México D.F. Viernes 10 de septiembre de 2004
Gilberto López y Rivas
Simposio internacional de autonomía en Nicaragua
En el contexto de una movilización popular y la paralización total de Bilwi (Puerto Cabezas), capital de la región autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, en protesta por violaciones del go-bierno central al estatuto autonómico, se clausura hoy en Managua el cuarto simposio internacional de autonomía, el cual da continuidad a los tres anteriores, que fueron tan importantes para las luchas de los pueblos indios en el ámbito nacional y continental.
El primero (julio de 1986) fue crucial para el establecimiento de un régimen de autonomía regional en Nicaragua; en particular, sus debates fueron muy útiles para la definición de su marco jurídico, que finalmente se concretó en la ley número 28 o estatuto de autonomía en 1987.
Recordemos que este primer simposio tuvo lugar en el marco de la agresión económica, política, militar y diplomática de Estados Unidos contra la asediada revolución sandinista. La autonomía desactivó la guerra en la Costa Caribe nicaragüense y sirvió como articulación de la unidad nacional en la pluralidad étnica y lingüística de un territorio histórica y culturalmente dividido.
El segundo simposio (noviembre de 1992) se realiza durante la cúspide de la campaña 500 años de Resistencia Indí-gena, Negra y Popular, que tanto representó en la concientización del movimiento autonómico en todo el continente americano y, en lo interno, a 18 meses de constituidos los primeros consejos regionales autónomos, máximas instancias de gobierno en el espacio regional.
El tercero (octubre de 1997) se efectúa después de siete años de gobiernos neoliberales y durante él se ratificó a la autonomía como instrumento de unidad de todos los pueblos y las comunidades étnicas de la Costa Caribe en defensa de los recursos naturales de sus territorios autónomos.
A 17 años del establecimiento de la autonomía regional en Nicaragua, el cuarto simposio ha deliberado en torno a las repercusiones de carácter histórico que este proceso tuvo en la reconfiguración de los marcos jurídico-políticos de los estados naciones latinoamericanos. Para la propia Nicaragua significó:
a) el reconocimiento de la pluralidad de los orígenes étnicos, lingüísticos, culturales y regionales en la composición nacional del Estado; b) el inicio de la solución pacífica de un conflicto armado que la revolución sandinista provocó de cierta manera por sus graves errores en el manejo de la problemática étnica en la Costa Atlántica, mismos que ocasionaron un desencuentro inicial del gobierno revolucionario con sus habitantes; c) los primeros pasos de una reconciliación nacional que fortalece las lealtades e identidades étnicas y las nacionales, que van complementándose en el desarrollo del proceso autonómico; d) el establecimiento de una base territorial y un régimen político definidos en la Constitución y las leyes secundarias que forman los fundamentos mismos de la autonomía.
En la reunión se planteó la necesidad de continuar profundizando la autonomía a partir de seguir fortaleciendo el sujeto autonómico en todos los órdenes. Como enseña el caso mexicano, es necesaria la existencia de un interlocutor, de un actor político que represente al colectivo frente al Estado y la sociedad y, sobre todo, que se sitúe por encima del interés partidario, individual o de grupo. En Nicaragua, como en México, los partidos políticos nacionales han mantenido una posición etnocéntrica e intrumentalista en relación con los movimientos indígenas y los procesos autonómicos, actuando a partir de sus necesidades políticas sin tomar en cuenta las reivindicaciones de los pueblos y las comunidades.
En las mesas de trabajo del simposio se insistió en la necesidad de preparar cuadros en todas las esferas de la administración del Estado, el manejo de los recursos naturales, y en todas las áreas de los servicios de educación, salud, etcétera. Especialistas con formación profesional de excelencia y una motivación sostenida de servicio a la comunidad. Esto es imposible sin la participación de los jóvenes y las mujeres, que en algunas de las culturas de la costa sufren discriminación y carecen de oportunidades para desarrollarse. No olvidemos que recientemente el subcomandante Marcos expresó una autocrítica por no haber incorporado suficiente número de mujeres en las juntas zapatistas de buen gobierno, situación que parece prevalecer en las prácticas autonómicas de Nicaragua y otros países de América Latina.
Afortunadamente para la autonomía en Nicaragua, se cuenta en la Costa con dos instituciones de educación superior que se han ganado el reconocimiento de propios y extraños: la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (Uraccan) y la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU).
Estas dos instituciones, a falta de un interlocutor reconocido por todos los actores políticos, han jugado papel fundamental en conciliar intereses y afianzar alianzas en favor de la autonomía. La Uraccan, en particular, ha mantenido en alto la bandera de la autonomía en situaciones graves, que no han sido pocas durante estos años.
En Nicaragua, como en México, se tiene conciencia de que autonomía significa ejercicio de participación constante en todos los niveles del gobierno, de que la base de sustentación autonómica se encuentra en las comunidades, en los barrios de las zonas urbanas, en los sectores activos de la sociedad civil costeña. Pese a los retos y obstáculos, que parecen inconmensurables, podemos afirmar que la autonomía en Nicaragua goza de cabal salud.
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