En los últimos diez años, los indígenas de Guerrero han experimentado una serie de procesos que los colocan en el escenario político nacional. En todo el estado y no solamente en las regiones indígenas tradicionales, los pueblos guerrerenses han protagonizado acciones colectivas de largo alcance.

En estos años, los indígenas recuperaron los procesos que durante mucho tiempo habían capitalizado otros sectores sociales y reivindicaron su reconocimiento como pueblos. No fue fácil que los otros sectores de la sociedad guerrerense con los que habían luchado hombro con hombro, les permitieran mostrar su rostro y dirigir sus propios procesos.

Los pueblos indios consiguieron constituir un espacio de confluencia política muy importante como el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, al tiempo que desarrollaron experiencias locales y regionales de trascendencia como la policía comunitaria, en la región Costa-Montaña.

Este movimiento indígena tiene poco que ver con las expresiones que surgieron en los años setenta como resultado de las políticas del presidente Luis Echeverría y de las promovidas por la izquierda de aquella época.

Esta política cristalizó en lo que fue el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas que desapareció en los ochenta y que en Guerrero tuvo un desarrollo desigual. En algunas regiones los Consejos Supremos tuvieron una vida política activa, como el de los amuzgos, y en otras estuvieron supeditadas a los políticos priístas. Estas organizaciones compitieron con el Movimiento Nacional Indígena, organización priísta que tenía presencia en la región de Chilapa.

En los setenta, en Alcozauca se inició un proceso de organización muy importante que definió gran parte de la historia del movimiento social guerrerense del último tercio del siglo pasado. El regreso del profesor Othón Salazar a su pueblo natal después de ser figura central del magisterio nacional en los cincuenta y sesenta, favoreció la promoción de procesos sociales más allá de su municipio.

El arribo de algunos comunistas a Alcozauca marcó una etapa en la historia política de la Montaña. Paralelamente a la conquista del gobierno municipal, los comunistas organizaron a los indígenas. En el marco de la campaña política de 1979, convocaron a la población de la región a que constituyeran el Consejo de Pueblos de la Montaña.

La importancia del Consejo de Pueblos de la Montaña (CPM) no radica en su fuerza numérica sino en la gran propaganda política desplegada a nivel estatal y nacional. La constitución del CPM sirvió para difundir la existencia de una Montaña Roja en clara alusión a la presencia del pcm en la región. Salazar prodigaba atención a los mixtecos, pero en su concepción sobre lo indio predominaba la ideología comunista en la que los pueblos indios eran importantes en la medida que formaban parte de la clase obrera. Sobre esta idea, los promotores de la organización social de la Montaña construyeron la cioac, que posteriormente se transformó en la ucarafaecm, para la defensa de los jornaleros agrícolas sin distinguir su condición étnica.

Después de estas experiencias, los indígenas perdieron visibilidad en el escenario político estatal hasta que en la coyuntura del V Centenario hallaron una nueva oportunidad. Parte importante de los procesos sociales de los pueblos indígenas confluyó en el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, (CG500-años), que sintetizó años de lucha de los indios guerrerenses y que adquirió dimensiones nacionales e internacionales.

Parecería exagerado decir la gran importancia que alcanzó el CG500-años en la vida política estatal y nacional pero coincidimos con Gaudencio Mejía, uno de sus fundadores, cuando asegura, que los líderes del Consejo eran parte de la generación del V Centenario, como declaró en el foro sobre Alcozauca: Entre la resistencia y la esperanza, realizado el mes de mayo. La mayoría de los que impulsaron el CG500-años encontraron en esa coyuntura una veta nueva a sus procesos de organización pero sobre todo elaboraron un discurso político novedoso de grandes alcances.

El CG500-años representó un interlocutor indígena de peso para las autoridades estatales y federales, junto con la ucarafaecm, en la Montaña, la unorca en la Costa Chica y en la Montaña Baja.

Guerrero es uno de los pocos lugares en los que los consejos regionales propuestos por el Consejo Mexicano 500 Años lograron superar la coyuntura del 92. Con el fin de buscar los alcances del CG500-años y puntualizar los elementos que lo llevaron a una situación de práctica inanición, haremos una breve sinopsis de los casi quince años de su andar.

Una de las bases con que se constituyó el CG500-años fue el proceso impulsado por el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB) contra la construcción de la presa de San Juan Tetelcingo a principios de los noventa. Los líderes del cpnab encontraron en el CG500-años el espacio para potenciar su lucha y decidieron constituir el Consejo Guerrerense en septiembre de 1991.

