.. | México D.F. Lunes 30 de agosto de 2004
Más de 50% de la zona cultivable del
país, en poder de comunidades: investigador
Fracasó el intento del gobierno de privatizar
las tierras productivas
Las reformas al artículo 27 de la Constitución
no rindieron frutos
LAURA POY SOLANO
A
una década de la firma del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), más de 75 por ciento de la tierra productiva
del país "no ha podido ser privatizada, pese a los esfuerzos del
gobierno federal para abrir ese mercado a la especulación del capital
extranjero", aseguró Luciano Concheiro Bohórquez, investigador
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y especialista en
el tema, quien agregó que la tenencia comunal de la superficie agrícola
"aún es una tradición de sólido arraigo entre los
campesinos".
En México, señaló, más de
104 millones de hectáreas, de un total de 196 millones, "son ejidos
y propiedad de comunidades, es decir, más de 50 por ciento de la
tierra cultivable del país, lo cual significa que los campesinos
han hecho un enorme esfuerzo al remar contracorriente en los pasados 10
años para que no se privatice la tierra productiva".
Ante las medidas aplicadas por las autoridades federales
para incentivar el régimen de propiedad privada entre los productores
agrícolas y de ahí generar una especulación de tierras,
aseguró que los campesinos han salvaguardado los predios productivos
dentro de la comunidad, al rechazar cualquier programa que pretenda parcelar
y privatizar. "Desde esta perspectiva, podemos considerar como rotundo
fracaso la intención de regularizar la tenencia de la tierra orientada
a su privatización."
El investigador de la UAM, quien estudia el impacto del
TLCAN en el agro mexicano, aseguró que a casi 12 años de
que se aprobara la reforma al artículo 27 constitucional, con la
que el gobierno federal pretendía dar "certidumbre en la tenencia
de la tierra para que los campesinos concretaran el proceso hacia la propiedad
privada, ésta no ha rendido los frutos esperados, pues sólo
600 mil hectáreas en todo el país fueron registradas bajo
dominio pleno y menos de la mitad optó por la propiedad privada".
Ante la intención de privatizar el campo mexicano,
afirmó, los productores agrícolas decidieron proteger la
superficie y colocaron más de 75 por ciento como de uso común,
es decir, "no puede ser embargada, vendida ni privatizada bajo algún
régimen de propiedad, lo cual significa que sacaron del mercado
especulativo la mayor parte de la tierra cultivable".
Ello no quiere decir, destacó, que los productores
agrícolas no vendan, compren o renten sus tierras, "pero es un proceso
focalizado en zonas de playa, fronterizas o cercanas a las ciudades, que
involucra un promedio de 3 millones de hectáreas que están
dentro del mercado de tierras, lo cual significa que no estamos ante un
fenómeno generalizado de destrucción masiva de ejidos".
Los agricultores, agregó, pese a la falta de políticas
de apoyo y a un fenómeno migratorio que se agudiza, "conservan un
estrecho vínculo con la tierra, a la que no sólo protegen
como fuente productiva, sino como patrimonio para sus familias y la comunidad,
lo cual dificulta aún más la aplicación de cualquier
programa o política de privatización de tierras".
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