349 ° DOMINGO 29 DE AGOSTO DE 2004
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De cómo el Presidente mide con dos varas Fox promueve el desacato Jesús Ramírez Cuevas La empresa Metallica Resources pretende
explotar una mina de oro y plata a cielo abierto en Cerro de San Pedro,
San Luis Potosí. El proyecto es impugnado por ecologistas y pobladores
que temen daños al medio ambiente, al patrimonio cultural y a la
salud de los potosinos. Hace dos meses, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación resolvió cancelar los permisos a la empresa por
violar las leyes ambientales del país. Sin embargo, el Presidente
de la República y el gobernador presionaron e indujeron al alcalde
del lugar a desacatar la decisión judicial y aprobar el proyecto
de Minera San Xavier, la subsidiaria mexicana de la trasnacional. Por tal
razón, algunos legisladores demandan investigar la actuación
de funcionarios federales en el caso, que ya costó una vida
El edil priísta Oscar Loredo reconoce que autorizó la operación de la mina por temor a su vida y a presiones del Presidente de la República y del gobernador Marcelo de los Santos, a pesar de que se opuso durante meses al proyecto por razones ecológicas, culturales y sanitarias. La minera canadiense pretende extraer oro y plata durante ocho años y crear 300 empleos temporales. Pero cuando termine la explotación, dejará el lugar convertido en un páramo muerto y contaminado, que pondría en riesgo la salud de un millón 300 mil habitantes del Valle de San Luis. Una mina anunciada en Wall Street Cerro de San Pedro fue fundado poco antes que la capital potosina. Descubierto en el siglo XVI, debido a su riqueza fue bautizado por los españoles como el Potosí (por las minas del Potosí en Bolivia). En 1993 la región fue declarada zona ecológica protegida. En este poblado de 4 mil habitantes, a 12 kilómetros de la ciudad de San Luis, la Minera San Xavier, subsidiaria mexicana de la empresa canadiense Metallica Resources (MR), pretende construir lo que hoy anuncia en Wall Street (donde cotiza sus acciones) como "Cerro de San Pedro, una de las minas de oro y plata a cielo abierto más grandes del mundo". En su página en Internet, MR informa que tiene todos los permisos para operar. La empresa calcula obtener 1.8 millones de onzas equivalentes en oro (a un precio de 325 dólares por onza). Es decir, espera ganancias por unos 585 millones de dólares. Pero para ello requiere "desaparecer" un kilómetro de montañas sobre el que descansa el pueblo. Desde hace cinco años, el proyecto minero ha sido impugnado por ecologistas (agrupados en Pro San Luis Ecológico) y pobladores, debido al daño ambiental que provocaría el uso de miles de toneladas de cianuro para limpiar el material extraído, lo que dejaría un paraje yermo y contaminaría los mantos freáticos de la región. También les preocupa el daño que podría ser causado a dos iglesias coloniales (declaradas por el INAH patrimonio histórico) por el uso de miles de kilos de explosivos. En 1999 el Instituto Nacional de Ecología (INE) autorizó el proyecto de la minera, condicionando su realización al cumplimiento de 100 medidas (a la fecha la empresa sólo ha cumplido 32, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Una irregularidad tras otra En entrevista, Carlos Covarrubias Rendón, asesor legal del ejido Cerro de San Pedro y del Patronato Pro Defensa del lugar, explica las irregularidades cometidas por la empresa. El permiso del INE es irregular, no cuenta con el apoyo de los ejidatarios (sólo uno está a favor), "por eso, MSX falsificó un contrato con 30 supuestos ejidatarios que no lo son para rentar 290 hectáreas de Cerro de San Pedro, y otras de Soledad, donde no cuenta con permiso", explica Covarrubias. Ejidatarios y ecologistas pidieron la intervención del gobierno federal para cancelar el proyecto e impugnaron el contrato de arrendamiento de las tierras. En mayo de este año, el Tribunal Unitario Agrario les dio la razón y revocó los contratos. Los inconformes presentaron luego una acción legal para revocar los permisos federales a la minera. El pasado 23 de junio, el noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito de la SCJN otorgó el amparo y ordenó al Tribunal de Justicia Federal declarar que "la licencia de cambio de uso de suelo y proyecto minero de tajo a cielo abierto, otorgado a la MSX por el INE, es violatorio de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente, de la norma mexicana en materia ecológica y del decreto de planeación en el estado de San Luis Potosí". La resolución de la SCJN, dice Covarrubias, "es inatacable, y en los hechos cancela y anula los permisos federales a la minera". Parecía que todo estaba a favor de los defensores de Cerro de San Pedro. El presidente municipal, Oscar Loredo Loredo (en 1999, su padre, entonces alcalde, fue asesinado por oponerse a la minera), negó durante siete meses los permisos a la empresa canadiense, pero hace tres semanas cambió de opinión. Unos días antes, el 29 de julio, Vicente Fox estuvo de gira en San Luis Potosí y en uno de los actos pidió al gobernador Marcelo de los Santos llevar a su mesa a Oscar Loredo. Ahí, declaró Loredo, el Presidente le dijo "que estaba preocupado por sacar adelante el proyecto minero y le recomendaba su aprobación" (La Jornada San Luis, 30.08.04). El 7 de agosto, el joven Oscar Loredo convocó al cabildo para aprobar la operación de MSX (el 28 de mayo habían acordado negarla). En esa sesión, Loredo reconoció que los permisos eran ilegales, pero argumentó que "no quedaba de otra", "no podía resistir la presión del gobernador, de los empresarios y del Presidente de la República". En esa reunión una copia está en poder de Masiosare el alcalde fue elocuente: "Sabemos de antemano que el gobierno federal, el gobierno estatal, están de acuerdo... son unas potencias que uno no puede estar en contra de ellas... nos tienen la mano en el pescuezo... Hay amenazas, hay golpes... Yo no quiero que me pase lo que pasó en Cancún, que por un problema muy similar... declararon la ingobernabilidad". El regidor Abundio Alvarado cuestionó la decisión, ante lo cual Loredo respondió: "¿Mi vida no te importa?" uuu El Frente Amplio opositor al proyecto minero de Cerro de San Pedro, con las resoluciones judiciales en la mano, impulsa el cierre definitivo de la empresa. En tanto, el 18 de agosto la diputada Eliana García, del PRD, presentó a la Comisión Permanente del Congreso un punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial de la Federación a que investigue a los funcionarios federales y estatales involucrados en el desacato a la SCJN. Así las cosas, parecería
ser que para el gobierno federal hay de desacatos a desacatos. En este
caso, Fox no se rasga las vestiduras en defensa del Estado de derecho.
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