Ex trabajadores de R-100 demandan participar en empresa y la entrega de concesiones

Denuncia penal en la PGR contra el grupo de Ricardo Barco

LAURA GOMEZ FLORES

Ex trabajadores de Ruta 100 presentaron una denuncia penal en la Procuraduría General de la República contra los dirigentes del Grupo Metropolitano de Transporte y autoridades de la administración capitalina, por incurrir en delitos como fraude y despojo, así como la operación de recursos de procedencia ilícita.

Angel Santiago García, representante de la agrupación de Transporte Alterno en Autobuses y Taxis Grupo 4 Alianza e integrada por mil 500 ex empleados, señaló que a partir de las "negociaciones realizadas por su anterior líder, Jorge Cuéllar, para su beneficio personal en detrimento del patrimonio del grupo", fue desconocido y decidieron continuar la lucha por su cuenta.

El primer paso, dijo, fue inteponer una denuncia penal contra Ricardo Barco, Fernando Guzmán y Gabino Camacho, que explotan las tres empresas del GMT y fueron creadas con el 28 por ciento de su liquidación hace nueve años y hoy se les niega la posibilidad de participar de sus utilidades o, por lo menos, recuperar el dinero invertido bajo el argumento de que "no hay dinero fresco cuando los informes de los bancos dicen lo contrario".

Además de incurrir en delitos como robo calificado, abuso de confianza, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero y violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el apoyo del actual subsecretario del Trabajo, Benito Mirón.

En conferencia de prensa, acompañado por un centenar de ex trabajadores reunidos en la explanada del Monumento a la Revolución, mencionó que en la denuncia también se incluyeron los nombres de ex funcionarios de la anterior administración capitalina como Rosario Robles, Leonel Godoy, Saúl Escobar, Manuel Fuentes, Jenny Saltiel y Francisco Garduño, quienes se negaron a cumplir con los acuerdos.

Mencionó entre ellos la entrega de 900 concesiones de taxis y autobuses para su explotación y "favorecer, violando la ley, a líderes desconocidos por las bases, pese a la presentación de pruebas y la toma de nota de la comisión liquidadora para la distribución de los bienes de la extinta Ruta 100", pruebas que fueron entregadas por escrito a la PGR para su análisis.

Por ello, confió en que la justicia estará del lado de quienes, con la única esperanza de contar con un patrimonio, arriesgó parte de su liquidación para la formación de las empresas Transportes Urbanos Nuevo Milenio, Servicios Metropolitanos de Transporte 17 de Marzo y Sistema de Transporte de Taxis, sin ser hoy partícipes de sus ganancias y menos de conducir alguna de las unidades. "Así que seguiremos conduciendo nuestras unidades piratas para mantenernos en pie de lucha", afirmó.