Según su propia afirmación, dicha estrategia consiste en que "la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI) en colaboración con las autoridades agrarias federales han impulsado un mecanismo que promueve una amplia coordinación con gobiernos estatales y municipales, así como la concertación con organizaciones campesinas y grupos en conflicto, privilegiando la conciliación como vía idónea para la solución de los conflictos, que aporta recursos económicos o en especie como elementos de negociación". El gobierno federal informó que como parte de su estrategia, "exhortará al Poder Judicial Federal e instancias competentes para que, en los asuntos y juicios en los que se involucren tierras de los grupos indígenas, se consideren los usos y costumbres de cada núcleo agrario indígena, mientras no contravenga lo dispuesto por la Constitución Política Federal y las leyes de la materia".
En el informe del relator y en la respuesta del gobierno mexicano se deja de lado un aspecto central del problema: la mayoría de los conflictos agrarios ocurren en superficies agrarias propiedad de los pueblos indígenas, con derechos adjudicados legalmente, pero ni la Secretaría de Reforma Agraria, ni los Tribunales Agrarios o los jueces de amparo, han hecho valer la ley para proteger los derechos de quienes los tienen.
Tampoco se hace referencia a que, en muchos casos, sujetos ajenos a los titulares de las tierras aprovechan esta situación para disputarlas, defendiendo sus intereses, que no derechos, o para presionar por conseguir prerrogativas.
Entonces, en vez de aplicar la ley las instancias gubernamentales emprenden
una política de "conciliación" para que los perjudicados
negocien sus derechos con quienes los afectan, y una vez conseguido un
arreglo, el gobierno paga una cantidad de dinero a los que se desisten.
Si este mecanismo no funciona existe la posibilidad de expropiar la tierra
disputada o de comprarla. Las medidas asumidas violentan el Estado de derecho
y hacen a un lado los procesos en los tribunales agrarios.
Esa política tiene efectos no muy visibles aún, pero
que, de seguir la tendencia, lo serán. Y es que al expropiarse o
comprarse la tierra ésta deja de ser propiedad social para convertirse
en propiedad privada ingresando al mercado. Con esta política de
no aplicar la ley sino de impulsar acuerdos políticos el gobierno
"arregla" un conflicto que de no controlarse puede salirse de control,
al tiempo que abre, al margen de la legislación agraria, un mercado
de tierra sui generis, controlado por el propio Estado pero también
por los sujetos involucrados, que presionan o ceden, según sus intereses.
De los 442 conflictos que el gobierno reconoció en todo el país, eligió 14 para iniciar los procesos conciliatorios. Incluyó cuatro de Oaxaca (donde los afectados son chinantecos, huaves, mixtecos y zoques), cuatro de Chiapas (choles, lacandones, tzeltales y tzotziles), dos en Jalisco (wixaritari), uno entre Durango y Zacatecas (tepehuanos), uno en Michoacán (purépechas) y uno en Sonora (yaquis). En todos se hallan en juego derechos territoriales indígenas. La mayoría son conflictos por límites agrarios, por inconformidad con las resoluciones presidenciales que las titularon o por sobreposición de planos y expropiación, causas atribuibles a las instituciones gubernamentales; las menos se deben a invasión de tierras por comunidades vecinas o ganaderos, atribuibles a terceros. En ningún caso las comunidades indígenas afectadas dieron motivo a los conflictos. Son agentes gubernamentales o privados quienes los provocaron por despojarlos de sus territorios.
Después de casi un año se han resuelto algunos problemas "de atención prioritaria" pero no es claro aun si habrá resultados en todos los demás. Un caso finiquitado por esta vía es el conflicto entre los tepehuanos de Santa María Ocotán, Durango, y los ejidatarios de Bernalejo de la Sierra, Zacatecas. Ahí, el problema llegó a su límite y al gobierno no le quedó más camino que validar hechos consumados. En julio del 2002 los tepehuanos ocuparon tierras que reclamaban como suyas pero tenían en posesión los ejidatarios de Bernalejo.
Al cumplirse un año de la ocupación sin que el gobierno hiciera algo por resolver el problema, los tepehuanos emplazaron a las autoridades a resolver y a los ejidatarios a abandonar las tierras o en su defecto los echarían por la fuerza. Conforme la fecha se aproximaba cercaron el ejido y la Policía Federal Preventiva los cercó a ellos. Pero no desistieron de su objetivo y en marzo cumplieron su ultimátum. Con su territorio recuperado al gobierno sólo le quedó negociar con los ejidatarios desalojados para indemnizarlos. En agosto del 2003 el Tribunal Unitario Agrario aprobó un convenio donde los ejidatarios aceptaron elpago de 51 millones por sus tierras, con lo que la Secretaría de la Reforma Agraria dio por concluido el problema. Es claro que el conflicto social continúa.
Otros casos anunciados como resueltos son cuatro de los focos rojos existentes en Oaxaca --El milagro, San Pedro Tapanatepec contra posesionarios; San Juan Lalana contra pequeños propietarios de Playa Vicente, Veracruz; Santo Domingo Teojomulco contra Santiago Xochiltepec y Santa María Chimalapas contra la colonia Cuauhtémoc. Los dos primeros casos son de comunidades contra pequeños propietarios; el tercero es por conflicto de límites y el último por sobreposición de planos definitivos.
Los cuatro eran conflictos provocados por agentes externos a las comunidades. El gobierno pagó para que una de las partes abandonara la tierra en conflicto y la otra quedara con ella, o en su caso, en posesión de terceros. En los primeros dos focos rojos quienes abandonaron la tierra fueron los particulares pero en el tercero tuvieron que llegar a un arreglo y repartirla entre ellas. No sucedió lo mismo con la disputa entre Santa María Chimalapas y la Colonia Cuauhtémoc, donde las 12 850 hectáreas de tierra que se disputaban, de acuerdo a fuentes periodísticas, quedaron en poder del municipio de Matías Romero, al que pertenece la colonia Cuauhtémoc, que las poseía, para que la convierta en área natural protegida. En otras palabras Santa María Chimalapas aparentemente obtuvo sus pretensiones pero no tendrá la posesión de las tierras reclamadas.
Los datos indican que el camino elegido para atender los conflictos agrarios no es muy adecuado, pues en vez de aplicar la ley se ha preferido negociar con quienes la infringen para desactivar los conflictos. Esto no resuelve las causas que originan las disputas agrarias, y una vez agotado el trato es posible que vuelvan a aparecer. El gobierno debería contar con diagnósticos integrales que incluyeran la forma en que los conflictos se manifiestan pero también sus causas profundas: jurídicas, culturales, sociales y políticas y con base en ellas concertar con las partes, no ponerlas a negociar sus problemas, porque entonces se impone la voluntad de quien más presión ejerce, que a veces no es la que tiene el derecho ni la razón.