No dará marcha atrás en el caso de los altermundistas

El gobierno de Jalisco mintió a comisión de derechos de la ONU

A pesar de que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Carlos Manuel Barba García, aseguró que existe un compromiso del gobierno del estado para instalar una mesa de diálogo y "analizar" el informe especial de su homóloga nacional (CNDH) sobre el caso de los altermundistas detenidos en mayo pasado, Francisco Ramírez Acuña, mandatario de esa entidad, reiteró su rechazo a aceptar la recomendación del organismo nacional, y afirmó que "ya di mi palabra y fijé mi postura hace dos semanas".

De acuerdo con declaraciones de Barba García, en una breve reunión con el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Anders Kompass, Ramírez Acuña aceptó instalar una mesa de diálogo para buscar una solución al conflicto, "aunque sin establecer una fecha definida para el inicio de los trabajos ni modificar su posición inicial sobre el informe de la CNDH".

Más tarde, tras participar en la quinta Reunión Regional de Seguridad Pública de Occidente, el gobernador estatal insistió en que no reconsiderará su postura.

Al respecto, representantes de diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos aseguraron que la omisión en que incurre el gobierno de Jalisco, al negarse a investigar los casos de tortura denunciados por los altermundistas detenidos, abre la posibilidad de que el caso se presente ante organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "pues tanto el Estado mexicano como las autoridades locales incumplen su obligación de investigar y sancionar cualquier caso de tortura".

Indicaron que a pesar que el gobierno de la entidad aceptó instalar una mesa de diálogo para "analizar" el informe especial, la actitud del gobierno local "deslegitima" el trabajo que realizan los organismos públicos de defensa de los derechos humanos y "sienta un precedente negativo ante los acuerdos y tratados suscritos por México para erradicar la tortura".

Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expresó que luego de agotar todas las instancias jurídicas nacionales podría iniciarse el proceso de denuncia ante diversos organismos internacionales, "con lo que se buscará presionar tanto a autoridades federales como locales para que cumplan los acuerdos pactados en la materia".

Reiteró que el riesgo por el incumplimiento de una recomendación de la CNDH no sólo es la "deslegitimación" del trabajo de un organismo público de defensa de los derechos humanos que tiene como base la fe pública, sino el resquebrajamiento de los esfuerzos por abatir la impunidad en la violación de las garantías fundamentales.

En entrevista por separado, Aurora de la Riva, abogada y coordinadora del programa de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que la actitud de autoridades federales y estatales evidencia a México como un país en el que se "tolera la indiferencia arbitraria de una autoridad estatal ante graves violaciones a las garantías individuales", lo cual conduce a un debilitamiento en la defensa de éstos.