En breve, resultados
de la auditoría de la SFP a fondos entregados a Provida La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que durante los primeros 15 días del mes de septiembre dará a conocer los resultados de la auditoría que realiza a la reasignación de 30 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Salud a Provida. En 2003, esta organización recibió también fondos del Programa de Conversión para el Desarrollo Social en el Distrito Federal, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, informaron promotoras de dicho programa. Las informantes, que solicitaron el anonimato, señalaron que el año pasado Provisa obtuvo dinero del Programa de Coinversión para el Desarrollo Social en el DF a través de un proyecto para apoyar a las madres solteras, y a mediados del 2003, por sus declaraciones en contra del derecho de las mujeres a abortar en caso de violación, se dieron cuenta que eran de derecha, pero no les retiraron el apoyo, "porque no se puede". No es fácil, dicen, identificar a las organizaciones que meten sus solicitudes y tienen una posición extremadamente conservadora, aunque existe un comité evaluador; si se presentan por primera vez es más complicado saber de dónde provienen y cuáles son sus intenciones e ideas y si son de Provida, porque no se les investiga. Hay varios grupos que desde hace algunos años, piden el recurso continuamente y se les otorga, ya se les conoce, más no ocurre lo mismo con los de primer ingreso, señala la fuente. El recurso del 2004 para la coinversión es de 2 millones de pesos, informó Miguel Ortega, responsable del programa, quien depende de la Dirección de Equidad y Desarrollo Social. Este año, se recibieron 199 proyectos y fueron aprobados 112; de éstos, 34 son lidereados por mujeres. El monto máximo que se otorga para cada grupo es de 250 mil pesos y el mínimo es de 70. Quienes solicitan ese dinero deben trabajar temas relacionados con la juventud, la mujer, la violencia familiar, las y los indígenas, las políticas públicas y la participación ciudadana. El mes pasado se organizó el Segundo Encuentro de Organizaciones de Coinversión Social en el Parque Ecológico Guayamilpas, sin embargo la mayoría de las y los asistentes eran integrantes del gobierno: del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, de las delegaciones territoriales, del DIF-DF, de la Procuraduría Social, quienes señalaban que habría que buscar respuesta a la pregunta de ¿por qué no asistieron las organizaciones sociales, como sí ocurrió en el primer encuentro? Las escasas agrupaciones asistentes se quejaban de que a pesar de que ya estamos a más de la mitad del año, todavía no habían recibido los recursos correspondientes y tenían estancadas algunas de las actividades programadas para ejercer ese presupuesto. Ortega señaló que el programa de coinversión surgió en 1998, con el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y la Organización Holandesa para la Cooperación Internacional al Desarrollo, con la idea de "reforzar procesos de articulación y cooperación entre las organizaciones civiles y el gobierno del DF" y convocarlas a encuentros para "construir una agenda temática y territorial". En los tres años que lleva de aplicarse en forma el programa, afirmó, se han apoyado 400 proyectos, y hasta cuatro veces ha recibido el apoyo económico un mismo grupo social. Desde que se destapó el desvío de los 30 millones de pesos a Provida, restados de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados a la atención de los problemas de salud derivados del VIH-Sida, señala, las áreas que proporcionan apoyos económicos "están en la mira de los periodistas", no obstante explica que los programas de coinversión tienen continuamente auditorías internas y son vigilados por la Contaduría Mayor de Hacienda: "si una organización no comprueba el ejercicio de los recursos, no tiene derecho a participar nuevamente". Por otro lado, representantes de las seis organizaciones no gubernamentales (ong) que descubrieron las irregularidades en la asignación de recursos, se reunieron con el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero, para demandarle que se den a conocer los resultados de la auditoría que la dependencia realizaría a este respecto. Solicitaron además se
deslinden responsabilidades administrativas y penales a las que haya
lugar por el desvío de los 30 millones de pesos asignados originalmente
a programas de prevención y atención del VIH/Sida, y que
en lugar de ello se destinaron para la compra de tangas y artículos
de lujo. En este sentido, reconoció la labor de estas organizaciones que han 舠abierto brecha舡 en la revisión de las cuentas del gobierno y cuyo trabajo se corresponde con una nueva manera de ver la relación entre los gobernantes y los ciudadanos. Con respecto al llamado Tangagate
está pendiente la solicitud de juicio político a Luis
Pazos -encargado de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública
en la pasada legislatura- a quien se acusa de haber desviado 30 millones
de pesos a Provida. Por su parte, la Secretaría de Salud eliminará
de su proyecto de presupuesto para el 2005 la asignación de recursos
para organizaciones de Provida, aseguró su titular, Julio Frenk
Mora. (Aleyda Aguirre e información de Gire) |