Miguel Concha

Extorsiones y abusos

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció, luego de su visita a México a finales de 2002, que una de las principales violaciones de los derechos humanos en el país son las detenciones arbitrarias, de las cuales son presuntamente responsables los cuerpos policiacos.

Esta constatación la hizo a partir de los datos que le fueron proporcionados por el primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con los registros de violaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), según los cuales una de cada 10 detenciones era arbitraria.

Encabezada por el famoso jurisconsulto Louis Joiné, quien ha sido miembro de la Suprema Corte de Justicia de Francia y, durante muchos años, experto de la Comisión de Derechos de la ONU, expresó también que "la gran mayoría de las detenciones arbitrarias parecen resultar del recurso frecuente que se denomina revisión y vigilancia rutinarias, redadas (realizadas) con cierta periodicidad bajo la apariencia de acciones preventivas contra la delincuencia en general, así como de arrestos basados en denuncias anónimas o en actitudes sospechosas" que llevan a cabo sobre todo los cuerpos de seguridad pública.

Pues bien, el pasado domingo entró en vigor en la capital del país la llamada Ley de Cultura Cívica, y el secretario de Seguridad Pública se comprometió al día siguiente a ejercer mayor control y supervisión de la policía para evitar actos de corrupción y extorsión. Ello no obstante, y como lo habíamos señalado las organizaciones civiles de derechos humanos desde mayo a la Asamblea Legislativa y al propio jefe de Gobierno capitalino, desde entonces se han venido multiplicando cada día las detenciones arbitrarias, las extorsiones y los abusos contra personas que ofrecen libremente sus servicios en la calle, sin coaccionar con ello a quienes los reciban para obtener un pago por los mismos, y sin que conste que haya existido denuncia previa.

Como lo ha informado la prensa y consta en los registros de quejas de la CDHDF, se trata sobre todo de franeleros, cuidacoches, limpiaparabrisas, vendedores de dulces, de tarjetas de teléfono, etcétera, que en algunos casos son extorsionados por los mismos policías, y que cuando son remitidos al juzgado cívico son objeto de multas que no están en capacidad de cubrir. Según han declarado algunos, a veces incluso en esas dependencias se les imponen multas que están muy por encima de lo que la misma ley prescribe.

Esto desde luego preocupa, porque la aplicación de esta legislación se está prestando a ser no precisamente un factor que promueva la cultura y la convivencia ciudadana, sino una ocasión más que propicia la corrupción y el abuso de autoridad. Pero lo que más preocupa es que el propio secretario del ramo declare a los medios que la mayor parte de las personas señaladas son delincuentes, y que la ley no le faculta para quitarlas de manera permanente.

Tal parece que, en efecto, se está criminalizando la pobreza, y que en el fondo se trata de los operativos a los que hace referencia el Grupo de Trabajo de la ONU.

Por otro lado, esta misma semana un diputado de la Asamblea Legislativa afirmó que se llevarían a cabo reformas a la ley de seguridad pública, con el propósito de otorgar facultades de persecución del delito a la policía preventiva. Como expresa el diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el hecho de que en algunos programas, y en la legislación sobre la materia ya existente, se incluya a la justicia penal como parte del sistema de seguridad pública, tergiversa y desvanece las distinciones que deben existir entre ambas, e incide en la relación existente entre división de poderes y seguridad pública.

El desconocimiento -sigue diciendo el reporte- de esta distinción elemental se aprecia en el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entre sus "estrategias" incluye "la administración de justicia". Con ese enfoque -concluye- los poderes judiciales llegan a reducirse al nivel de departamentos administrativos responsables de dictar sentencias y, en lo posible, condenatorias, pues de otro modo se considera que no están contribuyendo a la seguridad pública.

Tal parece, entonces, que nuestras autoridades, importando modelos de otras latitudes, que el propio Joiné denuncia como violadores de los derechos humanos, siguen prefiriendo atender únicamente los efectos de la inseguridad pública, y no las causas, sin tomar en cuenta la complejidad del problema y la integridad de las soluciones, y poniendo en riesgo al estado democrático de derecho.