Miguel Nazar Haro podría ser el próximo

Prisión domiciliaria a ex ministro que protegió a un asesino y violador

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Luego de tres años de encarcelamiento, y sin derecho a libertad bajo fianza por haber participado en el cohecho de jueces para que se dejara en libertad a un violador y asesino, el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Ernesto Díaz Infante salió del Reclusorio Preventivo Norte tras acogerse a la prisión preventiva domiciliaria establecida en el artículo 55 del Código Penal Federal.

Díaz Infante fue encontrado culpable de recibir un soborno de 500 mil dólares y de presionar a dos magistrados de circuito para que dejaran en libertad al empresario Alejandro Braun, El Chacal, quien en 1986 violó y asesinó a la menor de seis años Merle Yuridia Mondain en Acapulco, Guerrero.

El ex ministro fue sentenciado en agosto de 2003 a ocho años de cárcel por la juez tercero de distrito en materia de procesos penales federales, Miriam Rodríguez Jara, tras encontrarlo culpable de los delitos de cohecho y contra la administración de justicia.

Así, Díaz Infante se convirtió en el primer beneficiado de las reformas al artículo 55 del Código Penal Federal, y desde la tarde de este viernes se encuentra en su casa de la colonia Del Valle, en la ciudad de México.

Díaz Infante estuvo prófugo casi una década, sin embargo, fue detenido en 2001 y permaneció encarcelado en el Reclusorio Norte.

Otro detenido que podría seguir los pasos de Díaz Infante como beneficiario de este recurso es el ex titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) Miguel Nazar Haro, quien se encuentra preso en el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, acusado de haber participado en la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien fue visto por última vez en abril de 1975.

Miguel Nazar Haro ya obtuvo la autorización del juzgado cuarto de distrito de la ciudad de Monterrey, sin embargo, falta que un acuerdo de ese tipo sea concedido por un juzgado federal en el estado de México, entidad donde se desahoga el proceso penal en contra del ex jefe policiaco, en relación con la desaparición de Ignacio Salas Obregón, también miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre.