Reprocha García Solís la "respuesta larga"; Beltrones le recrimina sus protestas

Discuten PRI y PRD formato del Informe

Se deslinda el ex gobernador sonorense del "sitio policiaco" impuesto a San Lázaro

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

En el resabio del cuarto Informe de Vicente Fox, la primera sesión del periodo ordinario derivó en un debate entre PRI y PRD sobre la urgencia de que el Senado apruebe la reforma al reglamento del Congreso para que el Presidente de la República escuche de viva voz las posturas de los partidos políticos antes de que él haga uso de la tribuna.

Diputados de esos partidos se enfrascaron en una discusión que se inició cuando apenas abierta la sesión -en la que se aprobaron reformas a la Ley de Sociedades Cooperativas y al Código de Comercio-, el presidente de la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, Iván García Solís, interrumpió el desahogo de la agenda para intentar hacer un extrañamiento al presidente de la mesa, Manlio Fabio Beltrones, por su "larga respuesta" al Informe de Fox.

Según el legislador del PRD, Beltrones habría violado el artículo 7, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso, así como el 189 del reglamento, al utilizar 30 minutos en la respuesta en nombre del Congreso. En la Ley Orgánica, dijo, se establece "que el presidente del Congreso contestará el Informe en términos concisos y generales". Esto es, expuso García Solís, debió ceñirse "a los cinco minutos previstos para las intervenciones breves".

El priísta Héctor Gutiérrez de la Garza lamentó que fuera precisamente García Solís, presidente de la Comisión de Reglamento, quien pretendiera desacreditar a Beltrones, cuando fue el perredista quien violentó el artículo 7, numeral 3, que también establece que durante la sesión "no procederán intervenciones o interrupciones por parte de legisladores".

Refirió que durante el Informe García Solís "en diversas ocasiones, y sobre todo al final de la misma, interrumpió la sesión"; le recordó que en el citado artículo no se establece un límite de tiempo para la respuesta, y comentó que en su reunión plenaria, la bancada priísta acordó solicitar a la Junta de Coordinación Política la remoción del perredista de la presidencia de la comisión, con el argumento de que el sentido de su cargo no es compatible con su actitud del miércoles.

Iván García intentó defenderse y argumentó que en cualquier diccionario la palabra conciso es sinónimo de brevedad. El coordinador del PRD, Pablo Gómez, argumentó que constitucionalmente ningún legislador puede ser reconvenido por sus expresiones, por lo que nadie puede exigir la remoción de su compañero por dar a conocer sus puntos de vista.

García Solís aprovechó para insistir en que el formato del Informe es "insostenible, que sólo benefició al viejo régimen durante décadas", y que ajustarlo permitiría que la sesión respectiva se desarrollara "si no de manera tersa, por lo menos mejor ordenada, civilizada y productiva".

El panista Germán Martínez expuso que para el PAN la sesión se condujo conforme al formato vigente y demandó que, en todo caso, se inste al Senado a aprobar las reformas que en abril pasado votó la mayoría en San Lázaro.

A su vez, Beltrones planteó la necesidad de revisar el llamado agotamiento u obsolescencia del formato, sobre todo para evitar que, como ocurrió el miércoles, él debió llamar al orden a sus pares.

Asimismo, Emilio Serrano y Agustín Ramírez, del PRD, cuestionaron "el sitio policiaco" que se impuso al Palacio Legislativo, y Beltrones aclaró que él sólo solicitó a los gobiernos federal y local garantías para la realización de la ceremonia, pero que la magnitud del operativo es responsabilidad de las autoridades.

Durante la sesión, sin debate, el pleno aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que envió el Senado para adicionar el artículo 6-Bis del Código de Comercio, que establece la obligación de todos los comerciantes a conducirse conforme a los usos honestos en materia industrial y de ventas, así como de abstenerse de cometer actos de competencia desleal. También se aprobó el dictamen de reforma a la Ley General de Sociedades Cooperativas, para permitir que esas asociaciones establecidas en la ciudad de México puedan constituirse ante las delegaciones del Distrito Federal.

Entre las iniciativas que ayer se presentaron resaltó la de Dolores Gutiérrez Zurita, quien formuló un proyecto de reforma a los artículos 430 del Código Penal y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para sancionar con pena de cinco a 10 años de prisión a quien por cualquier medio obstaculice el libre ejercicio de las libertades de expresión y prensa, así como al que atente por vías de hecho, física, sicológica, violenta o económica contra los medios o periodistas en el desempeño de su labor, así como para que los jueces federales conozcan de delitos cometidos contra la prensa o de delitos graves contra informadores, pues hasta ahora los asesinatos en su contra se consideran ilícitos del fuero común.