobierno: su capacidad de influencia se basa en el hecho de que financian campañas electorales, toman las decisiones de inversión, y con su poder económico condicionan la conducta de todos los órganos del Estado.

Los efectos son bastante negativos: "Nosotros tenemos una democracia desvinculada del interés general -expresó un político durante la elaboración del informe-, y fundamentalmente vinculada a factores fácticos que terminan por oligarquizar (sic) la economía del país y cambiar el gobierno democrático por un gobierno plutocrático".

Todo ello hace que Guillermo O'Donnell, uno de los teóricos más reputados en algunos de los círculos académicos y políticos de América Latina, haya planteado en el seminario la urgente necesidad para los latinoamericanos de formular un nuevo derecho humano: el derecho individual y colectivo a un Estado copromotor de nuestra soberanía y garante de nuestros derechos sociales, mencionando al menos entre estos últimos la salud, la educación y el empleo.

Otro de los ponentes, Alejandro Foxley, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de Chile, propuso el cambio de políticas macroeconómicas y sociales "procíclicas", generadoras de la desigualdad y la pobreza, por políticas "contracíclicas", que aseguren el empleo y la distribución del ingreso. Para el caso mexicano, el propio presidente del Instituto Federal Electoral expresó que si bien se ha avanzado en el cumplimiento de derechos civiles fundamentales, todavía tienen que asegurarse mejor los derechos políticos y, desde luego, hay un déficit notable en los derechos sociales. "Hay ciudadanía social de baja intensidad, porque padecemos un Estado social de baja capacidad".