Miguel Concha

Cuarto Informe

En su afán por esgrimir un compromiso democrático, cuestionado dentro y fuera del Congreso por distintas acciones de su gobierno, el titular del Ejecutivo federal aludió en varias ocasiones a la participación de la sociedad en la solución de los problemas nacionales, y a la promoción y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, ambos asuntos, que están estrechamente relacionados en la República que todos deseamos, requieren también desde ya el reconocimiento y la enmienda de errores y, sobre todo, la voluntad de transitar de los debates a los resultados.

Un caso típico, entre los muchos que pueden recordarse, es el del reconocimiento constitucional y legal de los derechos humanos, tal y como han sido ratificados por el gobierno mexicano. El Presidente dijo, en efecto, que su gobierno "presentó en abril una iniciativa de reforma que propone atribuir al Estado la obligación constitucional de garantizar los derechos humanos", buscando con ello "que su protección sea responsabilidad de los tres órdenes de gobierno". Ello no obstante, todos sabemos que el 26 de abril el mandatario firmó sorpresivamente una iniciativa de reforma que, entre otras cosas, no otorga a los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos el mismo rango que a la Constitución, modificada a última hora por el Jurídico de la Presidencia, y alejada sustancialmente de la que por meses había sido consensuada por las organizaciones civiles con las secretarías de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, y acordada en principio con la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos.

En tal virtud, y como lo sabemos por experiencia, es muy difícil que los derechos humanos, que de por sí son ya obligaciones de todo el Estado, puedan ser realmente mejor protegidos en el futuro por los tres órdenes de gobierno. A ello se debe que las organizaciones civiles hayan cuestionado a las autoridades su verdadero carácter de interlocutor confiable, recordándoles que la participación de la sociedad en las políticas públicas es un derecho consagrado en la Ley de Planeación (artículo 20), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23.1), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25). Se les recordó igualmente que la satisfacción de dicho derecho supone al menos tres obligaciones por parte de un Estado democrático: tiene que ser una participación temprana, es decir, cuando todavía no se haya tomado la decisión y todas las opciones sigan abiertas; informada, lo que significa que haya información disponible de los asuntos sobre los cuales se va a tomar la decisión, y democrática, es decir, que la sociedad pueda realmente hacer valer sus puntos de vista, y la decisión que se tome sea con base en ello.

La reciente Ley General de Desarrollo Social obliga además, en su artículo 61, a los tres niveles de gobierno a garantizar a la sociedad su participación "de manera activa y corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social". Todo lo cual excluye el establecimiento de mesas inútiles de discusión, que no han llevado a nada y, peor aún, que concluyen en resultados contrarios, sobre todo cuando se trata de principios que de ninguna manera son negociables, como es el caso de los derechos humanos.

Si es verdad que construimos, como dijo el Presidente, una democracia de ciudadanos, y que nuestra democracia exige que vivamos de acuerdo con las normas de un estado de derecho, ello requiere que el gobierno le dé a los derechos humanos toda la prioridad que se merecen, por encima de "la diversidad de intereses y visiones". Esperamos que como expresión de que "lo mejor está por venir", la aprobación del programa nacional de derechos humanos -en el que tiene que ser asumido el diagnóstico de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionado en la entrega del Informe- se ajuste ahora a estos criterios y a esta nueva actitud.

El mensaje presidencial hizo también referencia a la construcción de una nueva economía, que permita "llevarnos a la igualdad de oportunidades, y a facilitar el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas, para hacer realidad los derechos sociales y económicos", y mencionó que la nueva "Ley de Desarrollo Social (sic) asegura que cada mexicano disfrute de los derechos sociales consagrados en la Constitución" (Ƒ?). ƑEstará realmente el gobierno federal dispuesto a relaborar sus políticas sociales con el criterio de los derechos humanos? ƑEstará dispuesto a modificar su política financiera y, sobre todo, su política económica? Aunque es lo que la mayoría de la sociedad espera, el futuro próximo lo dirá.