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9 de agosto de 2004
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GARROTES Y ZANAHORIAS

Elecciones y economía

La vida pública en el país transcurre en el filo de la urna. En 15 meses, de mayo de 2004 a julio de 2005, una veintena de entidades federativas habrán renovado la totalidad de sus congresos y presidencias municipales y, 16 también la gubernatura. Durante este lapso, 61 millones de mexicanos se verán involucrados en algún proceso comicial y 49 millones cambiarán de gobernador. Este largo camino es apenas el principio. Porque cuando haya concluido esa etapa, nadie hablará de otro tema que la lucha por la Presidencia en 2006.

Las elecciones recurrentes representan para diversos grupos en el país un fuerte incentivo no sólo político, sino también económico, por lo que quisieran seguir en este escenario de votaciones permanentes. En los últimos años, desde que el PRI dejó Los Pinos, cuando menos de manera formal, los gobernadores de los estados han ido adquiriendo un papel cada vez más visible en la vida pública nacional y el cambio de prácticamente la mitad de los que existen en el país significa un reacomodo político relevante.

Otro aspecto, no menos importante de los procesos electorales, es el del dinero. Buena parte proviene del financiamiento público a los partidos, otra se distribuye entre el sector privado. En el segundo trimestre de este año, Televisa, la principal cadena de televisión abierta del país, captó 500 millones de pesos de "publicidad política". Televisión Azteca registró en ese periodo un fuerte incremento de sus ventas, asociadas con mayor captación de publicidad electoral. tratar de convencer, los candidatos se aparecen, literalmente, hasta en la sopa.

En la primavera pasada, el gobierno del presidente Vicente Fox envió al Congreso una iniciativa de ley para tratar de dar cierto orden a la competencia electoral. La propuesta retomó planteamientos discutidos por meses en los ámbitos políticos y de los analistas especializados o no en el tema, así como en los medios de información. Esa iniciativa se sumó a planteamientos de otros partidos políticos relacionados con la llamada "reforma política".

Una de las ideas centrales de la propuesta presidencial es reducir el tiempo de elecciones. O, mejor dicho, de campañas. Es decir, en lugar de un largo periodo de contiendas electorales, muchas veces seguidas de los conflictos por apelaciones ­como hoy día­ se trata de que las votaciones en todas las entidades se desarrollen un solo día, que las campañas duren unas cuantas semanas y que en el cambio de administración o de inicio de las legislaturas no se haga con grandes intervalos.

Quizá la propuesta recoja experiencias de otras partes. Por ejemplo, en Estados Unidos los senadores son electos por seis años, y cada dos años se renueva un tercio del Poder Legislativo. La Presidencia se disputa cada cuatro años. En ambas cámaras y en la presidencia es posible la relección.

Pero en aquel país la Comisión Federal de Elecciones, el organismo público encargado de la organización de las votaciones, tiene un presupuesto de 50.4 millones de dólares. En una práctica conocida como "regionalización", los estados han cooperado entre sí para celebrar sus elecciones primarias y sus comicios en la misma fecha.

En las últimas elecciones federales, las de 2003, en México se gastaron 2 mil 500 millones de pesos (alrededor de 220 millones de dólares) para organizar la votación y dotar de recursos a los partidos. Aunque esta democracia es demasiado cara, el costo quizá sea lo de menos. Los procesos políticos, las elecciones recurrentes y los conflictos poselectorales no parecen muy funcionales para gobernar. Vaya, un arreglo de esta cuestión es una condición que puede favorecer la gestión de los asuntos públicos, aunque, por supuesto, eso no es suficiente si no hay una idea bien clara de lo que se quiere hacer.

A mediados de julio, Francisco Gil, secretario de Hacienda, expresó en Nueva York que las reformas estructurales que impulsa el gobierno del presidente Fox deberán esperar a mejores tiempos. Quería decir seguramente que no se ha encontrado el apoyo político y los acuerdos para llevarlas adelante. Este es un asunto al que se refiere también con frecuencia Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México. Ambos consideran que no hay consenso entre los partidos políticos para un acuerdo en torno a los cambios que el gobierno considera esenciales para un mayor crecimiento. Esto lo repiten también los líderes de las cúpulas empresariales.

Para los políticos, los comentaristas, las empresas de información, o los creadores de imagen, existen grandes estímulos ­monetarios y de poder­ en una elección. Pero para los ciudadanos la recompensa de las elecciones permanentes es muy pobre y el interés que despiertan es cada vez más bajo. Eso sí, el sistema electoral de México es caro como pocos §

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