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México D.F. Sábado 11 de septiembre de 2004

La obligación de la SCJN es evitar que se tuerza la ley con fines políticos: Alonso Raya

Nueva andanada de legisladores de PT, PRI y PRD contra Azuela Güitrón

La inclinación ideológica del togado contaminó el dictamen, afirma Oscar González

ROBERTO GARDUÑO

El involucramiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, en la politización del proceso de desafuero al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, siguió a debate en la Cámara de Diputados, donde representantes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Revolucionario Institucional (PRI) manifestaron críticas al ministro y en menor medida fue objeto de reconocimiento.

Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD, atribuyó a las declaraciones del ministro Azuela un fondo de politización inconveniente para el tema del desafuero al jefe de Gobierno del Distrito Federal. "La Suprema Corte debería ser totalmente apegada a la ley e imparcial. Su actitud debería ser en todo momento la de estar dispuesta a revisar el asunto para que no se tuerza la ley con el objeto de complicar derechos políticos a una persona".

Por su parte, Oscar González, del PT, sostuvo la tesis del equilibrio de poderes, porque los integrantes de la SCJN deben apegarse a los derroteros de la ley. "Azuela es un hombre que tiene sus inclinaciones ideológicas y evidentemente él no simpatiza con el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es si prevalece sobre él la ley o su simpatía".

Y es que, dijo el legislador, la ley se debe utilizar en beneficio de la población, "es decir, tendrían que ayudar a Andrés Manuel, y con asistirle me refiero a no ser estrictos, es como decir que te faltaron dos clavos en una construcción de 40 pisos y por eso no cumpliste, eso no puede ser así. Ellos saben que si lo desafueran están tomando, sin quererlo, parte política y al no hacerlo también. Tienen que actuar sobre la ley, pero también deben tener visión social y visión política, no pueden esta ajenos, ellos saben que cualquier decisión que tomen impacta políticamente en un sentido o en otro".

En el mismo tono, Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador económico de la bancada del PRD, refirió que la presidencia de la SCJN "actúa con mucha parcialidad. Lo que se denota es que pesa más un criterio de diferencias políticas expresado con mucha claridad y de manera reiterada por el ministro Azuela. Lo importante aquí es garantizar que no haya ningún ingrediente de carácter político que contamine cualquier resolución. Las apariciones en público de algunos ministros denotan una opinión sobre una serie de acontecimientos que se están presentando en el país y, por lo tanto, eso los lleva a actuar a veces con cierta parcialidad y creo que en el caso del desafuero, en el caso de López Obrador, se influye en determinada medida".

Quien discrepó de perredistas y el petista fue el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, para quien el ministro Mariano Azuela Güitrón "es un abogado muy prestigiado y respetado en el medio. El simplemente hizo un llamado a respetar el estado de derecho, y un llamado como ese, viniendo del presidente de la SCJN, no puede ser censurable, el ministro Azuela no está formulando juicios de valor, no está diciendo si López Obrador o Fox son buenos o malos, ni ha criticado a los diputados, hizo un llamado a respetar el estado de derecho y un voto de censura a aquellos diputados que violentan las disposiciones del Poder Judicial".

-¿No hay nada que reprocharle? -se insistió.

-En lo absoluto. El presidente de la SCJN es el titular del Poder Judicial federal, es el presidente del Consejo de la Judicatura Federal y tiene derecho de opinión estando en su materia, además no olvidemos que acabamos de reformar el artículo 79 de la Constitución para dar derecho de iniciativa en su materia, sólo faltaba que el maestro no pudiera hablar, digo, sería tanto como cortarle la lengua.

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