| Editorial
Las denuncias públicas contra las irregularidades
detectadas en la entrega y el manejo de los 30 millones de pesos otorgados
a Pro Vida el año pasado por parte de la Secretaría de Salud
han puesto en un papel muy incómodo a su titular el doctor Julio
Frenk.
En primer lugar porque se trata de una imposición.
Pero no es resultado, como se quiere hacer creer, de una decisión
del Congreso, de Hacienda o de la sola acción del avieso Luis Pazos.
Ahora resulta claro que se trata de una acción concertada desde
la ultraderecha muy bien posicionada en las esferas del poder político.
De esta manera, Pro Vida sólo sería uno de los medios utilizados
para canalizar recursos, en este caso 90 millones de pesos en tres años.
¿Con qué propósitos?, eso aún no está
claro y debe ser investigado. Las organizaciones de la sociedad civil debemos
estar alertas sobre un posible resultado maquillado a la auditoría
que se le sigue a esa organización para limpiarla de toda sospecha
de irregularidad.
Queda aún por definir la solución final
que dará la Secretaría encabezada por el doctor Frenk. Resulta
muy difícil justificar ese donativo millonario, muy superior al
que se destina a la prevención del VIH/sida, a una organización
tan frontalmente opuesta a las políticas públicas de salud.
Y no creemos que el propósito haya sido el acallar sus gritos. El
affaire Pro Vida debiera ser aprovechado para sacudirse esa carga ominosa
impuesta con toda malevolencia, porque resulta ya imposible aceptar que
se continúe otorgando esos recursos públicos a una organización
a la que no se le exigió someterse a los procedimientos normativos
que a todas las demás se exigen.
De otra manera, asistiremos al triste espectáculo
de un secretario considerado progresista defendiendo y protegiendo por
consigna a una organización ultraderechista tan impresentable como
Pro Vida. |