Adolfo Sánchez Rebolledo

El cardenal, la tortura y el orden

El arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Iñiguez, es un hombre rudo e intolerante, famoso, entre otras hazañas, por sus invectivas contra Jorge Carpizo en el caso Posadas, quien, según su hipótesis, murió como resultado de una conspiración oficial cuyos móviles él mismo no logra explicar. Pues bien, el prelado vuelve a la carga en defensa de las autoridades estatales y municipales de Jalisco y Guadalaja, respectivamente, cuya actuación en los hechos del 28 de mayo durante la cumbre celebrada en esa última mereció un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Como es público y notorio, tanto el gobernador Francisco Ramírez Acuña, como el presidente municipal de Guadalajara, Emilio González Márquez, desestimaron el informe y las recomendaciones de la CNDH, aduciendo, entre otras razones, su "parcialidad". El gobernador dijo en tono molesto a la prensa que se "habla de los derechos humanos de 'estos sinvergüenzas', y no se habla de los derechos de los policías que fueron agredidos". Esa línea de argumentación es la misma que sigue Sandoval Iñiguez, aunque el prelado añade de su cosecha un ingrediente exótico al afirmar a la prensa tapatía que "la consigna internacional de la Comisión de Derechos Humanos es defender delincuentes". Ante las cámaras de televisión repitió: "Vamos a defender los derechos de los policías, no solamente defender a los delincuentes, porque esa es la línea que traen de allá de afuera, de donde nace esa comisión nacional de derechos humanos".

Las ideas defendidas por el cardenal, con sus alusiones xenofóbicas, no son realmente originales, pues de hecho son las mismas que en el pasado sirvieron para justificar la conversión de la represión contra la guerrilla en una verdadera guerra sucia, donde el cumplimiento de la ley importa menos que la venganza ejemplar. Se empieza por negar la calidad humana de los "delincuentes" y se termina justificando el asesinato en nombre del orden y la tranquilidad de las buenas conciencias. La descalificación permanente de la comisiones de derechos humanos para afirmar los derechos de las víctimas es, en muchos casos, un pretexto para mantener en pie la arbitrariedad de los cuerpos del orden y la legitimidad del principio de autoridad por encima del ejercicio de las libertades públicas.

En el informe la CNDH reconoce que "si bien es cierto durante los hechos violentos suscitados el 28 de mayo de 2004 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, algunos manifestantes rebasaron los límites de su derecho de manifestación, así como el deber de obedecer la ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades competentes, (subrayado mío) también los funcionarios encargados de la seguridad y vigilancia del acto se excedieron en el uso de la fuerza pública al momento en el que detuvieron a varios de éstos y a personas ajenas a la manifestación, así como en su traslado a las oficinas de la Dirección General de Seguridad Pública del estado y de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco y dentro de las propias instalaciones de dichas dependencias, con lo que vulneraron los derechos fundamentales relativos a la dignidad humana, a la integridad física, a la legalidad y a la seguridad jurídica previstos en el orden jurídico mexicano".

Sin embargo, tanto el cardenal como las autoridades ponen el acento en las agresiones sufridas por los policías y en el hecho de que "estos señores globalifóbicos, o como se les quiera llamar, o altermundistas, agredieron y destrozaron comercios, ahora que no se hagan las víctimas", pero, en cambio, no registra en lo absoluto los datos aportados por la CNDH para demostrar la serie de actos ilícitos cometidos por las instancias oficiales contra los detenidos. Y de eso se trata. La molestia se explica pues el informe especial devela la serie de prejuicios, incoherencias y falsedades en que incurrieron las autoridades al realizar detenciones arbitrarias, inclusive contra ciudadanos cuyo único delito fue portar una vestimenta "semejante" a la de los altermundistas. "ƑEs que no tienen nada que hacer? Deberían ponerse a trabajar", acotó el cardenal con una de sus máximas.

Pero el informe especial es irrebatible por cuanto muestra que los detenidos fueron incomunicados ilegalmente y sometidos a tratos inhumanos y crueles absolutamente intolerables en un país que se dice democrático. A las mujeres se les sometió -cito el informe- a "una revisión indigna, pues cuando las detuvieron, las colocaron viendo hacia la pared y con las manos en igual forma. Por lo que hace a las detenidas, incluso menores de edad, fueron sujetadas de la nuca y después las llevaron a los separos, de dos en dos, lugar en el que policías del sexo femenino las obligaron a desnudarse, además de que en esas condiciones realizaran 'sentadillas' y efectuaban tales ejercicios, los policías del sexo masculino abrían la puerta para observarlas".

"Todos vimos los videos, vimos cómo (los altermundistas) agredieron y los policías fueron golpeados", ha repetido el cardenal. Pero no dice que hubo tortura contra los jóvenes que cayeron en manos de los cuerpos de seguridad. En el informe se narra la historia de una víctima a la que "le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza por cuatro ocasiones hasta que les proporcionó información que los dejó 'satisfechos' y posteriormente se le cubrió el cuerpo con una bolsa de plástico negra y la cabeza con una bolsa de papel para que no fuera identificada, llevándola celda por celda, con la finalidad de que señalara a alguna de las personas detenidas como responsables de la comisión de algún ilícito". Las mismas fuentes indicaron "que posteriormente fueron conducidos a un lugar conocido como 'la 14', en el que los colocaron contra la pared con las manos hacia atrás y esposados; que después los llevaron de cuatro en cuatro a las celdas donde continuaron golpeándolos, lugar en el que les amarraron las manos por la espalda, con cinta canela y los pusieron de pie con la frente apoyada en la pared; que cualquier movimiento era motivo de golpes, teniendo además la prohibición de hablar, pasaron más de 24 horas sin comer y sin tomar agua, y que después de ese tiempo, les desataron las manos..."

Es lamentable que el gobierno de Ramírez Acuña (el mismo que hace poco lanzó a Felipe Calderón) sea incapaz de aceptar los hechos para intentar corregirlos. Pero eso en realidad no les importa. La derecha quiso poner el ejemplo en Guadalajara y esos son los frutos.