Para futuros trabajadores plantea fijar el retiro con 35 años de servicio y 60 de edad

Acepta el SNTSS aportar 10% del salario a las jubilaciones

Esto no es sumisión sino la forma de atender un problema que se está saliendo de control, dice

FABIOLA MARTINEZ

A unas horas de que el Senado de la República vote la reforma a la Ley del IMSS -avalada ya por los diputados-, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) aceptó para sus agremiados en activo aportar hasta 10 por ciento del salario al régimen de jubilaciones y pensiones (RJP) y, para las futuras generaciones, fijar para el retiro 35 años de servicio y 60 años de edad.

Los 37 secretarios seccionales que integran el SNTSS se reunieron ayer por más de ocho horas para delinear una nueva propuesta, que entregaron anoche a la dirección general del instituto, a la Cámara de Senadores y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en espera de una convocatoria para continuar la negociación que evite la reforma e incluso un paro en la institución.

El objetivo es llegar a un acuerdo antes de la sesión de periodo extraordinario en Xicoténcatl, porque ''si mañana se legisla será un golpe mortal para la contratación colectiva en México... Esto no es una sumisión del sindicato, sino la forma de atender un problema que se está saliendo de control'', advirtió Roberto Vega Galina, secretario general del SNTSS.

Percepciones y derechos

La propuesta sindical que, aun en caso de aceptarla el instituto, deberá ser sometida hasta octubre próximo a consideración del congreso nacional de este gremio, máximo órgano de gobierno del sindicato, señala que todas las percepciones y derechos de los ya jubilados y pensionados permanecen sin modificación, tal como lo estipula el actual RJP.

Para los casi 360 mil empleados en activo, el sindicato propone que los requisitos de tiempo de servicio para el retiro no se modifiquen y admite el incremento paulatino -un punto cada año- de 3 a 10 por ciento al RJP.

Respecto a la ''nueva generación'' de empleados del IMSS, es decir, aquellos que sean contratados después de la reforma al régimen de jubilaciones y pensiones, el retiro será a los 35 años de servicio y 60 de edad; de igual forma, la aportación al RJP se incrementará anualmente uno por ciento, hasta alcanzar 10 puntos. Además, las cuantías de las jubilaciones o pensiones se determinarán con base en el último salario devengado al cesar la actividad laboral, ''sin rebasar 100 por ciento''.

Vega Galina aseveró que la nueva propuesta sindical cuenta con el aval ''unánime'' de los 37 líderes locales de este gremio en todo el país, ''desde Quintana Roo hasta las Bajas Californias'', y representa un esfuerzo para demostrar -dijo- la voluntad del sindicato de alcanzar un acuerdo. ''Es un esfuerzo histórico ante un problema de naturaleza multifactorial, que requiere de un tratamiento de Estado e integral... Hemos hecho lo que nos corresponde dentro de la legalidad'', señaló.

En conferencia de prensa exigió que la propuesta de cambio sea acompañada de compromisos explícitos del gobierno federal para incrementar su aportación social en favor del IMSS; un programa de austeridad, y eficiencia administrativa y jurídica del organismo que ayude a evitar la elusión y evasión de las cuotas obrero-patronales.

La propuesta del sindicato admite los puntos anteriores señalados por la dirección general del organismo y su consejo técnico; inclusive, la conclusión fue redactada -según fuentes consultadas- ''sin mucha oposición de los seccionales. Hubo algunos, como los del sureste y centro del país, que prácticamente le extendieron a Vega Galina un cheque en blanco para negociar''.

Sin embargo, la oferta sindical rechaza múltiples puntos en los que ha insistido el instituto, como el llamado ''bono de reconocimiento'', esto es, una suerte de liquidación para los empleados en activo, según la antigüedad acumulada de cada uno; nuevas condiciones para los futuros trabajadores del instituto que incluye, por ejemplo, requisitos de 40 años de servicio para obtener una jubilación al ciento por ciento del último salario, pero sobre todo, la insistencia del organismo para fijar el aumento a las pensiones con base en el acumulado anual de la inflación.

En el documento de la tercera propuesta del IMSS se afirma que ésta representa ''una instrumentación más gradual y suave'' en la línea de lo que ya se ha hecho en universidades públicas y que constituye también, al igual que las dos anteriores, ''una solución integral al problema''.

