Hay que evitar experiencias como la del PSN, señala

Pide consejero penas de cárcel a conductas delictivas de partidos

ALONSO URRUTIA

Con el propósito de evitar que algunos partidos políticos actúen con impunidad en el manejo de recursos públicos y se impida que a futuro se repitan experiencias como la del Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), es necesario que las sanciones no se queden solamente en las multas aplicadas por el Instituto Federal Electoral (IFE), sino que se impongan penas carcelarias cuando se den conductas delictivas, sostuvo el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del organismo, Marco Antonio Gómez Alcántar.

A su juicio, tan sólo con la omisión de la entrega del informe del gasto de 50 millones de pesos que le fueron asignados al PSN como gasto ordinario en 2003, se desprenden algunas conductas presuntamente constitutivas de delito que la Procuraduría General de la República (PGR) debiera valorar, cuando el IFE le dé oficialmente vista en este caso.

Sin embargo, Gómez Alcántar reconoció que la tipificación de la conducta penal corresponde exclusivamente a la PGR. Apuntó que si bien la última multa aplicada de 101 millones de pesos -con lo que suman ya 250 millones, de los cuales sólo se pudieron obtener 16 millones- es difícil de cobrar, el IFE lo aprobó, entre otros aspectos, para no afectar otros procesos legales en marcha.

Para el consejero, más allá de la reprobable conducta del PSN, es preciso que se modifiquen las leyes para impedir una redición de estas prácticas, y que a partir de ahora se encuentren en el marco jurídico las reglas de disolución a las que deben estar obligados los partidos políticos. Si no hay reforma, adelantó, se aprobaría un acuerdo en el IFE para obligar a los nuevos partidos que se conformen a que incluyan en sus estatutos normas de liquidación que eviten la apropiación privada de bienes públicos.

Es necesario, subrayó, que en dichas normas se establezcan esquemas que permitan garantizar el resarcimiento a la Federación de los bienes adquiridos con recursos públicos de aquellos partidos que pierdan el registro. Esto es, que se considere al IFE como uno más de los acreedores de los partidos políticos y que incluso se le considere prioritario sobre el resto, porque al final de cuentas se trata de recursos públicos que se debería obligar a restituir a la Federación.

Añadió que un primer paso se adoptó en las postrimerías del consejo anterior, cuando se aprobó un acuerdo mediante el cual los partidos políticos que pierdan el registro están obligados a reportar al IFE el proceso de liquidación de bienes.

Gómez Alcántar apuntó que esto supone que los partidos políticos que perdieron su registro no puedan entregar los bienes adquiridos con recursos públicos a fundaciones u otras organizaciones sin antes garantizar, por ejemplo, el pago de las multas que les fueron aplicadas por el IFE.

A futuro, señaló, se debería crear el marco jurídico o al menos aprobar un acuerdo para determinar el futuro de esos bienes que se obtuvieron con recursos públicos. De hecho, añadió, desde marzo existía la intención de aprobar un acuerdo en estos términos que se determinó postergar para esperar una posible reforma electoral. Si en diciembre no se concreta esta reforma, entonces sí se aprobaría un acuerdo para establecer esas obligaciones durante el proceso de liquidación.