Se podrían crear enfrentamientos entre procuradores

Pretenden otorgar a la PGR mayores atribuciones

Analistas consideran positiva la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversias

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El gobierno federal pretende que la Procuraduría General de la República (PGR) tenga facultades para presentar controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra gobernadores y procuradores estatales, con el propósito de evitar que las autoridades locales puedan emitir "un determinado acto dentro de la esfera de su competencia que invada las facultades del representante social de la federación conforme a las que concede el artículo 102 constitucional, cuya esencia deriva de la protección de la nación misma".

Lo anterior forma parte de la iniciativa integral al sistema de seguridad pública y justicia penal presentada el pasado primero de abril al Congreso de la Unión por la Federación, y que el pasado miércoles se incluyó en el anexo del cuarto Informe de Gobierno.

Dicha iniciativa refiere que: "al ser el Ministerio Público de la Federación el representante social de la nación, debe estar facultado para ser parte en las controversias constitucionales que versen sobre intereses de la Federación; de ahí que se considera apropiado conforme a esa naturaleza representativa, que pueda promover dichas controversias en contra del titular del Ministerio Público de alguna de las entidades federativas y aún en contra del Poder Ejecutivo local.

"Lo anterior, en razón de que tales titulares locales pudiesen emitir un determinado acto dentro de la esfera de su competencia que invada las facultades del Ministerio Público de la federación", puntualiza la propuesta de ley.

Juristas consultados ayer por este diario consideraron que la iniciativa puede generar mayores pugnas políticas entre autoridades federales y estatales, aunque confiaron en que si se aprueba la propuesta, la SCJN tendría que demostrar su imparcialidad y dirimir las diferencias entre autoridades.

Guillermo Zepeda, abogado y coordinador del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), indicó que la iniciativa presidencial que busca dar nuevas facultades constitucionales a la PGR, que pudieran derivar en enfrentamientos entre la dependencia que encabeza Rafael Macedo de la Concha y gobernadores o procuradores estatales, "de alguna forma es una causal de que problemas de naturaleza política sean judicializados, pero por otra parte me parece afortunado que sea ante un árbitro creíble y confiable como es la Suprema Corte, en la que se analizarían con atención los argumentos jurídicos, despolitizando el entorno entre dos partes".

Refirió que el máximo tribunal del país "ha dado antes acceso a las controversias constitucionales incluso a actores no enlistados en el artículo 105 de la Constitución, considerando que es una atribución amplia y que es preferible ventilar una controversia política a dejarla por cuestiones de forma sin respuesta".

Jesús Zamora Pierce, penalista y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales (AMCP), indicó que la facultad para promover una controversia constitucional "se refiere a la posibilidad de que una determinada persona o institución, en este caso la PGR, pueda someter al Poder Judicial de la Federación su opinión, en el sentido de que una ley es inconstitucional o fue indebidamente aprobada, es el derecho de formular una petición, pero no es una decisión".

Finalmente, consideró que aunque "reviste un carácter de enfrentamiento político" el hecho de que la PGR pueda quedar facultada para interponer una controversia contra autoridades estatales, lo que nos debe dejar tranquilos "es que ese tipo de problemas los resuelve finalmente la Suprema Corte, es decir jurídicamente".