El Seguro Social afirma que con su tercera propuesta ''se respetan los derechos de los pensionados y de los trabajadores actuales, pero estos últimos aumentan sus aportaciones al RJP y se reduce gradualmente en el tiempo el porcentaje de aguinaldo afectando en menor grado a los que cuenten con mayor antigüedad'', se apunta en el documento.

Para los que lleguen...

Como se ha difundido, el IMSS insiste en una serie de condiciones para los empleados de nuevo ingreso, entre las que destacan requisitos mínimos de 65 años de edad y 20 años de antigüedad para optar por una jubilación. Por ejemplo, según las previsiones del organismo, si un empleado con 25 años de antigüedad se retiraría con menos de la mitad de su último salario; si hubiera acumulado 35 años de servicio, lograría 70 por ciento del sueldo y, si deseara retirarse al ciento por ciento de su última percepción, tendría que laborar 45 años.

Lo anterior, afirma, tendría diversas ventajas, en especial -destaca- la creación de nuevas plazas o el remplazo de las actuales; ello no generará un pasivo laboral para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El pasivo laboral del RJP en la situación actual ''tiene una tendencia explosiva''. En la tercera propuesta sigue aumentando por algunos años todavía, aunque alrededor de 2020 se contiene y eventualmente disminuiría después de 2045.

Asegura también que, con la propuesta de referencia, ''el esfuerzo de los trabajadores actuales es menor que el que ya han hecho los empleados de las universidades públicas... pese a que el régimen de jubilaciones y pensioners del IMSS es más generoso''.

Proponen nuevo espacio de negociación entre la dirección del instituto y el sindicato

Divide a senadores del PRI la decisión sobre la ley del IMSS

Tendría serias consecuencias para el país y para el Congreso, advierten Gamboa Patrón insiste en aprobar este miércoles la minuta Lo apoya Fernández de Cevallos

ANDREA BECERRIL

Aprobar las reformas a la Ley del Seguro Social pese a la flexibilización en la postura del sindicato traerá serias consecuencias para el país y un alto costo para el Congreso, advirtieron los senadores del PRI Laura Alicia Garza Galindo y Carlos Rojas, así como el perredista Jesús Ortega. Los tres coincidieron en que debe abrirse un nuevo espacio para la negociación entre las partes involucradas en el conflicto y no votar hoy la iniciativa.

Sin embargo, pese a que el dirigente del SNTSS, Roberto Vega Galina, comunicó anoche al coordinador panista, Diego Fernández de Cevallos, y al vicecoordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, el cambio radical en la postura del sindicato, ambos declararon luego que sólo en caso de que se les notifique que hubo un acuerdo concreto con el director del IMSS, Santiago Levy, se diferiría la votación de la minuta este miércoles, en que están citados a sesión dentro del periodo extraordinario.

Es una decisión que divide a los senadores del PRI, pues pese al compromiso del coordinador Enrique Jackson de abrir el espacio a la negociación, anoche Gamboa Patrón dijo que aunque ''algunos'' priístas no quieren esa reforma, ''hay 40'' que lo urgieron a que se apruebe ya esa iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados.

Incluso reveló que en la conversación con Vega Galina le dijo que ''son muchos más los que van con la reforma que los que no'', y le pidió que negocie con el Consejo Técnico del IMSS.

Fernández de Cevallos condicionó también la suspensión del proceso legislativo a que el SNTSS y el IMSS comuniquen al Senado que llegaron a un acuerdo.

Al respecto, el coordinador del PRD, Jesús Ortega Martínez, después de hablar con Vega Galina dijo que exigirá a Jackson Ramírez y Fernández de Cevallos cumplir la palabra y escuchar nuevamente al sindicato, o de lo contrario ''aparecerán como mentirosos'' y serán responsables de las consecuencias de avalar una ley inconstitucional, que además no soluciona el problema financiero del Seguro Social y parece ser el inicio de su privatización.

Laura Alicia Garza Galindo y Carlos Rojas Gutiérrez, por su parte, advirtieron que la decisión la debe tomar la mayoría de los priístas durante una reunión previa a la sesión -citada a las 17 horas-, después de valorar el esfuerzo que el SNTSS ha hecho para aportar una propuesta alterna, como es la jubilación a los 60 años de edad y aportaciones de 10 por ciento del salario al fondo de jubilación.