No obstante que pocos indígenas de la nueva organización se incorporaron a la marcha convocada por el Consejo Mexicano 500 años para el día 12 de octubre a la capital del país para protestar contra las celebraciones oficiales del V Centenario, los indios guerrerenses consiguieron constituir un importante instrumento de lucha. La rapidez de los acontecimientos en los que se vieron envueltos los principales dirigentes del CG500-años los condujeron por caminos inéditos, como asistir a eventos internacionales, participar en cargos de representación popular, conseguir y manejar grandes recursos económicos para obras y proyectos, y alcanzar puestos en la burocracia indigenista.

Después de la euforia del 92, el CG500-años fue de las pocas organizaciones que intentaron mantener la marcha del movimiento indio a nivel nacional. El respeto que se había ganado lo llevó a organizar una nutrida marcha No están solos en apoyo del ezln, en 1994 y posteriormente otra llamada Nunca más un México sin nosotros. La gran capacidad de movilización que desplegaba en estas marchas, le dio una gran fuerza política, pero al mismo tiempo se convirtió en uno de sus puntos débiles al no poder dotarse de una estructura o de espacios organizativos necesarios que le permitieran mantenerse en movimiento y avanzar en el plano organizativo.

El CG500-años contaba con un cuerpo compacto de líderes, pero lo cierto es que muy pronto aparecieron dificultades con aquellos dirigentes que les interesaba más aparecer en el escenario internacional, los que aspiraban a ocupar un cargo de representación popular o un puesto en la burocracia y los que realmente iban tras el dinero. El CG500-años no pudo sortear estas dificultades y mucho menos ejercer un control sobre sus diputados y funcionarios que salieron de su seno. Tampoco pudo justificar parte de los recursos económicos que manejó.

Después de que el CG500-años celebró sus diez años, en 2001, comenzaron a agudizarse sus problemas internos y a notarse un alejamiento de ciertos procesos regionales como en la Montaña, en Costa Chica y en la Costa-Montaña, hasta los tiempos actuales en que prácticamente ocurre una desarticulación.

Años después de formado el CG500-años, comenzó el proceso de integración de lo que en 1995 se conocería como la Policía Comunitaria (PC) en la región Costa-Montaña. Al principio lo que querían sus promotores era organizar a los pueblos de la región para gestionar la construcción de obras, como la carretera Tlapa-Marquelia, y enfrentar el problema de la inseguridad. Conforme se organizaron se dieron cuenta de la fuerza de su cultura y sus estructuras organizativas, como el sistema de cargos. A este esfuerzo, se sumaron organizaciones de la Costa Chica y la parte Alta de la Montaña: Luz de la Montaña, la Unión Regional Campesina, el CG500-años, el Consejo Comunitario de Abasto, la Unión Regional Campesina, la Triple s de Café y Maíz, en coordinación con las comunidades de la iglesia católica local.

Los gobiernos de Zedillo y Rubén Figueroa Alcocer no quisieron reconocer a la pc por el rumor de que estaba vinculada al Ejército Popular Revolucionario. Sin embargo, el proceso consiguió ciertos apoyos en armas y un vehículo del gobernador Ángel Aguirre.

En 1998 la pc elaboró un reglamento para garantizar los intereses de los indios y mestizos de la región. Así, la PC pasó de ser un simple instrumento para detener delincuentes y presentarlos ante el Ministerio Público, para convertirse en espacio de procuración de justicia basada en la reeducación de los maleantes. Esta decisión la tomaron al darse cuenta que más se tardaban en presentar a los delincuentes ante las autoridades judiciales que éstas en liberarlos, previa entrega de dinero. Los pueblos imparten la justicia con base en sus costumbres y su propósito más que castigar a los delincuentes, es su reeducación.

A diferencia de otros procesos de organización de los pueblos indígenas guerrerenses, la pc mantiene su confianza en sus propias fuerzas y ha logrado sobreponerse al hostigamiento político, policiaco y militar al que ha sido sometida. Ha resistido la negativa gubernamental a reconocer su proceso como parte del derecho de los pueblos a organizarse y ejercer su sistemas normativos.

Los pueblos indígenas del estado han experimentado otras formas de organización como el Consejo Regional de la Montaña (CRM) que cristalizó en 1996. Reunía organizaciones oficiales como no oficiales, presidencias municipales e instituciones estatales y federales. Al principio despertó expectativas porque al frente de dicho experimento estaba el legendario profesor Othón Salazar, al lado del equipo de biólogos que en su juventud participaron en favor del PCM en Alcozauca, pero que en ese momento estaban al frente de la Semarnap.

El CRM fue una experiencia importante en la región de la Montaña pero muy pronto dejó entrever sus limitaciones. Durante su presentación en la que se anunciaría el nombramiento del Tata Othón como su presidente, el dirigente no asistió. Los promotores del proceso tomaron la decisión de nombrar a Roberto Cabrera, compañero luchador del viejo comunista y dirigente de la unca .

En dicho proceso se involucraron organizaciones sociales con actividad en la región como, Tlachinollan, Mantís Religiosa, Axale, pair, el Cerro de las Estrellas, además de organizaciones cercanas a la cnc, como San Pedro Aytec. La fuerza del crm radicó en el número de organizaciones integrantes y la cantidad de recursos que las dependencias federales canalizaron a través de él para obras de infraestructura.

Los problemas se agudizaron con el relevo de su presidente. El consenso se inclinaba por el representante de Tlachinollan, sin embargo, representantes de las instituciones y las organizaciones oficiales dijeron que el que sustituiría al presidente saliente sería un dirigente de una organización oficial. A partir de ese hecho, varias organizaciones sociales no oficiales se retiraron del crm sin abandonarlo completamente. Muchas organizaciones de la Montaña vieron en la CRM una oportunidad para que sus planteamientos fueran atendidos. Los animadores del CRM nunca entendieron el asunto indígena y pensaron que lo único que debían de hacer en la Montaña era realizar obras de infraestructura, como les había funcionado en Alcozauca. Esto la convirtió en una oficina más de las dependencias estatales y federales y en un instrumento de los políticos regionales. Hoy, algunos políticos locales pensaron revivir al CRM debido a que es un año de elecciones. Como hace diez años volvieron a convocar a Othón Salazar a encabezar el crm, pero se negó a prestarse en la maniobra electoral.

Existen otros procesos locales que ponen en evidencia la complejidad del movimiento indio en el estado y establecen enorme potencialidad política por la variedad que las caracteriza. Encontramos a los pueblos nahuas del Alto Balsas con dos procesos visibles aparentemente irreconciliables, aun cuando utilicen las mismas siglas, como son el CPNAB y el CPNAB, AC. Existen también varias asociaciones civiles que desarrollan proyectos específicos en lugares muy localizados como por ejemplo Altépetl Nahua, cuyo capital social le permite ensanchar sus relaciones en el plano internacional.

Recientemente, una corriente de opinión en las organizaciones indígenas de la entidad comenzó a insistir en el establecimiento de una Universidad India en Guerrero. Se han realizado varios foros y reuniones locales con expertos y autoridades de los pueblos. Algunos de sus promotores dan por hecho su construcción por los acuerdos establecidos con las autoridades de la SEP, mientras otros sostienen que el proyecto debe madurar más para no provocar conflictos internos y no politizarlo.

Una particularidad del movimiento indígena guerrerense de los últimos quince años es su presencia en los procesos nacionales e internacionales a través de algunos de sus líderes. Los pueblos indios de Guerrero han tenido no sólo una gran visibilidad por las marchas en apoyo al EZLN sino que además han ocupado posiciones políticas importantes en espacios nacionales e internacionales como han sido el caso de algunos líderes del CG500-años que han destacado en la ANIPA, en la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, en el CNI, han contado con representantes en la Cámara de Diputados e incluso han ocupado puestos burocráticos de relevancia como la dirección del ex INIy el Fondo Indígena. Han tenido posiciones políticas importantes como la presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados que en este momento está en manos de un dirigente de Alcozauca. Con todo esto, el movimiento indígena guerrerense no ha logrado conseguir los cambios necesarios en la entidad que le permita su reconocimiento como sujetos de derechos a los pueblos indios del estado.

Sería interesante hacer hoy una reflexión sobre los alcances y limitaciones del movimiento. Tlachinollan, a raíz de su décimo aniversario que se cumplió en este junio pasado la ha iniciado.
 
 

Sergio Sarmiento es coordinador del Programa de Investigación Multidiciplinario
de Mesoamérica y el Sureste de la UNAM.