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México D.F. Sábado 11 de septiembre de 2004
La obligación de la SCJN es evitar que
se tuerza la ley con fines políticos: Alonso Raya
Nueva andanada de legisladores de PT, PRI y PRD contra
Azuela Güitrón
La inclinación ideológica del togado contaminó
el dictamen, afirma Oscar González
ROBERTO GARDUÑO
El involucramiento del presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, en la politización
del proceso de desafuero al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés
Manuel López Obrador, siguió a debate en la Cámara
de Diputados, donde representantes de los partidos de la Revolución
Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Revolucionario Institucional
(PRI) manifestaron críticas al ministro y en menor medida fue objeto
de reconocimiento.
Miguel
Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD, atribuyó a las declaraciones
del ministro Azuela un fondo de politización inconveniente para
el tema del desafuero al jefe de Gobierno del Distrito Federal. "La Suprema
Corte debería ser totalmente apegada a la ley e imparcial. Su actitud
debería ser en todo momento la de estar dispuesta a revisar el asunto
para que no se tuerza la ley con el objeto de complicar derechos políticos
a una persona".
Por su parte, Oscar González, del PT, sostuvo la
tesis del equilibrio de poderes, porque los integrantes de la SCJN deben
apegarse a los derroteros de la ley. "Azuela es un hombre que tiene sus
inclinaciones ideológicas y evidentemente él no simpatiza
con el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador.
La pregunta es si prevalece sobre él la ley o su simpatía".
Y es que, dijo el legislador, la ley se debe utilizar
en beneficio de la población, "es decir, tendrían que ayudar
a Andrés Manuel, y con asistirle me refiero a no ser estrictos,
es como decir que te faltaron dos clavos en una construcción de
40 pisos y por eso no cumpliste, eso no puede ser así. Ellos saben
que si lo desafueran están tomando, sin quererlo, parte política
y al no hacerlo también. Tienen que actuar sobre la ley, pero también
deben tener visión social y visión política, no pueden
esta ajenos, ellos saben que cualquier decisión que tomen impacta
políticamente en un sentido o en otro".
En el mismo tono, Alfonso Ramírez Cuéllar,
coordinador económico de la bancada del PRD, refirió que
la presidencia de la SCJN "actúa con mucha parcialidad. Lo que se
denota es que pesa más un criterio de diferencias políticas
expresado con mucha claridad y de manera reiterada por el ministro Azuela.
Lo importante aquí es garantizar que no haya ningún ingrediente
de carácter político que contamine cualquier resolución.
Las apariciones en público de algunos ministros denotan una opinión
sobre una serie de acontecimientos que se están presentando en el
país y, por lo tanto, eso los lleva a actuar a veces con cierta
parcialidad y creo que en el caso del desafuero, en el caso de López
Obrador, se influye en determinada medida".
Quien discrepó de perredistas y el petista fue
el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra,
para quien el ministro Mariano Azuela Güitrón "es un abogado
muy prestigiado y respetado en el medio. El simplemente hizo un llamado
a respetar el estado de derecho, y un llamado como ese, viniendo del presidente
de la SCJN, no puede ser censurable, el ministro Azuela no está
formulando juicios de valor, no está diciendo si López Obrador
o Fox son buenos o malos, ni ha criticado a los diputados, hizo un llamado
a respetar el estado de derecho y un voto de censura a aquellos diputados
que violentan las disposiciones del Poder Judicial".
-¿No hay nada que reprocharle? -se insistió.
-En lo absoluto. El presidente de la SCJN es el titular
del Poder Judicial federal, es el presidente del Consejo de la Judicatura
Federal y tiene derecho de opinión estando en su materia, además
no olvidemos que acabamos de reformar el artículo 79 de la Constitución
para dar derecho de iniciativa en su materia, sólo faltaba que el
maestro no pudiera hablar, digo, sería tanto como cortarle la lengua.
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