Desacato en Jalisco

Miguel Concha exige la intervención del gobierno federal

LAURA POY SOLANO

Ante la negativa del gobierno de Jalisco de acatar las propuestas incluidas en el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los hechos de violencia ocurridos durante la cumbre de Guadalajara el pasado 28 de mayo -cuando 49 altermundistas fueron detenidos de forma arbitraria, torturados y sometidos a tratos crueles y degradantes-, el gobierno federal no puede "eludir su responsabilidad y limitar los hechos a un problema local", pues la defensa y promoción de los derechos humanos "también es responsabilidad del Estado", aseguró Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Las autoridades federales deben intervenir para hacer cumplir la recomendación de un organismo público de defensa de derechos humanos, indicó, pues de lo contrario no sólo se estaría violando las leyes nacionales, también los tratados internacionales suscritos por México en materia de defensa de derechos humanos.

Destacó que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 27, fracción 13, que la Secretaría de Gobernación (SG) deberá "vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiera a las garantías individuales y dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto".

Por ello, afirmó, la SG "no puede eximirse de su responsabilidad argumentando que se trata de un asunto entre la CNDH y el gobierno de Jalisco". Al respecto, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, indicó que es necesario que la sociedad civil insista ante el gobierno federal para que asuma su responsabilidad por "las graves violaciones a los derechos humanos que se siguen presentando en todo el país".

El caso de los altermundistas detenidos en Guadalajara, agregó, requiere de una investigación independiente del gobierno federal, "pues no podemos tolerar que se establezca un precedente tan negativo para justificar la tortura como mecanismo para combatir supuestas actividades delictivas".

En entrevista por separado, Adriana Carmona, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que es "lamentable" que el gobierno de Jalisco pretenda justificar actos de tortura al rechazar las propuestas presentadas por la CNDH, "lo que debilita no sólo a esta institución, sino la propia defensa de los derechos humanos, lo que sienta un precedente muy negativo en un contexto donde se busca consolidar una cultura de respeto a las garantías individuales".

Concha Malo reconoció que si bien es positivo y alentador que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión haya aprobado un punto de acuerdo para solicitar al gobierno de Jalisco que acate las propuestas presentadas en el informe de la CNDH, con el único propósito de no debilitar a esta institución, es "lamentable" que los legisladores de los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista no se sumaran a este esfuerzo, "lo que indica la parcialidad con que se conducen ante autoridades de una entidad gobernada por su propio partido".