Más de 50% de la zona cultivable del país, en poder de comunidades: investigador

Fracasó el intento del gobierno de privatizar las tierras productivas

Las reformas al artículo 27 de la Constitución no rindieron frutos

LAURA POY SOLANO

A una década de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), más de 75 por ciento de la tierra productiva del país "no ha podido ser privatizada, pese a los esfuerzos del gobierno federal para abrir ese mercado a la especulación del capital extranjero", aseguró Luciano Concheiro Bohórquez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y especialista en el tema, quien agregó que la tenencia comunal de la superficie agrícola "aún es una tradición de sólido arraigo entre los campesinos".

En México, señaló, más de 104 millones de hectáreas, de un total de 196 millones, "son ejidos y propiedad de comunidades, es decir, más de 50 por ciento de la tierra cultivable del país, lo cual significa que los campesinos han hecho un enorme esfuerzo al remar contracorriente en los pasados 10 años para que no se privatice la tierra productiva".

Ante las medidas aplicadas por las autoridades federales para incentivar el régimen de propiedad privada entre los productores agrícolas y de ahí generar una especulación de tierras, aseguró que los campesinos han salvaguardado los predios productivos dentro de la comunidad, al rechazar cualquier programa que pretenda parcelar y privatizar. "Desde esta perspectiva, podemos considerar como rotundo fracaso la intención de regularizar la tenencia de la tierra orientada a su privatización."

El investigador de la UAM, quien estudia el impacto del TLCAN en el agro mexicano, aseguró que a casi 12 años de que se aprobara la reforma al artículo 27 constitucional, con la que el gobierno federal pretendía dar "certidumbre en la tenencia de la tierra para que los campesinos concretaran el proceso hacia la propiedad privada, ésta no ha rendido los frutos esperados, pues sólo 600 mil hectáreas en todo el país fueron registradas bajo dominio pleno y menos de la mitad optó por la propiedad privada".

Ante la intención de privatizar el campo mexicano, afirmó, los productores agrícolas decidieron proteger la superficie y colocaron más de 75 por ciento como de uso común, es decir, "no puede ser embargada, vendida ni privatizada bajo algún régimen de propiedad, lo cual significa que sacaron del mercado especulativo la mayor parte de la tierra cultivable".

Ello no quiere decir, destacó, que los productores agrícolas no vendan, compren o renten sus tierras, "pero es un proceso focalizado en zonas de playa, fronterizas o cercanas a las ciudades, que involucra un promedio de 3 millones de hectáreas que están dentro del mercado de tierras, lo cual significa que no estamos ante un fenómeno generalizado de destrucción masiva de ejidos".

Los agricultores, agregó, pese a la falta de políticas de apoyo y a un fenómeno migratorio que se agudiza, "conservan un estrecho vínculo con la tierra, a la que no sólo protegen como fuente productiva, sino como patrimonio para sus familias y la comunidad, lo cual dificulta aún más la aplicación de cualquier programa o política de privatización de tierras".