De persistir ''la necedad'' de seguir con el proceso legislativo y votar hoy la iniciativa sin atender el planteamiento del sindicato, "reafirmaría mi sospecha de que lo que quieren es violentar todo el proceso para llegar al conflicto económico y destruir el contrato colectivo de los trabajadores del IMSS, como un primer paso para acabar con el instituto'', advirtió el senador Rojas Gutiérrez. Sólo así se explicaría la prisa, dijo, por aprobar una reforma inconstitucional.

La decisión que hoy asuman los priístas -cuyo voto es necesario para aprobar la modificación a la Ley del Seguro Social- los dividió desde ayer, pues frente al abierto cabildeo de Gamboa Patrón y a las presiones de otro ex director del IMSS, Genaro Borrego, quien hizo llegar a las comisiones dictaminadoras un escrito signado por los integrantes del grupo Enlace para urgirlos ''a no postergar más la reforma'', hay un grupo que abiertamente rechaza la minuta.

Al respecto, Garza Galindo lamentó que ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado se comprenda a fondo la magnitud del cambio que se podría aprobar hoy. ''Le están mintiendo descaradamente al pueblo de México, al no informar sobre el impacto real de la reforma y ello traerá un alto costo al Congreso, que en términos reales, de aprobar la minuta en torno a la Ley del Seguro Social, estaría actuando contra nuestros representados''.

Por separado, Rojas Gutiérrez exigió que el gobierno foxista aclare cuál es el plan completo. ''¿De qué se trata? ¿Qué quieren hacer con el IMSS? Porque todos reconocen que esta reforma no resuelve nada, pero la intención es lograr que se apruebe a como dé lugar''. Ayer no se reunieron las comisiones dictaminadoras pero, según comentó el panista Héctor Larios, el dictamen tiene ya la firma de todos los senadores blanquiazules y tricolores. Ello fue desmentido por los priístas Miguel Angel Navarro y Antonio García Torres, quienes aseguraron que hasta hoy, luego de la reunión de su bancada, decidirán si signan el documento.

El presidente de la Comisión de Hacienda, el panista Fauzi Hamdan, insistió en que hay los votos suficientes para aprobar hoy la reforma, ya que con los 45 votos de su bancada y los seis del Verde, sólo faltarían unos 20 del PRI, que están asegurados. Gamboa Patrón duplicó por la noche la cifra. Pero la postura del SNTSS, al acordar una propuesta para fijar los 60 años como edad mínima para jubilarse y elevar de 3 a 10 por ciento las aportaciones de trabajadores en activo y jubilados al fondo de pensiones, cambió el panorama porque da mayores argumentos a los priístas inconformes para frenar la ley.

El Seguro Social, institución prioritaria, afirma

Diálogo constructivo y no paros, demanda Vicente Fox

ALONSO URRUTIA ENVIADO

Chihuahua, Chih., 3 de agosto. ''No es mediante paros en una institución prioritaria para la salud del país como se va a resolver el conflicto en el IMSS, sino a través del diálogo civilizado y constructivo'', sostuvo aquí el presidente Vicente Fox.

En este caso, subrayó, ''es indispensable que se logre un acuerdo sensato, maduro, de plena justicia para no tocar un solo centavo de los derechos legítimamente ganados por cada servidor'', pero también se debe pensar que a futuro el gobierno no puede soportar la erogación de los ''700 mil millones de pesos que se requerirían si los nuevos trabajadores mantienen este plan de pensiones y jubilaciones''.

Fox también se refirió a los recientes comicios realizados en tres entidades, y aunque en conferencia de prensa fue cuestionado sobre la situación que prevalece en Oaxaca, respondió aludiendo a los tres comicios, en donde no hubo actos de violencia. Subrayó que en los tres casos existe la confianza en que las instituciones democráticas del país den cauce a los recursos jurídicos que los partidos políticos presenten.

Tras señalar que en contiendas cerradas ''normalmente se presentan las posiciones jurídicas de los distintos partidos, lo que puedo decir es que esperaré a que las instituciones presenten los resultados para echar una llamada de reconocimiento. Desestimó que las derrotas panistas pudieran obedecer al factor Fox, ''pues el país vive una confianza plena donde hay alternancia''.

