Investiga el Congreso las privatizaciones de paraestatales durante la dictadura

Nueva querella contra Pinochet, ahora por exhumación ilegal y asociación ilícita

Firmas bursátiles no poseen información que expliquen las cuentas millonarias del ex militar

ENRIQUE GUTIERREZ CORRESPONSAL

Santiago, 18 de agosto. El ex dictador chileno Augusto Pinochet afrontaba hoy una nueva querella por los delitos de exhumación ilegal y asociación ilícita, con lo que suman ya cerca de 300 demandas por homicidio, se-cuestro, desaparición de personas y torturas.

Las nueva acusación, basada en una orden que habría emitido el ex militar para esconder los cuerpos de ejecutados políticos a finales de la década de 1970, fue presentada ante el juez Juan Guzmán, quien investiga todas las querellas al respecto.

Inclusive el ex militar está siendo indagado por cuentas secretas que poseía en un banco estadunidense. Este día se informó que las firmas bursátiles chilenas aseguraron no poseer información sobre eventuales inversiones accionarias de Pinochet que ex-pliquen sus millonarias cuentas secretas.

"Es una querella criminal por diversos delitos por un operativo ordenado por Pinochet para retirar los cuerpos de los ejecutados políticos que estaban enterrados en di-versos lugares a fin de cremarlos y hacerlos nuevamente desaparecer", señaló el abogado de la acusación Hugo Gutiérrez.

El fundamento radica en un documento enviado por Pinochet en 1979 a todas las unidades de inteligencia del ejército en que se ordena, escuetamente, un supuesto "retiro de televisores". Tal carta correspondería a un "criptograma" o mensaje en clave, en que la expresión "televisores" equivaldría a los cuerpos de los cientos de opositores y desaparecidos tras el golpe militar de 1973.

Tal instrucción del documento tendría como objetivo exhumar esos cuerpos y cremarlos, de modo que no quedaran evidencias de su asesinato por agentes del Estado. De hecho, más de 3 mil personas murieron o desaparecieron bajo la dictadura.

"Siempre se había dicho que estos he-chos fueron excesos de determinados funcionarios del ejército. Sin embargo, aquí nos topamos con responsabilidades institucionales, de las cuales tendrá que responder el general Pinochet", indicó Gutiérrez.

En tanto, una comisión investigadora de 13 congresistas del oficialismo y la oposición inició una investigación para aclarar si se cometieron irregularidades en la privatización de empresas durante el régimen pi-nochetista (1973-1990).

El objetivo es saber cómo se hicieron las ventas y a dónde fue a parar el dinero, pues ya no es posible abrir procesos penales en virtud de la prescripción.

Por otra parte, un juez sometió a proceso al mayor retirado de ejército Donato López, en el contexto de la investigación por la muerte del sacerdote español Joan Alsina, ocurrida tras el golpe militar.