Exhorta a la ASF a revisar los recursos federales ejercidos por el edil de Cancún

Abre la Comisión Permanente otro flanco contra García Zalvidea

El alcalde reconocido, probable responsable de delitos, considera dictamen legislativo

Hendricks pone condiciones para cumplir con el fallo de la SCJN, denuncia El Chacho

ALONSO URRUTIA, VICTOR BALLINAS, JOSE ANTONIO ROMAN Y DAVID SOSA REPORTEROS Y CORRESPONSAL

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó en votación económica un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que revise los recursos federales ejercidos por el municipio de Benito Juárez (Cancún), con el objetivo de determinar si se han manejado conforme a derecho.

En el dictamen que elaboró la Permanente sobre la situación en Quintana Roo, se destacó que durante los últimos meses el alcalde García Zalvidea incurrió en "actos presumiblemente constitutivos de delitos del fuero local y federal", situación que ha requerido la intervención del Congreso del estado. "El municipio está en serios problemas", se señaló.

Según los legisladores federales, García Zalvidea "ha tenido conflictos con el cabildo, con los trabajadores de la entidad, con los ciudadanos, con las autoridades estatales, con el Congreso local y con instituciones federales". Asentaron que ello ha provocado un vacío de autoridad, que los servicios apenas funcionen y que los recursos económicos no se destinen apropiadamente.

La Comisión Permanente aprobó igualmente crear un grupo de trabajo que investigue los hechos ocurridos en Cancún de mediados de julio a la fecha, integrado por un miembro de cada grupo parlamentario.

En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó formalmente al gobernador Joaquín Hedricks Díaz, al alcalde García Zalvidea y al Congreso de Quintana Roo que declaró infundadas las reclamaciones 190/2004, 219/2004, 221/2004 y 222/2004, promovidas por el mandatario, la Legislatura local y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, respectivamente, por lo que los fondos federales y estatales que por ley corresponden al municipio de Benito Juárez se deben entregar al ayuntamiento constitucionalmente elegido y no al concejo municipal que creó el decreto 120 del Congreso quintanarroense.

Joaquín Hendricks sostuvo en entrevista que los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Quintana Roo "acataremos el mandato".

García Zalvidea a su vez acusó a Joaquín Hendricks de perpetrar acciones dilatorias y de simulación para no acatar "cabalmente" el resolutivo de la SCJN.

Refirió que dialogó por teléfono con Hendricks Díaz, quien le condicionó el ingreso a la alcaldía a reunirse con la Comisión Permanente de la Legislatura estatal la tarde de este jueves.

''Pretenden convocarme cinco de seis diputados de la Permanente a una supuesta entrega-recepción de las instalaciones del palacio (municipal) por parte de los invasores del espurio concejo impuesto por Hendricks. No tenemos idea para qué, pues la orden de la Corte no refiere una disposición así", comentó.

Además dijo que es "sumamente grave" que el gobernador no se haya definido sobre la entrega de recursos atrasados correspondientes a julio y agosto, que según el edil superan los 32 millones de pesos.

Agregó que el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Luis Felipe Saidén Ojeda, presentó su renuncia al concejo, "lo que está originando nerviosismo en la misma policía, lo que pone en riesgo la seguridad pública".

Vigilará la SG que respete la resolución

La Secretaría de Gobernación (SG) actuará con toda firmeza para hacer cumplir la resolución de la SCJN y que se entregue el palacio municipal de Cancún, Quintana Roo, al alcalde legalmente reconocido, Juan Ignacio El Chacho García Zalvidea, anunció el jefe de la Unidad de Gobierno de la dependencia, Gonzalo Altamirano Dimas.

Si bien el funcionario no descartó la posibilidad de enviar a la Policía Federal Preventiva (PFP) para cumplir la resolución, destacó que antes se intentará agotar las vías del diálogo. Altamirano Dimas subrayó que la SG inició contactos con el gobierno y el Congreso de Quintana Roo, para pactar el cumplimiento al dictamen de la SCJN.