Sobre el conflicto del Seguro Social dijo que la postura de la institución no sólo es responsabilidad del gobierno, pues es un órgano tripartita cuya junta directiva -integrada por gobierno, empresarios y trabajadores- debe dialogar con el sindicato para encontrar una salida civilizada y constructiva para el país.

Los demás servicios tendrían que esperar: Frenk

Ssa atendería emergencias si hay paro en el Seguro Social

ANGELES CRUZ

El secretario de Salud, Julio Frenk, aclaró ayer que en caso de que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) decidieran suspender actividades, el sector a su cargo sólo podría atender las emergencias, y los demás servicios ''tendrían que esperar''.

Aseguró que el proyecto de reforma a la Ley del Seguro Social, que se discute ahora en el Senado, es ''un paso en la dirección correcta, aunque no es la solución al problema financiero del IMSS''. Tendrá que complementarse con otras acciones, que podrían decidirse en el ámbito de la negociación contractual, dijo.

En tanto, el instituto se mantiene como ''observador'' del proceso legislativo en curso y que hoy continuará en el Senado, luego de que el viernes fue aprobada en San Lázaro la iniciativa promovida por diputados de PRI y PAN para que los recursos económicos del IMSS se dediquen sólo a la prestación de servicios a derechohabientes.

Independientemente del resultado de la discusión legislativa, informó el organismo, la mesa de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) continúa vigente.

Para el IMSS, las movilizaciones que han realizado los trabajadores en los pasados días son en contra del Congreso y no de la institución que dirige Santiago Levy. Aseguró que los servicios no se han visto afectados y mucho menos interrumpidos por los plantones y cierres de vialidades. Sin embargo, La Jornada constató ayer que en clínicas y hospitales los retrasos fueron más prolongados de lo acostumbrado. Algunos pacientes debieron esperar hasta tres horas para ser atendidos.

Por la mañana, el secretario de Salud encabezó la ceremonia de entrega del segundo Premio Nacional de Periodismo en Salud, al término de la cual puntualizó que conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo, en caso de paro o huelga los servicios de urgencias de las instituciones sanitarias deben continuar funcionando, ''pero no pensamos que eso vaya a ocurrir. Estamos confiados en que la responsabilidad que han demostrado el sindicato y las autoridades del IMSS permitan llegar a un acuerdo. Todo mundo está unificado en el propósito compartido de fortalecer a la institución''.

Interrogado sobre si los cambios a la ley justifican el riesgo de un estallido social, señaló que ''el mayor riesgo social sería que el IMSS no pudiera seguir sustentando los servicios a los ciudadanos''.

Bajan presupuesto e infraestructura, pero sube la afiliación

Empezó en 1978 la política contra la seguridad social

La viabilidad financiera del instituto, argumento oficial

ANGELES CRUZ

Durante más de dos décadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha visto mermada su estructura solidaria y redistributiva por reformas legales y restricción de beneficios a los derechohabientes, como parte de una política encaminada a transformar el ámbito en cuestión.

El proceso se inició entre 1978 y 1982. El presupuesto del organismo se redujo 38 por ciento y se detuvo el crecimiento de la infraestructura, pese al acelerado aumento en el número de afiliados al organismo, según informes oficiales de la época.

La supuesta viabilidad financiera del instituto es el argumento que desde la segunda mitad de los años 80 han esgrimido las autoridades para justificar los cambios a la ley, por los cuales, entre otros, se individualizaron las pensiones de los trabajadores, se modificó el esquema de las aportaciones obrero-patronales y del Estado, y se ha intentado reducir los derechos laborales de los empleados del Seguro Social.

El mismo discurso pretende, inclusive, servir de base para acotar más en el futuro los beneficios de la seguridad social y establecer, por ejemplo, el copago de medicamentos. Así lo estableció el IMSS en el reporte financiero de 2002.

Al mismo tiempo, la falta de planeación y los errores en los cálculos actuariales, admitidos por el ex director del instituto Ricardo García Sainz, han llevado a que prácticamente con la misma infraestructura se atienda a un creciente número de derechohabientes.

Todo ello se refleja en el evidente deterioro de la calidad de los servicios de salud en las clínicas y hospitales, a cuyo servicio tienen derecho 41.8 millones de mexicanos inscritos en el Seguro Social hasta diciembre de 2003.

