Esperamos que el tema se resuelva en nuestro favor, manifiesta vicepresidenta

España confía en que México extraditará a vascos

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 27 de agosto. El Ejecutivo español, encabezado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se refirió hoy al dictamen judicial emitido el jueves por la magistrada mexicana María del Carmen Hernández, en el que se concede la suspensión definitiva de los procesos de extradición de los seis vascos presos desde hace más de un año en el Reclusorio Norte. La vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó su convencimiento de que, "como ha ocurrido en alguna otra ocasión, este tema se solucione favorablemente a la petición de la justicia española''.

La situación penal de los seis detenidos, acusados de "colaboración y pertenencia a organización terrorista" por sus presuntos vínculos con el grupo separatista ETA, se resolverá definitivamente hasta que se desahoguen los recursos de amparo.

Los detenidos son María Asunción Gorrochategui Vázquez, Luis Castañeda Vallejo, Ernesto Sáez García, Asier Arronategui Duralde, Félix Salustiano García Rivera y Juan Carlos Artola Díaz.

La petición de extradición presentada por el gobierno español provino del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien incluso viajó a México para intentar presenciar parte del proceso judicial.

Tras la sentencia favorable a la causa de los seis ciudadanos vascos y contraria a los intereses del gobierno español, Fernández de la Vega señaló que sólo se trata ''de una suspensión provisional, que significa que ellos están protegidos para no ser extraditados a España hasta que se resuelva el amparo que solicitamos en el fondo'', al añadir: "es evidente que el gobierno español ha estado en contacto con las autoridades mexicanas dando todo tipo de informaciones, todas las que nos han requerido, y espero que, como ha ocurrido en alguna otra ocasión, este tema se solucione favorablemente a la petición de la justicia española".

Pero antes un tribunal mexicano deberá resolver si, como sostiene la abogada de los acusados, Bárbara Zamora, se vulneraron en el proceso diversas garantías consagradas en la Constitución.

El 8 de septiembre la magistrada evaluará en audiencia constitucional los informes que sobre el caso fueron requeridos por la defensa a las autoridades.