Movilizaciones y cabildeo con los legisladores, entre las acciones acordadas

Altermundistas delinean estrategias para liberar a compañeros presos

''La impunidad de represores es cosa del pasado... y del presente'', expresan activistas

BLANCHE PETRICH

Al cumplirse tres meses de los hechos de violencia en Guadalajara, durante las protestas contra la Cumbre de América Latina y Europa, los jóvenes que participaron en las manifestaciones altermundistas y que fueron reprimidos y torturados por la policía de Jalisco, se preparan para una nueva movilización por la libertad de los 17 que aún quedan presos en el penal de Puente Grande, y llegan a una conclusión: "La impunidad ante la represión es cosa del pasado... y del presente".

Una vez más, algunos protagonistas de lo que ahora ya se llama el caso Guadalajara desmenuzaron en la Facultad de Filosofía y Letras, ante un auditorio universitario, los testimonios de lo que ocurrió los días 28 y 29 de mayo en la capital de Jalisco en la línea de choque entre policías estatales y activistas, documentados en el video alternativo Tortas Ahogadas, producido por el Centro de Medios Independientes y el colectivo Acción Informativa en Resistencia.

"Ya saben, cuando te van metiendo al centro de detención te dicen lo típico: 'ya te cargó la chingada'. Y por lo que se vive en las horas siguientes, pues sí, te das cuenta que tenían razón'', sostiene Minerva Rojas Ruiz, una joven que marchaba en la batucada que animaba la manifestación y a quien le tocó todo el repertorio: arresto violento y arbitrario, golpes en el trayecto al centro de detención, ultrajes, forzada a desnudarse, sentadillas, amenazas de ser violada y asesinada.

Pero ella, El Mauser, El Mapache, Daniel y los demás detenidos son reacios a volver a todos esos detalles. El debate convocado después de la exhibición del video más bien se orienta a analizar a la distancia el momento que viven como movimiento en resistencia y la estrategia para los pasos siguientes. Minerva propone: "No nos olvidemos de la banda que sigue adentro". Y a eso se dedica el debate.

El abogado de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh), Adrián Ramírez, sostiene que después del informe emitido el 17 de agosto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) -que acredita la detención arbitraria de 118 personas, la retención ilegal e incomunicación de todos ellos, el trato cruel y degradante de 14, y la tortura a seis-, "ni el presidente Vicente Fox, ni el secretario de Gobernación, Santiago Creel, ni el canciller Luis Ernesto Derbez pueden decir: 'Ƒy yo por qué?' Cuando tienen clara responsabilidad en la violación de los convenios internacionales en materia de prevención de la tortura de los que México es firmante". Ante esto -sostiene- el gobierno federal tiene que dar una respuesta al más alto nivel.

El defensor expone un balance crítico del trabajo del ombudsman José Luis Soberanes: "Es espeluznante que ante las evidencias de casos de manifestantes que sufrieron traumatismo craneoencefálico durante la reacción policiaca, Soberanes afirme que las fuerzas de seguridad actuaron correctamente, cuando lo que está claro es que recurrieron, no a métodos legales de sometimiento, sino a un excesivo uso de la fuerza".

Por otra parte reconoce el valor positivo del informe especial de la CNDH, que en los medios empresariales y del alto clero jalisciense ha sido criticado y satanizado. "Es un documento importante porque formaliza lo que nosotros denunciamos y evidencia la aquiescencia del gobierno de Jalisco con métodos represivos que incluyen la tortura, las detenciones ilegales y los procesos jurídicos fuera del orden."

Adrián Ramírez informa que los 17 jóvenes que aún permanecen presos -entre ellos una mujer, Elsa Hernández Arguello- porque no alcanzaron libertad bajo fianza son los que se negaron a firmar las primeras declaraciones ministeriales después de haber sido torturados. Los otros 22, de un total de 49 detenidos, sí fueron liberados bajo caución porque firmaron sus declaraciones. Este grupo no ha sido sobreseído y cada uno tiene que acudir semanalmente a Guadalajara a firmar en el penal. Entre las irregularidades más graves de estos casos es que el magistrado responsable dio carácter de plena prueba a las declaraciones hechas bajo torturas documentadas.

En el auditorio de Filosofía y Letras surge la pregunta inevitable: Ƒqué hacer? Y se barajan las propuestas: organizar a los grupos de activistas en tres niveles, para las movilizaciones; el apoyo al equipo de defensores en tareas de oficina, y el cabildeo ante el Congreso de la Unión y la legislatura estatal.

Se pretende ofrecer talleres de cabildeo para que los activistas mismos puedan promover ante los líderes de la Cámara de Diputados: Emilio Chuayfet, del PRI; Francisco Barrio, del PAN, y Pablo Gómez, del PRD, la propuesta de formar una comisión especial que investigue la conducta de las autoridades jaliscienses y de hacer comparecer, durante la glosa del Informe de gobierno, a los funcionarios que tengan responsabilidad directa ante este caso de tortura documentada, es decir, los titulares de Gobernación, la Procuraduría General de la República, el Cisen y el Estado Mayor Presidencial. Otra propuesta es cabildear ante el congreso estatal para que los legisladores de Jalisco resuelvan una amnistía para todos los enjuiciados y un juicio político al gobernador Francisco Javier Acuña.

Por otra parte, informa el abogado de la Limedh, ya se hicieron los primeros contactos para llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el caso Guadalajara sea incluido en la agenda de las audiencias del organismo en octubre próximo.