Los intentos por "mejorar" la prestación de los servicios del IMSS y "salvarlo" de la insolvencia financiera tienen una larga historia. Desde la década de los 70 -años de mayor crecimiento de la infraestructura- hasta la primera mitad de los 80, el organismo disfrutó de los beneficios de la bonanza económica, la cual se reflejó en la construcción y fortalecimiento de los 10 centros médicos nacionales y la ampliación, entre 1977 y 1982, de 107 mil 757 plazas.

La reducción de 38 por ciento en el gasto destinado a la seguridad social entre 1978 y 1987 es prueba de ello, y más en 1984, cuando el descenso en el presupuesto fue de 22.79 por ciento.

Ya en ese tiempo se observaba un fenómeno paralelo: el crecimiento acelerado en el número de derechohabientes y el estancamiento en la infraestructura hospitalaria. Entre 78 y 87 el incremento de los beneficiarios fue de 85 por ciento. Para 1989 llegó a 94.22 por ciento.

De la misma manera se hizo presente en aquella época lo que hoy es una constante en el discurso del director del IMSS, Santiago Levy Algazi: la disminución de los recursos disponibles por usuario. En el periodo de referencia, el descenso en ese gasto fue de 66.64 por ciento.

Los informes presidenciales y del instituto señalan que en 1988 había 35.5 millones de derechohabientes en el Seguro Social, pero ya hacía más de una década que el número de trabajadores del instituto permanecía en 300 mil (La Jornada, 22/10/89).

La crítica situación financiera y de servicios del IMSS es evidente desde hace más de 15 años. A partir de ahí, varios han sido los intentos por revertir ese panorama, entre ellos, los reiterados proyectos de las autoridades para modificar las condiciones laborales de los trabajadores.

En 1989 el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) protagonizó una de las más grandes movilizaciones de su historia. El entonces secretario general, Antonio Punzo Gaona, tuvo que abandonar el cargo porque firmó con los directivos del IMSS modificaciones al contrato colectivo de trabajo sin antes contar con la aprobación de los agremiados.

En aquel momento, los cambios contractuales pretendían enfrentar el crecimiento institucional con el reordenamiento de la plantilla y la reducción del ausentismo laboral. Así, se instauraron nuevos premios de puntualidad, eliminaron algunos días de descanso (que se compensaron con vacaciones), además de intercambiar uno de los periodos vacacionales por un pago monetario doble. El convenio suscrito por Punzo Gaona a espaldas de los trabajadores incluía la modificación de 12 cláusulas del contrato colectivo de trabajo.

Durante el primer día de trabajos del 21 congreso ordinario del SNTSS, el líder sindical expuso a los delegados que existía "una dificultad extrema para incrementar sustantivamente el sueldo tabular". A cambio les ofreció "estímulos a la presencia laboral".

Más de la mitad de los trabajadores rechazó la propuesta, a pesar de lo cual Punzo Gaona suscribió el convenio con el IMSS. Eran los días previos al primer Informe de Gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, y los tiempos en que la paz social era el valor más preciado. Por eso, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, fungió como mediador en el conflicto entre la disidencia a Punzo Gaona y la dirección general del IMSS.

Tras varias semanas de sesión permanente del congreso, marchas y plantones, los opositores a la reforma lograron la salida del secretario general, así como derogar el convenio signado por él, que inclusive ya había sido depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

En 1995, el gobierno de Ernesto Zedillo promovió una nueva reforma a la Ley del Seguro Social. El diagnóstico sobre las fortalezas y debilidades de la institución resaltó la descapitalización del Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM) como el principal argumento para realizar el cambio. Estaba en riesgo, se dijo entonces, la prestación de los servicios médicos a los derechohabientes.

Nuevamente se puso sobre la mesa la precaria situación del instituto y las dificultades que ya enfrentaba para preservar la seguridad social. La iniciativa planteó la necesidad de fomentar el ahorro interno del país, así como reducir el peso de las cuotas obrero-patronales. A cambio, el Estado incrementó su participación, al pasar de 5 a 35 por ciento.

Las voces de académicos y expertos en la materia señalaron que el proyecto llevaba implícita la privatización de la seguridad social y el aniquilamiento de la solidaridad, cimiento sobre el que en 1943 se construyó el IMSS.

