Se busca que los procesos sean retirados de la justicia castrense, por no ser imparcial

En la CIDH, tres casos de violación a derechos humanos por parte de militares

ROSA ROJAS

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) están ya tres casos "emblemáticos" de violaciones a derechos humanos por militares mexicanos: la de dos indígenas guerrerenses violadas sexualmente y el de los campesinos ecologistas de Petatlán, Guerrero, detenidos en forma arbitraria y torturados por elementos del Ejército mexicano. En los tres casos se está recusando la jurisdicción militar, informó Mario Patrón, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Dichos casos son emblemáticos respecto al tema de la jurisdicción castrense, "porque ejemplifican los dos niveles en los que interviene el Ejército en el caso de las violaciones a derechos humanos de civiles por militares: el de la impunidad de los actores inmediatos de las violaciones, en los casos de tortura y abuso sexual, y el del Ejército como encubridor de los violadores de derechos humanos", explicó.

Al planteársele cuál sería la importancia de que la CIDH hiciera sendas recomendaciones al gobierno mexicano sobre los casos citados, tomando en cuenta que ya en el de las tres hermanas tzeltales violadas por soldados en Chiapas, en 1994, había recomendado que la investigación se reabriera en el fuero civil y de todas formas el expediente se reabrió en el fuero militar, Patrón comentó que eso fue antes de que el Estado mexicano ratificara, en 1998, la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Si ahora la CIDH hace una recomendación y el gobierno mexicano no la cumple se puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", cuyas sentencias son de cumplimiento forzoso.

Patrón informó que Tlachinollan pidió además a la CIDH que solicite al gobierno mexicano medidas cautelares para los habitantes del poblado San Rafael, municipio de Metlatónoc, Guerrero, donde peligra la vida de 250 familias a causa de las grietas que se formaron por "un desvanecimiento de masa territorial", mismas que afectaron sus casas con daños prácticamente irreparables en septiembre de 2003.

Ahí, dos geólogos del Cenapred (Centro Nacional de Prevención de Desastres) y uno de Protección Civil del estado de Guerrero -en sendos dictámenes- recomendaron la reubicación de la comunidad, pero no se ha hecho, ya se deslavó otra casa, la "grieta madre" se ha extendido más y en cualquier momento puede haber un desastre en San Rafael.

Añadió que los gobiernos federal y estatal declararon a San Rafael zona de desastre. Eso activó el fondo de desastres naturales; se hizo un presupuesto de 11 millones 500 mil pesos para los trabajos. El gobierno federal ya cubrió los 6 millones que le tocaban, pero el gobierno estatal no ha puesto su parte y, por el riesgo inminente a la vida y la integridad física que corren los habitantes de la comunidad, se solicitaron las medidas cautelares a la CIDH. En concreto, se solicitó que requiera al Estado mexicano la construcción de un albergue temporal y la construcción de las viviendas para los habitantes de San Rafael.

Patrón detalló que Tlachinollan lleva los casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández, ambas violadas por militares del 41 batallón de Infantería (el caso de los campesinos ecologistas, Teodoro Montiel y Rodolfo Cabrera, lo lleva el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro). En el caso de Rosendo, la CIDH ya "corrió traslado al Estado mexicano de su recepción y éste argumentó que es 'inadmisible' porque no se han agotado todos los recursos internos, ya que todavía esta en ejecución la investigación militar.

"Nosotros decimos que no tenemos por qué agotar los recursos internos porque la Procuraduría Militar (PM) -que es la que en ambos casos abrió la investigación- es un órgano que carece de imparcialidad e independencia y no es competente... por otra parte, lo que señalamos en ambos casos es que la PM ha violado también la garantía de plazo razonable, en estos dos casos han pasado más de dos años y no hay ningún avance; el caso de Inés es más dramático porque la PM ya había anunciado el cierre de la investigacion 'por falta de interés jurídico' de Inés, lo que es inaudito porque, por el tipo de delito de que se trata, no debía estar sujeto al interés de la víctima."

Agregó Patrón que Tlachinollan supo del cierre de la investigación que ordenó la PM en el caso de Inés, "pero no nos ha comunicado si a consecuencia de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el mismo (emitida en diciembre de 2003) se hubiera reabierto el caso. Lo que dice la CNDH en su recomendación es que no se puede cerrar por 'interés jurídico'".

Por su parte, el Estado mexicano, al contestar la demanda en el caso de Valentina, "vuelve a hacer mención del interés jurídico; dicen que se ha tardado la investigación porque Valentina no ha ido a la PM, y ahí contestamos que no ha acudido porque no es un órgano independiente ni imparcial ni competente, porque es evidente que la Secretaría de la Defensa, antes de investigar cualquier cosa, sacó el boletín de prensa 025, que decía que se estaba inventando lo de la violación, que ése era un argumento para evitar la lucha del Ejército contra el narcotráfico. Nosotros decimos que no tenemos por qué someternos al fuero militar".