El magistrado chileno interrogará el lunes a Pinochet por la Operación Cóndor

Somete Juan Guzmán a proceso a 16 ex militares por ejecución de 37 izquierdistas

Entre ellos figura el ex general Manuel Contreras, jefe de la policía secreta pinochetista

ENRIQUE GUTIERREZ CORRESPONSAL

Santiago, 2 de septiembre. El juez chileno Juan Guzmán Tapia, quien investiga al ex dictador Augusto Pinochet, sometió hoy a proceso a 16 ex militares integrantes de la antigua Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), acusados de la desaparición y ejecución de al menos 37 miembros de un grupo izquierdista en 1975.

Entre los procesados aparece en primer término el ex general Manuel Contreras Se-púlveda, quien estuvo a cargo de la jefatura de la Dina, la policía política represiva de la dictadura pinochetista, régimen que se prolongó entre 1973 y 1990.

La investigación del magistrado apunta que Contreras y los otros 15 ex compañeros de la policía secreta pinochetista son responsables del llamado Plan Colombo, me-diante el cual fueron secuestrados 37 integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, algunos de cuyos cuerpos sin vida aparecieron después en varias ciudades de Argentina.

El plan en cuestión, diseñado por los servicios secretos chilenos, estuvo encaminado a hacer parecer que las muertes de los miristas eran resultado de una "guerra interna" entre ellos, y que en ese contexto se habían trasladado al vecino país.

De hecho, se estima que en total 119 personas desaparecieron bajo ese esquema diabólico ideado por la dictadura.

Contreras purgó una condena por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976, y aún sigue preso conforme a muchas otras investigaciones a que se encuentra sometido por los crímenes de la dictadura pinochetista en relación a las denuncias por las más de 3 mil muertes que se cometieron.

El juez Guzmán Tapia, quien se dispone a interrogar el próximo lunes a Pinochet con relación en la Operación Cóndor, rechazó este día una "recusación amistosa" presentada por la defensa del ex dictador para que dejara el caso, bajo el alegato de que tiene "animadversación" hacia su cliente.

Ante la negativa del juez, que desestimó categórico el alegato de "animadversación" al acotar que siempre ha habido respeto mutuo, la defensa del ex gobernante de facto pidió a la Corte Suprema que lo inhabilite para evitar el interrogatorio, al insistir en el argumento ya mencionado.

La defensa también argumentó que an-tes del interrogatorio del juez se debe someter a Pinochet a nuevos exámenes médicos, para determinar si su salud mental le permite enfrentar el proceso.

La base de esa argumentación estriba en el veredicto de la Corte Suprema del primero de julio de 2002, cuando tras aceptar que se le hicieran exámenes dictaminó que pa-decía "demencia moderada", lo que impidió que prosiguiera el juicio en su contra en el primer proceso que enfrentaba por el caso caravana de la muerte.

Mientras se decide si la Corte Suprema acoge la petición, Guzmán Tapia advirtió que si los asesores de Pinochet obstaculizan el interrogatorio del lunes próximo incurrirán en el delito de obstrucción de la justicia.

En tanto, la justicia chilena concluyó una pesquisa sin haber encontrado evidencias de restos humanos en un antiguo edificio judicial que perteneció al ejercito, ya derribado, al responder a denuncia de obreros y una agrupación de derechos humanos.