La modificación, que entró en vigor el primero de julio de 1997, incluyó la individualización de los fondos de pensiones de los trabajadores de la iniciativa privada. El objetivo, se planteó en aquel momento, era garantizar pensiones dignas a los futuros jubilados y pensionados, lo cual no era posible con el esquema solidario prevaleciente hasta entonces.

Ya en la era foxista, el director del IMSS, Santiago Levy, impulsó nuevos cambios a la legislación, otra vez para mejorar la situación financiera institucional. En diciembre de 2001 el IMSS se convirtió en organismo fiscal autónomo. Los legisladores autorizaron incrementar las sanciones a los patrones que incumplan con el pago de cuotas.

Al mismo tiempo, incluyeron entre las obligaciones legales del instituto la acumulación de reservas financieras y actuariales, así como del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales.

Otra de las medidas contempladas por el Seguro Social para mejorar su situación financiera es la posibilidad de establecer "alguna limitante" a los beneficios médicos o "algún esquema de copago de medicamentos". Por lo pronto, la dirección del IMSS emprende una más de sus batallas para librar al instituto de la insolvencia, ahora con otro intento de modificar los derechos laborales de los empleados.

A decir del instituto, es insostenible la carga económica que representa el pago del régimen de jubilaciones y pensiones del SNTSS. El asunto ha sido analizado y discutido con la directiva sindical desde 2001, con la que se acordó un proyecto de reforma que fue rechazado por los trabajadores en marzo pasado, ya que la modificación significa en los hechos la eliminación de su esquema de retiro aun cuando sólo se aplicase a futuras generaciones.

El conflicto se recrudeció a partir de la iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social, promovida por diputados de PRI y PAN, para desde ahí obligar al IMSS a utilizar sus recursos económicos en la prestación de servicios y no en el cumplimiento de sus obligaciones laborales. El proyecto fue aprobado el viernes pasado en San Lázaro. Hoy le toca al Senado dirimir el asunto.

Prosiguen protestas; en Ecatepec, tres heridos

Miles de miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) se manifestaron ayer en los estados de México, Puebla, Yucatán, Nuevo León, Michoacán y Sonora contra la reforma al sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la movilización en Ecatepec, estado de México, que bloqueó la Vía Morelos a la altura de la Clínica 68 del IMSS, policías municipales y personal de Gobernación intentaron detener y desalojar a los manifestantes. Servidores públicos e inconformes se enfrentaron y resultaron con lesiones los trabajadores del IMSS Socorro Morales Badillo, Jorge de la Trinidad y Oscar Morales Badillo; los dos últimos están hospitalizados.

En los municipios mexiquenses de Tlalnepantla y Naucalpan se manifestaron más de mil enfermeras, médicos y personal administrativo afiliados al SNTSS ante tres subdelegaciones del IMSS, así como frente al hospital de Traumatología de Lomas Verdes y de la Clínica 72.

Otros mil trabajadores de la sección 1 del SNTSS marcharon hasta la delegación del IMSS en Puebla. La Unión Nacional de Trabajadores participó en esta protesta, que incluyó consignas contra el gobierno de Vicente Fox y un discurso en el que el grupo inconforme aseguró que las modificaciones a la Ley del Seguro Social son una maniobra "para chingar a sindicatos independientes".

En tanto, alrededor de 2 mil empleados del IMSS tomaron simbólicamente durante dos horas tres subdelegaciones del instituto en Mérida, Yucatán. El SNTSS inició paros administrativos en clínicas del IMSS en Nuevo León, medida que afectó a unas 290 mil personas, según la dirección de la institución. El organismo sindical también comenzó movilizaciones en Michoacán, Veracruz y Sonora.

JAVIER SALINAS, SILVIA CHAVEZ, LUIS A. BOFFIL, DAVID CARRIZALES, MARIANA CHAVEZ, ANDRES T. MORALES Y CRISTOBAL GARCIA, CORRESPONSALES; LA JORNADA DE ORIENTE Y LA JORNADA MICHOACAN

Revela resultados de 15 auditorías al Seguro Social

En 2002, daño patrimonial por $515 millones: PRD

La bancada perredista demanda que se finquen cargos

ENRIQUE MENDEZ

Las auditorías practicadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el ejercicio de la Cuenta de la Hacienda Pública 2002 revelan un daño patrimonial por 515 millones de pesos debido a mala administración, altos índices de ineficiencia, dispendio y corrupción alentada por los altos funcionarios del organismo, denunció la bancada del PRD en la Cámara de Diputados.

