Funcionarios menemistas obstaculizaron investigaciones

Absuelve tribunal a 22 presuntos implicados en atentado a la AMIA

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 2 de septiembre. El tribunal del juicio oral determinó hoy la absolución de los 22 presuntos implicados en la conexión local del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en julio de 1994, que dejó 85 muertos, más de 300 heridos y millones de dólares en pérdidas.

El tribunal adoptó la decisión ante la falta de pruebas y las graves irregularidades que marcaron el juicio más largo de la historia local, en que el juez Juan José Galeano y funcionarios del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) incurrieron en graves acciones de desviación, ocultación y destrucción de pruebas.

Al finalizar el juicio y después de analizar expedientes y escuchar a los imputados los elementos señalaban hacia funcionarios muy específicos, como Carlos Corach, ex ministro del Interior menemista, Carlos Ru-ckauf y otros bajo la mira de las próximas investigaciones, en este caso Hugo Anzorreguy, ex jefe de la Secretaría de Inteligencia.

Pero también caerá responsabilidad so-bre Rubén Berajas, ex dirigente máximo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Ar-gentinas (DAIA), quien asociado con Me-nem y detenido por hechos de corrupción habría obstaculizado las investigaciones.

Asimismo, se resolvió investigar a la abogada de la DAIA, también defensora de Berajas, Marta Nercellas, y a otros funcionarios judiciales. Los detenidos -la mayoría ex policías bonaerenses- llevaban entre ocho y 10 años presos sin condena.

El tribunal pidió investigar si incurrió en delito la anterior Comisión Bicameral que investigaba el atentado, en la que participaron ex diputados; entre ellos figuran políticas de diversos sectores. Cinco de los ex policías estaban acusados de participar en la conexión local del ataque a la AMIA.

Las irregularidades fueron múltiples y llevarán a juicio político al juez Juan José Galeano, filmado cuando pagaba 400 mil dólares a Carlos Telledín -principal imputado, delincuente y reducidor de automóviles robados- para que acusara a los policías que se involucró en los hechos.

Telledín estuvo preso 10 años y se sabía que, fuera de sus delitos, nadie jurídicamente podía acusarlo de haber vendido la supuesta camioneta Trafic que habría ex-plotado ante la AMIA.

Para los familiares de las víctimas el final de este juicio fue un golpe a sus esperanzas de justicia. Pero la revisión de los expedientes mostraba graves fallas.

Analistas señalan que los familiares también deben pedir cuentas a los gobiernos de Estados Unidos e Israel, cuyos servicios de inteligencia contribuyeron a desviar la investigación con informes imposibles de comprobar y, lo que es más grave, sesgados de acuerdo a las necesidades de la política exterior de estos países en Medio Oriente.