Rechazo de Elorduy Walter a ley de información, la causa

Los poderes Ejecutivo y Legislativo de BC empiezan guerra en periódicos

ANTONIO HERAS CORRESPONSAL

Mexicali, BC, 2 de septiembre. El conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de Baja California ocupó hoy las planas de periódicos locales, pero esta vez por medio de desplegados, en los cuales trascienden amenazas veladas y directas entre ambos. El gobierno panista afirma que en la entidad "ya no hay impunidad como antes, ni habrá nunca más; lo cual incluye por supuesto los gastos del Poder Legislativo, por los cuales tendrá que responder".

El Poder Ejecutivo estatal afirma que en materia de transparencia, "como en todo", será la ciudadanía quien lo juzgue, aunque adelanta que la información que podría solicitársele con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información "ya se hace pública, inclusive vía Internet".

En el desplegado "Ante la desinformación, claridad", afirma que desde 1989 el gobierno estatal lleva registros de los recursos que ejerce, a diferencia de otras administraciones, "que los destruían", en alusión a los priístas.

La disputa epistolar comenzó el martes pasado, cuando el gobernador Eugenio Elorduy Walther publicó una carta en la que pide que "quede claro" que la Ley de Transparencia no se ha publicado por la suspensión provisional que le otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de determinar que es ilegítima la integración actual del Congreso local.

La contestación del Congreso estatal ocurrió al día siguiente, cuando envió una orden de inserción a algunos medios impresos de un texto que dirigió al "gobernador".

El Poder Legislativo estatal advierte que a pesar que la Ley de Transparencia es un reclamo social, el gobernador argumenta las diferencias con el Congreso local para rechazar su publicación, por lo que los diputados lo acusan de no respetar la división de poderes, invadir esferas e incumplir obligaciones como titular del Ejecutivo.

Al parecer, la guerra de papel continuará hasta el primero de octubre, cuando comience la nueva Legislatura, en la cual el PAN tendrá mayoría simple con 12, el PRI 11 y 2 el PRD.

El conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo empezó el 12 de junio pasado, cuando la "nueva mayoría" del Congreso local aplicó el reglamento de la Legislatura a siete diputados panistas, y los destituyó por abandonar el recinto parlamentario sin autorización de la mesa directiva.

En esa ocasión se aprobó la destitución de los blanquiazules, el inicio de juicio político contra el alcalde de Ensenada y del procurador de Justicia, además de la instrucción de auditorías a áreas sensibles de la administración del gobernador Elorduy Walther, entre ellas su secretaría particular y la Secretaría de Planeación y Finanzas.