Al presentar los resultados de las revisiones al IMSS practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la diputada Dolores Padierna cuestionó que hasta el momento el auditor, Arturo González de Aragón, no haya fincado responsabilidades por el daño a la institución, y afirmó que pedir un mayor sacrificio a los trabajadores y un nulo esfuerzo a la administración del Seguro Social constituye una medida que no mejorará los servicios.

Asimismo, el coordinador de la bancada, Pablo Gómez Alvarez, reconoció que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se equivocó al proponer, el viernes pasado al pleno, clausurar ese mismo día el periodo extraordinario de sesiones, por lo que debía ofrecerse una disculpa a los senadores, que han expresado su molestia.

"Puedo decir que el acuerdo está mal, pero no pasa nada, tampoco es tan grave, porque estamos en periodo extraordinario de sesiones", dijo, por lo que si el Senado en su sesión de hoy modifica la minuta con proyecto de decreto que envió la Cámara de Diputados con las reformas a la Ley del IMSS, no será necesario convocar a un nuevo periodo extraordinario de sesiones para discutir el tema.

Diversas anomalías

Mientras, los detalles de las 15 auditorías practicadas al IMSS en el ejercicio fiscal 2002 confirman un sinnúmero de irregularidades.

En la que se realizó al capítulo 2000, materiales y suministros, a las delegaciones México Oriente y Poniente, la ASF detectó que la administración del Seguro Social dejó de ejercer 27 millones 96 mil 500 pesos de su presupuesto para compra de medicamentos y materiales de curación, además de que esa diferencia no fue localizada porque no se cumplió con el trámite de transferencias y, por tanto, no se comprobó su uso.

La dirección del IMSS tampoco ejerció 55 millones 298 mil pesos en la compra de bienes terapéuticos, esto es 12.5 por ciento de lo otorgado para ese rubro, que fue de 441 millones 108 mil 500 pesos.

Aun así no se aplicaron a los proveedores las penas convencionales por el incumplimiento en el suministro de medicamentos y materiales de curación, debido a que se quedaron sin surtir 565 órdenes de fármacos y 350 pedidos más se entregaron con retraso, lo que originó un daño por 256 millones 281 mil 500 pesos.

Se comprobó falta de registro, inconsistencias en el inventario de instrumental médico y falta de documentación comprobatoria, con una afectación de 20 millones de pesos al patrimonio de la institución.

La auditoría detectó sobreexistencia de algunos medicamentos y desabasto de otros en las dos delegaciones, mientras que 133 claves de fármacos, cuyo importe es de 10 millones 283 mil 300 pesos de la delegación México Oriente, se reportaron como "compras emergente", adquiridas sin licitación y con un sobreprecio de 6 millones 386 mil 600 pesos.

El órgano superior de fiscalización formuló 12 observaciones con un efecto económico de 292 millones 104 mil 100 pesos en ambas delegaciones.

El desorden también se observa en la delegación 2 Noreste, específicamente en el rubro de adquisición y abasto de medicamentos y materiales de curación, así como otras irregularidades en el capítulo 3000, servicios generales, en la delegación 3 Suroeste del Distrito Federal.

Por ejemplo, los hospitales de Especialidades y Cardiología Siglo XXI firmaron actas de recepción de servicios de mantenimiento preventivo, sin que los servicios se hayan realizado. El total del daño patrimonial por esa y otras anomalías asciende a 6 millones 565 mil 400 pesos.

Además, en la auditoría a servicios de personal el IMSS absorbió, con cargo a su presupuesto, 22 millones 388 mil 900 pesos del impuesto generado por concepto de ayuda de renta, sobresueldos y por antigüedad de los empleados, aun cuando no es un beneficio expresamente señalado como obligación del Seguro Social.

Bloqueos escalonados

Ayer, tercer día de movilizaciones contra la reforma

FABIOLA MARTINEZ

Por tercera ocasión desde la aprobación de la reforma a la Ley del Seguro Social por la Cámara de Diputados, el viernes pasado, cientos de empleados del instituto realizaron ayer manifestaciones de protesta y bloqueos en múltiples calles y avenidas del Distrito Federal.

Como medida de presión para evitar que el Senado apruebe los cambios, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social salieron a protestar de forma escalonada de las ocho de la mañana a las seis de la tarde. En pequeños grupos ocuparon importantes arterias, como Gabriel Mancera, Doctor Vertiz, Eje 5 esquina La Viga y calzada de Tlalpan cerca de las estaciones Villa de Cortés y General Anaya del Metro.

Según la Secretaría de Seguridad Pública, unas 250 personas bloquearon las inmediaciones del hospital Juárez, ubicado en el cruce de avenida Politécnico Nacional y Urbano Fonseca.

Acciones similares ocurrieron en la esquina de Yucatán e Insurgentes; en la zona de hospitales de Arquímedes y Chivatito, en Polanco; otro grupo marchó de la calle Julio Verne rumbo al Paseo de la Reforma; cerca de 25 empleados se manifestaron frente a la clínica 14, ubicada en el bulevar Puerto Aéreo y calzada Zaragoza y, según el reporte policiaco, impidieron el acceso a esta unidad médica.

De manera simultánea comenzaron los bloqueos en distintos puntos de la ciudad, como en Tlalpan, La Raza, Circuito Interior, Zaragoza, Eduardo Molina, Aragón, Manuel González y Eje Central, Politécnico y Fortuna, Reforma y Toledo, Gabriel Mancera y Xola, y División del Norte y Municipio Libre.

Amenaza el SME con bajar el switch en Luz y Fuerza si se consuma la aprobación

Buscan desmantelar más sistemas: López Obrador

VICTOR BALLINAS, ANGEL BOLAÑOS, GEORGINA SALDIERNA, GUSTAVO CASTILLO Y FABIOLA MARTINEZ

Las reformas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que hoy serán discutidas por el Senado generaron diversas reacciones en torno a su finalidad, pues mientras para el jefe del Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, estos cambios son el primer paso para desmantelar los sistemas de pensión de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, para el secretario de Gobernación, Santiago Creel, la intención es "dar un paso adelante e ir ordenando las jubilaciones del país".

En tanto, el dirigente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, aseguró que las modificaciones tienen el propósito de fortalecer al IMSS y que esa medida deberá extenderse a otras dependencias, como el ISSSTE, para mejorarlas.

Por la noche, las organizaciones que integran la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Frente Sindical Mexicano acordaron realizar una "marcha nacional" el próximo 31 de agosto y convocar un "paro nacional" para el primero de septiembre, justo en el lapso del informe presidencial, como inicio de una "jornada cívica nacional por la defensa de la soberanía nacional, la seguridad social y los derechos de los trabajadores".

La protesta, señaló el dirigente de los telefonistas y presidente colegiado de la UNT, Francisco Hernández Juárez, tomará su propio tono en cada empresa y organismo público. Por ejemplo, dijo, Teléfonos de México encabezaría un paro de labores de dos horas, de manera simultánea a la presencia del presidente Vicente Fox ante el Congreso de la Unión.

Por otra parte, integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) sostuvieron que en caso de que el Senado apruebe las modificaciones a la Ley del IMSS, los legisladores habrán violado al menos seis artículos de la Constitución, y los trabajadores tendrán el derecho de interponer un juicio de amparo para que las modificaciones legales sean declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De acuerdo con Creel, en tanto, la responsabilidad de los cambios sólo está en los legisladores, y precisó que "lo que decida el Congreso será la ley". Agregó que las manifestaciones que realizará el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social serán respetadas, pero advirtió que "será la fuerza pública, las policías, las que mantendrán el orden en caso de que algunos transgredan el marco jurídico que nos rige".

José Antonio Almazán, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), advirtió que si el gobierno foxista insiste en entregar los recursos naturales del país a los particulares y "dar muerte" a los sistemas de seguridad social, "iremos a una huelga eléctrica; bajaríamos el switch en Luz y Fuerza".

Antes, el dirigente del Sindicato Nacional del Seguro Social, Roberto Vega Galina, ofreció que no dejarán sin servicio médico a los pacientes que requieren atención especializada o cotidiana.